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El anuncio oficial sobre la construcción del puente sobre laguna Garzón se hizo antes de que la Dinama viese el nuevo plan que debe presentar el MTOP. En octubre, tras un informe crítico de Dinama, Vivienda pidió estudiar más a fondo el proyecto.

La última intervención que tuvo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) en relación al puente sobre la laguna Garzón fue en octubre de 2011, cuando a través de una resolución ministerial le solicitó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que presente un nuevo proyecto de puente.

La resolución se basó en un informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), y solicitaba que se asegurara que la localización del puente era la adecuada y que se hiciera un estudio de mayor profundidad para asegurar que el lugar era el correcto "para evitar efectos sobre las márgenes de la laguna y asegurar la protección de los ecosistemas lagunar, costero y marino", según comentó una fuente de la Dinama a El País.

Otra fuente del Ministerio de Vivienda aseguró a El País que el MTOP todavía no envió el informe complementario que se le solicitó en octubre. Incluso la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, aseguró que "la aprobación no está dada aún" para la construcción del puente.

Sin embargo, a pesar de que la Dinama aún no estudió el proyecto solicitado, la decisión de realizar el puente ya está tomada, según comunicó esta semana el gobierno. A la salida del gabinete productivo del lunes 13, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció que se había "acordado" la construcción del puente sobre la laguna Garzón.

Por lo tanto, cuando la Dinama reciba el nuevo proyecto "deberá hacer un informe sabiendo que el puente se va a construir", comentó la fuente ministerial.

Según los mecanismos que establece la ley de protección del medio ambiente, de 1994, para iniciar la ejecución de cualquier puente, "los interesados deberán obtener la autorización previa del Mvotma".

Muslera afirmó esta semana en La República que "el Poder Ejecutivo acordó la realización del puente, y no aprobó el proyecto".

El nuevo proyecto de puente que recibió el gobierno, realizado por el arquitecto Rafael Viñoly, plantea que esté ubicado en otro lugar de la laguna y que sea más largo. Esta semana, la Liga de José Ignacio mencionó en un comunicado que "lo que resultaría sorprendente, inadmisible e ilegal es que se tenga por aprobado hoy un proyecto de puente que aún no fue diseñado ni presentado".

Por su parte, el secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas, también criticó el proceso que siguió el gobierno. "Estoy sorprendido de que anuncie un permiso ambiental un Consejo de Ministros. Los permisos ambientales los firma el ministro del ramo, no el secretario de la Presidencia. Y cuando se firma el permiso, se presenta la documentación que lo avala", afirmó Gudynas a El País.

El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou, que participó ayer de una manifestación contra la construcción del puente, criticó que el gobierno de José Mujica no respete la institucionalidad. "¿Qué es esto de autorizar la construcción de un puente de boca?", se preguntó Lacalle Pou. "Desde el lunes pasado estoy buscando un acto jurídico emanado del Poder Ejecutivo, pero no hay un acto jurídico que acepte la construcción de un puente", agregó.

"Me imagino que en mi país sigue vigente el ordenamiento jurídico. Tiene que haber un acto jurídico con sustento del asesor correspondiente, que es el Mvotma, para ver qué puente se construirá", indicó el diputado. "No me cabe la menor duda que el gobierno se llevó por delante la institucionalidad", sentenció Lacalle Pou.

A su vez, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, dijo que "ahora en materia ambiental las decisiones son políticas. No son más técnicas". Comentó que "la Dinama quedó de lado desde el punto de vista técnico", y que "todo lo que ha pasado es muy desprolijo".

La manifestación de ayer se realizó en las cercanías de la desembocadura de la laguna Garzón en el Océano Atlántico.

El denominado "Abrazo surfero a las balsas" fue organizado por los practicantes del deporte del surf, sus familias y aquellos residentes de José Ignacio contrarios a la construcción del puente.

Débil y tramposa. Más allá de los procesos que siguió esta vez el gobierno, el fiscal Enrique Viana cuestionó la ley de protección ambiental, por ser "absolutamente débil y tramposa".

Según la ley, cuando un privado está interesado en realizar una obra, debe acompañar su presentación al Mvotma de un estudio de impacto ambiental, el cual será analizado por la Dinama. "Ese estudio lo tiene que hacer, en teoría, una empresa contratada por el interesado", comentó Viana. "Lo que sucede es que se ha tergiversado bastante lo que dice la ley, y ocurre que el propio interesado encomienda a dos o tres personas subalternas de él o de empresas filiales que naturalmente hacen un informe que va a ser favorable a la obra", indicó el fiscal.

La etapa de análisis que hace la Dinama también tiene fallas, según Viana. "El fracaso más grande es la evaluación que hace el Estado", indicó, "porque habitualmente el Estado se limita a cotejar el estudio que le presentan, a estudiar el estudio, pero nunca existen una serie de actividades muy importantes, como ir a ver in situ la situación, ni hacer intercambios de información con otros organismos". Para Viana, la "trampa" de la ley es que "parece ofrecer garantías pero no las ofrece".

(Producción: Eduardo Barreneche y Marcelo Gallardo).