381 encarcelados fallecieron durante los últimos diez años.

En el sistema penitenciario hay "agujeros negros". Se encuentran en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar y el Módulo 2 del penal de Canelones, los más violentos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

En esos "agujeros negros", el Estado se limita a contener a los presos en sus celdas y las actividades socioeducativas no existen o son escasas.

"Pudimos constatar que en los agujeros negros carcelarios, la despresurización del Estado" (parece que el Estado se hubiera volatilizado, no está allí) la convivencia es violenta y se presta para todo tipo de abusos y manipulaciones, amenazas, extorsiones", dijo a El País el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.

El ombudsman penitenciario presentó el lunes 21 un informe al Parlamento sobre cada una de las 37 muertes ocurridas en prisión en 2016, la mayor parte de ellas (25) por circunstancias violentas: homicidios y suicidios. Las restantes fueron por enfermedad.

"Ocurrieron 15 homicidios en lo que va del año. Se ha alcanzado la cifra anual de homicidios dentro de cárceles más alta desde el 2006 a la fecha", dijo Petit.

En 2016, hubo 25 casos de muertes violentas. De ellas, 15 fueron por homicidios, ocho por suicidios y dos por accidentes o circunstancias confusas y no aclaradas hasta la fecha, pero en contexto violento.

Los 15 homicidios fueron con heridas de arma blanca, los suicidios fueron por ahorcamiento y los accidentes correspondieron a caídas de altura, expresó Petit en su informe.

El 27 de octubre pasado, durante la interpelación realizada por el senador colorado Pedro Bordaberry, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi dijo que, en lo que va del 2016, ocurrieron 15 homicidios, diez fallecimientos por muerte natural, ocho suicidios y cuatro fallecimientos por otras causas.

Las muertes violentas se concentran en el Comcar y en el Penal de Libertad con nueve casos cada una. Entre ambas abarcan el 72% de este tipo de muertes en el sistema penitenciario uruguayo.

El informe de Petit advierte que cuando se considera exclusivamente las muertes por suicidio, las proporciones se distribuyen en varias unidades carcelarias, sobresaliendo los tres casos ocurridos en el Penal de Libertad.

En relación a las muertes no violentas, producto de diversas situaciones de enfermedad, el comisionado parlamento constató que el 81,8% de los casos ocurrió en el Comcar. Si bien este penal tiene, en números redondos, el 30% del total de la población penitenciaria (3.400 presos), allí ocurren el 81% de las muertes por causas naturales, expresó Petit.

"Es válido preguntarse si las condiciones de reclusión o de atención de salud en el lugar tienen que ver con este relativamente alto número de muertes por enfermedad que allí ocurren", dijo el comisionado. En los últimos dos meses, Petit e integrantes de su equipo se reunieron con responsables del Centro Médico del Comcar para saber cómo funcionaba la atención médica en el penal.

Los facultativos informaron a Petit que la atención de las policlínicas en los diversos módulos del Comcar ha sido "discontinua" y, en algunos casos, "estuvo suspendida" durante largo tiempo por la situación de inseguridad existente en algunos de esos sectores.

De acuerdo a la información oficial del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) sobre el periodo 2006-2015, Petit constató que han ocurrido 381 fallecimientos de presos por distintas causas: violentas y no violentas.

Petit calificó la cifra como "preocupante", aunque ha permanecido relativamente estable en el periodo considerado, con ciertos altibajos en los últimos años. Los fallecimientos se concentran en mayor proporción en los centros de la zona metropolitana. El Comcar es la que históricamente registra la mayor población y la mayor cifra de fallecimientos.

Tras destacar la apertura de las autoridades penitenciarias en proporcionar la información acerca de las muertes ocurridas en los últimos diez años, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit dijo que, en el Comcar, una persona puede ser apuñalado por algo intrascendente.

Dos casos: Un recluso, para fumar, pidió fuego a otro. Este le dio su encendedor, pero el interno solicitante al devolverlo se lo cambió por otro sin que el dueño se percatara. Rato más tarde, al descubrir que lo habían engañado, el dueño del encendedor fue a reclamarlo, obteniendo como respuesta de quien se lo había apoderado, que él no lo tenía, pero que en cambio poseía dos "cortes" (cuchillos artesanales) , invitándolo a pelear. Ambos bajaron al patio, se enfrentaron y el resultado fue la muerte de uno de ellos.

Un segundo enfrentamiento ocurrió el 15 de noviembre pasado. Aparentemente se originó en una disputa sobre quién se quedaba con las "comisiones" (tareas laborales reguladas desde el establecimiento). O sea: el botín en disputa era quién podía trabajar, circular, comunicarse con los demás, salir de la celda, con la variedad de posibilidades que ello puede conllevar.

"En este contexto de encierro exacerbado, que extralimita las previsiones legales, cualquier función que permita salir de la celda, circular, tomar aire, acceder a la cocina o a los patios, se vuelve un tesoro invalorable", señaló Petit en su informe enviado al Parlamento.

EDUARDO BARRENECHE

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