TOMA DE TERRENOS

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Cuarenta reclamantes, que alegaron ser propietarios de terrenos en los balnearios Montecarlo, California y Vuelta del Palmar de Rocha, citaron a un productor rural a una audiencia de conciliación que se realizó el 27 de septiembre pasado en el Juzgado de Castillos.

En la audiencia, el abogado de los demandantes, Daniel Reyes, señaló al juez subrogante de Castillos, Juan Martín Moretti, que se exigía al productor agropecuario la entrega de los solares que este ocupó y luego alambró.

Reyes advirtió que sus clientes intiman al productor agropecuario que pague, además, una indemnización por daños y perjuicios.

Según el acta de la audiencia, a la que accedió El País, los supuestos propietarios también reclaman al productor el pago de daño emergente, lucro cesante y daño patrimonial y extrapatrimonial. El monto total de la indemnización exigida por los 40 demandantes es de US$ 1.600.000, dice el documento del Poder Judicial.

El productor alegó, en la audiencia, que desconocía el reclamo en todos sus términos.

Y agregó que era propietario de muchos solares en esos balnearios. “No de todos. Los problemas para ingresar a los predios pudieron haber sido responsabilidad mía o de otras personas que también tienen propiedades alambradas ahí”, se defendió el demandado.

Según Reyes, los propietarios afectados por la ocupación del productor son unos 80 y agregó que algunos poseen dos, tres o cinco solares. “Hay un propietario, por ejemplo, que tiene 35 lotes que fueron ocupados por el demandado”, afirmó el profesional.

Consultado por El País, Reyes afirmó que el productor rural unió los solares de su propiedad a los de sus vecinos y los transformó en un único campo.

“La zona se ha transformado en un campo, como si fuera zona rural, con alambrados que impiden el libre acceso y ganado que invade los solares”, explicó.

Desde la ruta se observan animales bovinos de varias razas, como si el productor se dedicara a engorde de terneros y novillos.

En 2015, varios demandantes denunciaron ante la División Contralor de Semovientes (Dicose) sobre la existencia de ganado en una zona balnearia, pero la denuncia no tuvo andamiento, según dijo Reyes. Señaló, además, que los propietarios de los solares pagan la contribución inmobiliaria como categoría de suelo urbano.

A juicio de Reyes, la delimitación de calles y espacios públicos son competencia de los gobiernos departamentales, en este caso, de la Intendencia de Rocha. “Se configura aquí una vulneración de derechos territoriales”, afirmó Reyes.

Los planos de la zona costera de Rocha indican que son balnearios. Sin embargo, “el ingreso no está debidamente asegurando ni para los propietarios ni para el público en general. Todo lo cual debería ser salvaguardado por la intendencia en su calidad de policía territorial en la región dentro de su jurisdicción”, advirtió.

Para el 27 de este mes fue citada la Intendencia Municipal de Rocha al Juzgado de Castillos. La citación aún no llegó a la comuna, dijo a El País el director de los Servicios Jurídicos de la intendencia, Humberto Alfaro

La abogada Susana Sotto, socia del estudio Adriasola, Clavijo & Asociados, desestimó totalmente el reclamo presentado en el Juzgado. Agregó que su cliente es propietario desde hace más de 40 años de 400 hectáreas en esos balnearios. “También es arrendatario y poseedor de campos linderos”, dijo la profesional.

Sotto afirmó que el productor rural siempre ha tenido la mejor disposición para con sus linderos. Y agregó que, en ocasiones, supuestos dueños de terrenos ingresaron al campo y el productor rural los ayudó a encontrar la ubicación de su solar de 400 metros cuadrado. “No es cierto que mi cliente impida entrar a los dueños de los terrenos al campo. Además desconocemos la legitimación (propiedad) de los reclamantes porque esta aún no ha sido acreditada”, señaló la profesional.

“Se necesita una política de estado”

Entre la Laguna Garzón y el Chuy, hay 50.000 solares. “Estamos tratando de regularizar todo lo que se pueda. Esa fue la orden que nos dio el intendente Alejo Umpiérrez (Partido Nacional)”, afirmó a El País el director de los Servicios Jurídicos de la Intendencia de Rocha, Humberto Alfaro. Si no se construye en los terrenos supuestamente ocupados, ello obstaculiza la labor de contralor de la Intendencia de Rocha. Alfaro explicó que la intendencia puso su foco en las construcciones ilegales y el cuerpo inspectivo apenas “tiene tiempo” para controlar las ocupaciones. Para luchar contra los ocupantes de terrenos en los balnearios, la Intendencia de Rocha apuesta a que el Congreso de Intendentes apruebe un anteproyecto de ley que obliga a todos los organismos del Estado a controlar si una propiedad está regularizada o no. Según el jerarca rochense, el anteproyecto fue elaborado por el propio Umpiérrez. “Se necesita una política de Estado” para combatir las ocupaciones de terrenos”, dijo Alfaro. Y agregó: “No puede ser que UTE y OSE no controlen la titularidad de una propiedad y brinden servicios a ocupantes”.