El ente niega que esté sin tareas

Va a trabajar, no le asignan tareas y demanda a la UTE

Reclama US$ 120.000 por daño moral; 100 funcionarios padecen lo mismo.

La oposición cree que la reestructura que se impulsa ahora es ilegal. Foto: Fernando Ponzetto
Un memo de Recursos Humanos de la UTE dice que la demandante quedó por fuera del nuevo modelo pero no sufrió perjuicios. Foto: Fernando Ponzetto

Myriam V. inició una demanda contra UTE porque sostiene que todos los días va a trabajar y no le dan tareas desde hace tres años. Ante el Juzgado de lo Contencioso de 1er Turno reclamó que el ente la indemnice por $ 4.000.000 (US$ 119.529 al tipo de cambio interbancario promedio del viernes) por daño moral, daños y perjuicios y le asigne un rol en la estructura funcional.

Surge del expediente que son 100 funcionarios que enfrentan el mismo problema que Miriam V. luego de la aplicación de una reestructura en el organismo.

La demandante ingresó a la UTE hace 37 años.

“Al día de la fecha llevo tres años sin trabajo y me siento desamparada, desestimada y no valorada”, dice la demanda a la que accedió El País.

Y agrega: “Durante las 7:15 horas de permanencia en UTE, no realizo tareas. Esto no es solo desaprovechar mi experiencia y desconocer todo el trabajo que durante años hice en el organismo, sino también es claro que estos hechos y actos resultan violatorios de derechos y me han producido un daño que hace que me presente a realizar esta acción resarcitoria patrimonial intentando una reparación del daño causado”.

Fuera del modelo.

La contadora Raquel D. M., funcionaria de UTE e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios (Aprom) del ente, testificó ante el juez Gabriel Ohanian que Miriam concurrió al gremio a solicitar respaldo porque se vio afectada por la reestructura instrumentada en la empresa estatal denominada Plan Bambú.

La demandante figuraba co-mo técnico en administración grado 8, antes de comenzar el Plan Bambú.

Según la testigo, a Myriam V. no le asignan ningún lugar dentro del modelo de la nueva estructura a pesar de que sus funciones forman parte de un nuevo puesto que se formó en la estructura de UTE.

“Ella (Myriam) solicitó respaldo a Aprom. Ella estaba totalmente desesperada, en una situación emocionalmente importante luego de haber intentado contactarse con un director de UTE, jefes de área letrada y de Recursos Humanos que la pudieran ayudar en esta situación por la que estaba pasando, en la que no le habían asignado ningún puesto en el modelo y ninguna tarea a realizar”, reiteró la testigo.

En otro tramo de la audiencia, Raquel D. M., señaló que el caso de Myriam V. fue el primero analizado por el gremio y destacó que hay otros funcionarios que “quedaron por fuera del modelo” que “siguen cobrando por la escala salarial. Ese es el caso de la actora (Myriam V.).

La testigo relató que una delegación del gremio de profesionales concurrió a hablar con el gerente F. para que le asignara tareas a Myriam y este señaló que nada podía hacer por la funcionaria, ya que se le había impuesto por las autoridades de la empresa estatal.

“No hubo forma de que el gerente F. redactara las tareas a través de una orden de servicio o por escrito. Nunca quiso asociarla a un lugar del modelo donde ella (Myriam) pudiera ser competente ni asociarla a un puesto grado 7 como hubiera correspondido”, expresa la testigo Raquel D. M., que agregó que si a la demandante se le asignara el grado profesional que reclama cobraría $ 20.000 más por mes.

"Funcionaria actuó con una malicia temeraria"

 La abogada de la UTE señaló en el expediente que el ente actuó conforme a Derecho porque los actos administrativos que se cuestionan en el juicio han quedado firmes, ya que los mismos no fueron impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Es obvio que la demanda (de Myriam V.) no solo carece de fundamentos, sino que la misma ha sido entablada con malicia temeraria”, dice y agrega que el juez Gabriel Ohanian debe condenarla a pagar los costos y costas del juicio.

