Operativo anti Uber: paran autos, les abren el capó y persiguen a pie por la calle a los acompañantes.

Inspectores de la Intendencia de Montevideo llevaron a cabo diferentes operativos durante el fin de semana para "cazar" choferes de Uber. Los mismos incluyeron emboscadas a vehículos (los conductores de la aplicación dicen que los municipales incluso utilizan coches particulares), insistentes interrogatorios y persecuciones a acompañantes por la calle.

Los inspectores, trabajando en parejas y sin respaldo policial, montaron operativos en Bulevar Artigas y Echeverría, y en la esquina de Ellauri y Solano García, a metros del Punta Carretas Shopping. En estos puntos, trabajaron viernes, sábado y domingo con luz de día.

A la noche, los operativos se llevaron a cabo cerca de concurridos locales bailables de Pocitos y del Parque Rodó, como el caso de "Volvé Mi Negra", recientemente inaugurado en el predio de la ex Plaza Mateo.

Los inspectores le hacen seña a un automóvil que presumen trabaja para Uber. Una vez que éste se detiene, comienza el diálogo: "Documentación del vehículo, licencia de conducir y cédula de identidad, por favor", exige el oficial al conductor.

"Los filmamos porque acosan a la gente, no solo a los choferes, sino también a los acompañantes", declaró Rodrigo a El País, quien trabaja para Uber desde hace cinco meses.

El chofer dijo que está de acuerdo con que exista una regulación, aunque opina que "los inspectores no pueden cometer los abuso que cometen".

En las últimas horas, tres videos sobre los operativos fueron difundidos en las redes sociales. En uno de ellos, se puede observar al funcionario municipal pidiéndole los papeles del seguro y los documentos del vehículo al conductor.

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Luego, el oficial de Tránsito le hace abrir el capó del auto para verificar que el número del motor coincide con el de la libreta de propiedad.

"Señor, a ellos no los tiene que interrogar", le señala el conductor del vehículo a uno de los funcionarios. Como en otras ocasiones, mientras uno de los inspectores distrae al chofer, otro le hace insistentes preguntas a los pasajeros, para que éstos confiesen si están viajando en un coche de Uber.

"Señor, usted no puede hacer eso", insiste el conductor ante el funcionario.

"¿De dónde es originario usted?", le sigue preguntando el oficial al acompañante, hasta que finalmente desiste de preguntar y acepta que está errando el procedimiento.

En ese momento, lejos de distenderse la situación, el funcionario toma su celular y comienza a grabar al conductor del vehículo particular.

"Usted es un funcionario público y yo tengo derechos", le replica el chofer. "Están violando las leyes, voy a llamar un abogado y al 911", advierte seguidamente.

Un momento después, el acompañante abre la puerta del coche y se va. En las imágenes se puede apreciar como uno de los inspectores comienza a perseguirlo a pie por la vía pública (ya lo había interrogado insistentemente preguntándole por su nacionalidad), incluso cuando la persona se encuentra a varios metros del coche.

Los operativos para "cazar Uber", según los choferes de la aplicación, se llevan a cabo en complicidad con inspectores que están vestidos de particular y en puntos estratégicos.

"Van a la puerta de los boliches de noche y cuando ven que un auto levanta gente, inmediatamente avisan a otros inspectores que están en motos de alta cilindrada que salen a perseguirnos", contó Nelson, otro chofer de la aplicación.

El mes pasado el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, opinó que los operativos realizados por la IMM contra los conductores y pasajeros de Uber serían ilegales y que los inspectores podrían caer en abuso de funciones y ser denunciados penalmente.

Sin embargo, el director de Jurídica de la Intendencia, Ernesto Beltrame, defendió en todos sus términos en la Junta Departamental la legalidad de los operativos en los que muchos afectados han señalado abusos por parte de los funcionarios municipales.

"Siento un gran respeto personal por Chediak, pero lo que manifiesta no es una opinión oficial de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, ya que los ministros se expiden a través de las acordadas o de las sentencias. Entonces yo lo tomo como una mera opinión jurídica, como la de tantos otros juristas que también han opinado", indicó Beltrame.

Otros juristas se han pronunciado tanto a favor como en contra de los operativos anti Uber de la Intendencia.

De ser aprobado con su redacción actual, el proyecto para regular el transporte de pasajeros ofrecido por vehículos particulares y mediado por plataformas electrónicas eliminará algunos servicios que son prestados actualmente. El texto del proyecto aclara que "no podrán afectarse a este servicio los vehículos con taxímetro, remises ni aquellos habilitados a realizar transporte de turismo, de escolares o ambulancias".

La plataforma española Cabify, que puso su pie la semana pasada en Montevideo —y lo hizo en buenos términos con la administración— anunció que trabajaría con remises. A su vez, Easy Taxi —como lo indica su nombre— es una plataforma de taxis (aunque no la oficial de la Patronal, Voy en Taxi).

Por otra parte, la iniciativa de la Intendencia solo permite los pagos con tarjetas, cuando los conductores de la plataforma Easy Go aceptan dinero en efectivo. Esto último ha hecho que Easy Go captara una porción del mercado a la que no accede Uber (los usuarios que no tienen tarjeta). Del mismo modo, la IMM no quiere que se apliquen tarifas "dinámicas" (con un costo mayor) los días de lluvia o paro, por ejemplo, algo que hace Uber.

El director de Movilidad Urbana de la Intendencia, Pablo Inthamoussu, dijo a El País que es "normal y habitual" que un inspector de tránsito abra el capó de un vehículo después de detenerlo "para ver el número del motor". Consultado sobre si es correcto que un inspector salga persiguiendo a pie por la vereda a un pasajero que se bajó de un vehículo para interrogarlo, el director prefirió no emitir comentarios, ya que —según sostuvo— no vio el video en cuestión.

El viernes, cuando la Intendencia presentó públicamente en la Junta Departamental su proyecto para regular las aplicaciones, Inthamoussu abogó por una pronta aprobación de la ley nacional que está a estudio del Parlamento, porque con el avance de las aplicaciones, el futuro se presenta complejo.

"El decreto de la IMM confunde dos actividades como la prestación del servicio del chofer privado y la intermediación entre prestadores y usuarios a través de plataformas que compiten, por ejemplo, con Radio Taxi", señaló el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez.

Según el legislador, "no se puede cobrar un canon por kilómetro (de $ 1,70) porque se supone que la Patente de Rodados de un auto particular ya cubre cualquier tipo de recorrido" y porque además "los prestadores privados no tienen exoneraciones tributarias en la compra del vehículo ni previsionales de ningún tipo. Tampoco se puede limitar el número de autos. Por el contrario, la Comisión de Defensa de la Competencia aconsejó abrir el mercado".

DIEGO PÍRIZ / A. LÓPEZ REILLY

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