CRIMEN ORGANIZADO

El diputado suplente del Partido Nacional Daniel Graffigna solicitó al Juzgado Especializado en Crimen Organizado que desarchive las actuaciones sobre irregularidades en la División Necrópolis de la Intendencia de Montevideo, por las cuales en el pasado fueron procesados tres escribanos.

El pedido se fundamenta en nuevas denuncias divulgadas recientemente por Búsqueda y El País, respecto a funcionarios del Cementerio del Norte que cobran "coimas" de parte de empresas privadas para hacer reducciones de cadáveres, así como robos y violaciones a nichos y panteones.

Hace diez días, el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM, Eduardo Brenta, informó a El País que ordenó una investigación "de urgencia" para aclarar estos hechos.

Funcionarios declararon a Búsqueda que "hay empresas que quieren sacar rápido los cuerpos, y si usás una cuchilla para salir de esto te dan $ 40 de propina; si les dejás una momia, tenés lío. Entonces, hay compañeros que agarran un Tramontina y lo cortan en pedazos, pero el uso del cuchillo no es parte de la tarea".

Al respecto, Brenta advirtió: "Uno de los trabajadores dice que las empresas privadas obligan a los trabajadores a reducir los cuerpos antes, para hacer lugar en los cementerios. Y que a cambio les dan una propina de $ 40. Eso es una coima. Están diciendo que hay funcionarios de los cementerios que están cometiendo el delito de violar normas municipales a cargo de dinero".

"Vos no podés reducir un cuerpo si el familiar no te deja. Hay que esperar dos años, y si está momificado, son otros dos años más. Si esto lo hacen por presión de los privados por $ 40, estamos en un problema serio", destacó el jerarca.

En el pedido realizado por Graffigna, se señala que "a nuestro entender la única remuneración que podrían percibir los funcionarios de la Intendencia es la proveniente de su salario como funcionarios públicos, siendo indebidos tanto los pagos como los cobros, por actividades que son inherentes a la función pública que desempeñan".

El legislador del Partido Nacional consideró que "los hechos de pública notoriedad" ameritan que la Justicia desarchive la causa, que él inició en 2009 cuando era edil de Montevideo.