TERRITORIO TOMADO

Neptunia: predios de elevado valor están en riesgo por "okupas"

En los últimos 10 años, intrusos tomaron cuenta de gran parte de 150 hectáreas propiedad de una empresa y hoy se encuentran cerca de un barrio privado y de campos valiosos.

La Fiscalía de Atlántida recibió centenares de denuncias de ocupaciones ilegales. Foto: Marcelo Bonjour
La Fiscalía de Atlántida recibió centenares de denuncias de ocupaciones ilegales. Foto: Marcelo Bonjour

Esta es la historia de una megaocupación. Pero no se trata de algo sorprendente, sino que lo que pasó era previsible. Una empresa era dueña de dos predios que totalizaban unas 150 hectáreas en Neptunia Norte. Ambos inmuebles se encuentran ubicados entre la Ruta Interbalnearia, el arroyo Pando, la Ruta 34 y Camino Michelazo. Esa empresa loteó en la década del 40 del siglo pasado uno de los dos inmensos predios. En 2002, la firma se atrasó en el pago de la contribución inmobiliaria por una suma millonaria y la Intendencia de Canelones pidió a la Justicia Civil cuatro embargos.

Con el correr de los meses, esa situación complicada de la empresa desde el punto de vista jurídico y financiero, corrió de “boca en boca” en barrios periféricos de Montevideo. Así fue que, primero tímidamente, algunas familias ocuparon predios cercanos al peaje de Pando al norte de la Interbalnearia.

Al principio, las casas eran precarias, hechas con costaneros o chapones fenólicos y techos de chapa. Pero, en pocos meses, las ocupaciones se multiplicaron.

Los “okupas” se centraban, al principio, solo en los terrenos loteados ubicados sobre la Ruta 34 que conformaban unas 70 hectáreas. En forma desordenada, una sola familia se apropiaba de varios predios o tres núcleos familiares se apoderaban de uno solo. Es decir, no respetaban los planos.

Con el pasar de los años, ese campo ya no tenía lugares de fácil acceso a caminos. Ahí fue que nuevos intrusos pasaron el alambrado y tomaron cuenta del segundo inmueble de la empresa, de 80 hectáreas. Al principio eran unas pocas familias y luego llegó una avalancha de personas al lugar.

Según estimaciones realizadas en 2015 por la Alcaldía de Salinas, en la última década fueron ocupados en forma ilegal unos 700 terrenos en los balnearios ubicados entre Neptunia y Marindia.

Al costado del predio de 80 hectáreas, se construyó un barrio privado con casas muy coquetas y jardines bien cuidados. Hace cinco años, los vecinos del lugar temieron que ocupantes se asentaran a poca distancia. En enero de este año, el dueño de una casa ubicada en el barrio residencial ingresó con trabajadores en el campo de 80 hectáreas y alambró un buen perímetro. De esa forma evitó que usurpadores se expandieran. Es decir, creó una especie de “tierra de nadie” entre ocupantes y el barrio privado.

Cámaras de seguridad.

Detrás del barrio privado, hay un valioso campo de 90 hectáreas propiedad de un abogado, que mira hacia el arroyo Pando. Para detectar la presencia de intrusos, su dueño, así como aquellas personas que tienen casas en el barrio privado, instalaron cámaras.

A poca distancia de allí, las ocupaciones en los predios de la empresa continúan al ritmo de una o dos por día, dijo un vecino a El País. Una situación similar ocurre en otras zonas de la costa canaria. Así lo señaló la fiscal de Atlántida, Mirna Busich. “Tenemos centenares de denuncias de usurpaciones. Ese problema es permanente en toda la costa de Canelones. Ocurren a diario”, agregó.

Tras advertir que todas las denuncias de usurpaciones de terrenos son investigadas, Busich afirmó que los indagados declaran que poseen derechos posesorios de los terrenos usurpados, porque han pagado impuestos o llevan más de un año de ocupación en un predio. “No es tan fácil formalizar a esas personas”, concluyó Busich.

Fiscalía penal archivó denuncia de ocupantes

La Fiscalía de Atlántida archivó el miércoles 4 una denuncia realizada por el propietario de un campo contra decenas de ocupantes de un predio ubicado en Neptunia Norte. La resolución de la fiscal, a la que accedió El País, señala que se realizó una investigación sobre los hechos denunciados y “no han resultado elementos suficientes” que permitan la continuación de la indagatoria.

Entre los fundamentos del archivo de la investigación, la fiscal enumera falta de evidencias sobre la eventual existencia de delito y que los imputados probaron que adquirieron derechos sobre el bien luego de haber vivido más de un año en el mismo. “Asimismo, no se da cuenta por parte de la Policía que existan avances en la investigación que permitan identificar a eventuales responsables de delitos”, señala.

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