Angustia.

Otra testigo, Inés V. que es jubilada de UTE, ingresó a trabajar en el ente en 1979, conoce a Myriam porque esta comenzó a desempeñar funciones en la misma unidad en la que ella se desempeñaba. Trabajaron juntas varios años desde principios de los 80.

Inés V. también integra el gremio de profesionales y mandos medios de UTE.

En el Juzgado declaró que Myriam y otros empleados pidieron respaldo al sindicato por “problemas” ocasionados por la reestructura en la empresa estatal. Y agregó que la dificultad que enfrenta Myriam es que su puesto desapareció con la nueva estructura y ella “quedaba en una nube que no sabía qué iba a pasar”.

Según Inés, Myriam concurrió al gremio muy angustiada.

“Siempre se dijo que en la nueva estructura todo el mundo tendría tareas. La actora (Myriam) ahora no tiene ninguna tarea. Antes que yo me jubilara, fui a hablar con ella y me dijo que no tenía tareas”, dijo la testigo.

Antes de la reestructura, Myriam se dedicaba a realizar el control de la publicidad que hacía UTE, manejaba información y llevaba registros. UTE es una empresa que siempre hizo publicidad comercial y para notificar cortes, actividades, etc.

La funcionaria de UTE, Beatriz P. declaró que conoce la situación de Myriam antes y después de la reestructura aplicada en UTE. Y agregó que el sindicato del ente (AUTE) consiguió que obtuviera su puesto a través de una prueba de suficiencia. Sin embargo, dijo, se dio cuenta, junto con otros sindicalistas que, en el caso de la actora (Myriam), “no se habían cumplido” los criterios. La funcionaria demandante “no fue convocada” para la prueba de suficiencia, explicó la testigo.

En el expediente surge que se creó una comisión de reclamos en UTE para tratar los perjuicios ocasionados por el Plan Bambú. En esa comisión el jefe de la unidad donde trabajaba Myriam relató que se habían unido dos funciones: la que hacía la funcionaria con otras. Y que ese cargo lo ocupaba otro funcionario.

UTE pide rechazar reclamo: la funcionaria “hace horas extras”

En un escrito, la abogada de la UTE sostiene que es totalmente improcedente que en Sede Judicial se dictamine sobre la “anulación” de un acto administrativo que fue confirmado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) como lo es la reestructura implementada en el ente. Y reiteró que el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, debía desestimar la demanda de la funcionaria Myriam V. porque la demandante no recurrió las resoluciones del Directorio de UTE que supuestamente la lesionaron y que enumera en su demanda actual. “El único acto (del Directorio) que recurrió (la funcionaria), y contra el que posteriormente impugnó ante el TCA resultó confirmado por dicha Corporación”, advierte.

La abogada alegó que Myriam V. no agotó la vía administrativa, requisito procesal previo antes de iniciar una acción reparatoria, ya que esta se basa en un supuesto daño provocado por un resolución de un Directorio.

Advierte que si Myriam V. entendía que el cargo que ocupaba antes de la reestructura -Técnico en Administración- debía ser correlacionado con el de Analista de Medios de Comunicación porque comprendía las funciones que ella desarrollaba, debió impugnar dicha resolución, “cosa que no hizo”. Por tanto, señala UTE, al haber sido tácitamente consentida, no resulta procedente promover una demanda en vía judicial para revisar una reestructura que ya se encuentra firme.

La abogada del ente negó que la funcionaria esté sin tareas. “Nada de eso es así, ni afecta su carrera administrativa ni su remuneración, y menos aún el apartamiento de la UTE al principio de buena administración”, sostiene el documento. Y advierte: “No es un dato menor que la actora (Myriam V.) durante el transcurso del año realiza horas extras, las cuales surgen del detalle que se adjunta, porque supuestamente no puede realizar las tareas que tiene a su cargo”.

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