El proyecto de ley de Presupuesto quinquenal crea un total neto de 3.769 cargos y vínculos laborales nuevos con el Estado, incluyendo 16 de particular confianza política, todo lo cual tendrá un costo anual mínimo de US$ 34 millones.

En los organismos de la administración central se crean 3.809 cargos y se suprimen 603, lo cual da una cifra neta de 3.216 incluyendo 10 cargos de confianza. Y en los organismos del Art. 220 de la Constitución se crean 553, en los cuales hay seis cargos de confianza política.

La información surge de un análisis efectuado por el diputado nacionalista Jorge Gandini y su equipo de asesores donde, asimismo, se hace notar que hay diez artículos del proyecto presupuestal en los cuales no se puede estimar la cantidad de cargos o contratos.

En el Inciso de Presidencia se crean 57 cargos o vínculos laborales, pero es en el ámbito del Ministerio del Interior donde más hay: 1.966 cargos nuevos. En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) los cargos son 1.400 y serán ocupados por personas que hoy ya trabajan con el ministerio a través de contratos con distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

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La administración de José Mujica cerró con 33.631 vínculos laborales más en el Estado de los que había al finalizar el primer gobierno de Tabaré Vázquez, según los datos oficiales. En 2014 ingresaron 9.384 personas al Estado. Durante el primer quinquenio de Vázquez el aumento fue de 27.572.

Al 31 de diciembre de 2014 había 292.473 vínculos laborales de funcionarios públicos. Solo 106.574 están presupuestados, equivalentes al 36,4%. El resto se divide entre docentes, policías, militares, contratos permanentes o de función pública, provisoriatos, zafrales y eventuales, según informó en julio la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).

El informe explicó que la cifra de vínculos laborales no se traduce en cantidad de personas, puesto que hay algunos que tienen más de un vínculo con el Estado. "Se registra una diferencia de 29,1% entre los vínculos y las personas, alcanzando un promedio de 1,4 vínculos por persona", señaló la ONSC.

En cuanto a la división por sectores, se establece que la mayoría, el 46,8%, está dentro de lo que es el Art. 220 de la Constitución; los de mayor peso son la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (UdelaR) —que representan el 60,2% de ese porcentaje. Le sigue el Poder Ejecutivo, con el 27,2%; los gobiernos departamentales con 13,6%; los organismos del Art. 221 (entes autónomos), 12,0%; Poder Legislativo, 0,4%.

En el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) es donde se presentan más vínculos por persona, ya que el 23,4% de los funcionarios tiene más de uno. Le sigue el Consejo de Educación Secundaria (CES), con 23,2% de los funcionarios en la misma situación. Y luego vienen los organismos desconcentrados de la ANEP.

Los otros organismos que acumulan más vínculos por persona son la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Universidad de la República (UdelaR).

La ley de Presupuesto del Gobierno del presidente José Mujica estableció tres nuevas formas de vinculación con el Estado, más allá de los funcionarios presupuestados, a un costo adicional de US$ 43,8 millones por año: los nuevos cargos de confianza (diferentes a los ya existentes aprobados en el primer gobierno de Tabaré Vázquez), los créditos presupuestales autorizados para contratar personal considerado imprescindible (es decir contratos sin límite mientras se procesa la reforma del Estado) y los cargos de adscriptos a los ministros.

En 2014, el entonces candidato presidencial blanco Luis Lacalle Pou presentó un estudio elaborado en base a cifras oficiales donde se daba cuenta que al comenzar el primer gobierno de Vázquez, en marzo de 2005, había 137 cargos de confianza, y que nueve años más tarde sumaban 271, lo que significó un aumento del 98%. Así, según el estudio, los nuevos cargos de confianza de este gobierno costaban en 2014 US$ 15 millones por año.

El oficialismo defiende el aumento de funcionarios públicos, que ha sido de aproximadamente 60.000 desde que el Frente Amplio gobierna el país. "Hay que analizarlo en función de en qué lugar creció: educación y seguridad, que fueron definidas como prioridades", dijo a El País el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti.

"Hay que ver la calidad de esos funcionarios, qué tareas realizan", agregó. El diputado dijo que los resultados se pueden ver en la calle. Por ejemplo, con la rápida respuesta policial ante el delito. En el período 1995-2014 los empleados públicos han representado en promedio el 19% del total de personas ocupadas en Uruguay, según un informe de la Oficina del Servicio Civil.

El costo anual estimado asciende como mínimo a los US$ 34 millones