OPINIÓN

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El combo se transforma en la tormenta perfecta cuando se carecen de aportes formales a la seguridad social que viabilicen los mecanismos de flexibilidad del seguro de desempleo. En ese marco, hubo algunos lamentables intercambios públicos entre adherentes a la actual administración y la actual oposición, en relación al pasado reciente, en que los roles estaban invertidos.

Por un lado, se cuestionó cómo es posible que “surgieran pobres” por todos lados y sobre la amplitud de la informalidad laboral. Según estos señalamientos el panorama económico y de empleo del país era mucho más gris que la edulcorada visión sobre la que insistía el Frente Amplio durante la campaña electoral y que se nos hacía llegar desde las oficinas públicas responsables. Esta imputación es cierta.

Por otro lado, se indicó que todos sabíamos que la informalidad laboral no había desaparecido, pero, que se debía reconocer que había disminuido notablemente. Desde niveles que afectaban a más del 40% de los empleados se había terminado el período de gobierno pasado con niveles de informalidad laboral de 25%. También se señaló que esta información era pública y que no había ningún dato escondido o estadística manipulada para maquillar estas cifras. Esto también es cierto. Su eventual desconocimiento, por quién no se hubiera enterado, no es responsabilidad de las autoridades anteriores sino de quienes no estuvieran empapados en la realidad laboral.

En medio de este cruce de acusaciones inconducentes, tenemos la confirmación de la vulnerabilidad que como sociedad aún tenemos tanto en temas de pobreza como de informalidad. Dentro del concepto de informalidad se incluye tanto a empresas como trabajadores que operan fuera del marco legal y regulatorio. La informalidad denota dos aspectos, uno relacionado con incumplimiento y evasión de las reglas establecidas y otro relacionado con la precariedad en que las actividades son conducidas.

La informalidad es tanto causa como consecuencia de la falta de desarrollo. Es una debilidad social por el atraso que conlleva en los métodos de producción, acceso a servicios públicos y la posibilidad de mitigar riesgos de shocks. En el extremo, impide atemperar golpes como el que estamos sufriendo. Desde el punto de vista recaudatorio, también es un problema que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en la misma medida que lo hace el resto de la economía.

Los economistas no terminamos de comprender cabalmente el papel de las empresas informales en el proceso de desarrollo económico. Existe una visión romántica según la cual las empresas informales son empresas productivas que no pueden alcanzar su máximo potencial debido a la excesiva regulación e impuestos del gobierno y que actúan en órbitas distintas y paralelas a las de las empresas formales sin generarles mayor impacto.

Según otros, las actividades informales son conductas parasitarias de empresas improductivas que ganan competitividad evitando los impuestos y las regulaciones gubernamentales. Esto lleva a ver en las empresas informales a competidores reales de las empresas formales, y su existencia como un obstáculo al crecimiento y la productividad de estas. En algún lugar intermedio entre estas dos alternativas están las posiciones más aceptadas en la profesión, con un enfoque dual en que las empresas informales son mayormente de baja productividad, pero suelen ser chicas y atender a demandas distintas a las de las empresas formales.
Dentro de las causas también hay dos grandes líneas. Una refiere a la informalidad como síntoma de la baja productividad de trabajadores y empresas en que el subdesarrollo sería su causa última. Esta baja productividad está en la estructura misma de la economía y en la forma que ella combina sus factores de producción. La otra línea, señala al gobierno como responsable. La informalidad es la respuesta privada a un exceso de regulación y un Estado ineficiente. Bajo el primer enfoque, el esfuerzo para reducir la informalidad debe estar en programas de desarrollo productivo laboral y empresarial. Bajo el segundo, se debe racionalizar los costos de cumplir con regulaciones que exceden los beneficios de la formalidad (como ser el acceso al sistema financiero y a los servicios públicos).

Para cuando salgamos de esta crisis sería bueno consensuar algunos principios de buena política. Es recomendable la reducción de la informalidad, pero no a cualquier costo. Reconociendo que en algún sentido es una reacción de supervivencia del sector privado, su ataque desmedido puede conducir a mayor desempleo y menor actividad. Más que reprimir la informalidad, se debe hacer atractiva la formalidad.

Finalmente, el reconocer que la mayor parte de las microempresas informales son ineficientes nos lleva a visualizar que en un proceso de desarrollo sostenido, estas empresas tenderán a desaparecer. Los esfuerzos de formalización enfocados en pequeñas unidades de negocio no es probable que sean redituables. Las empresas medianas y grandes son la potencial fuente generadora de crecimiento económico y empleos formales.