TEMA DE ANÁLISIS

El contexto global de pandemia instalado desde principios de 2020 ha supuesto tres grandes shocks negativos. Uno es sanitario, con un crecimiento significativo de la mortalidad y un deterioro de las condiciones de salud física y mental de la población. Otro es educativo, debido a las suspensiones de los cursos y/o la presencialidad en todos los niveles de enseñanza. El tercer shock es económico, con caídas generalizadas y abruptas del producto, los ingresos y el empleo, como consecuencia de las amplias restricciones y distorsiones impuestas al desarrollo de la actividad comercial.

Estos tres grandes impactos de la pandemia tienen fuertes sesgos generacionales. En la dimensión sanitaria, los más afectados han sido los adultos mayores, que componen la amplia mayoría de los fallecidos por COVID-19. En la dimensión socioeducativa, quienes más han sufrido son los niños y adolescentes, que vieron severamente afectados tanto sus aprendizajes como los beneficios adicionales de la presencialidad educativa.

Finalmente, el shock económico ha impactado a la población económicamente activa (y a la población inactiva a su cargo), muy especialmente a los trabajadores informales del sector privado. Como muestra el gráfico 1, esto también supone un sesgo etario, dado que la PEA está fundamentalmente constituida por población de entre 18 y 59 años.

La Encuesta de Bienestar Socioeconómico (EBS), un trabajo conjunto entre el Observatorio Socioeconómico y Comportamental (OSEC) (1) y Opción Consultores, permite justamente avanzar en el efecto diferencial por generaciones del deterioro económico producido en Uruguay a partir de la pandemia.

Para comenzar, hay diferencias apreciables por edad en los porcentajes de personas que declaran haber sido afectadas económicamente por la pandemia, más allá que todas las franjas etarias se manifiestan en su mayoría al menos algo afectadas. En la franja de adultos jóvenes (18 a 34 años), un 77% declaró que la pandemia afectó algo o mucho la situación económica de su hogar durante 2020. Esta cifra cae levemente al 73% entre los adultos (35 a 59 años) y en forma más apreciable entre los mayores de 60 años (64%).

Cuando nos referimos a indicadores más directos de vulnerabilidad social, las diferencias generacionales se hacen más evidentes. Por ejemplo, a menor edad crece la probabilidad de reportar dificultades en el pago de servicios básicos del hogar como el agua, la electricidad o el teléfono. Un 41% de los adultos jóvenes reportó que su hogar tuvo dificultades para pagar estos servicios en 2020, porcentaje que decrece al 34% en la franja intermedia y al 19% en los adultos mayores. Aunque hay un efecto escalonado, el mayor salto tanto en términos absolutos como relativos se da desde la franja de adultos mayores (donde prevalecen los jubilados y pensionistas), hacia la franja de adultos.

Este fenómeno impacta a su vez a los niños y adolescentes, que suelen convivir con y depender del ingreso de adultos jóvenes o personas de mediana edad. Entre los encuestados que conviven con dos o más menores de 18 años, 49% reportó dificultades para pagar los servicios básicos, porcentaje que desciende al 37% entre quienes habitan en hogares con un menor y al 23% entre quienes se encuentran en hogares sin menores a cargo.

La asociación entre edad y capacidad de pago de servicios básicos intersecta también con el contexto socioeducativo del hogar (ligado a su vez a variables laborales como los ingresos y la formalidad). Es entre los jóvenes de hogares sin personas universitarias donde se reporta el mayor porcentaje que tuvo problemas de pago de servicios básicos (47%). Este porcentaje baja a la mitad (24%) entre jóvenes de hogares donde sí hay integrantes universitarios. Los efectos del clima socioeducativo también se encuentran en las edades intermedias. Sin embargo, entre los adultos mayores es muy similar la capacidad de pago de servicios básicos, sin importar si hay o no integrantes universitarios en sus hogares.

No necesariamente las diferencias generacionales observadas se explican por el contexto de emergencia sanitaria. Previamente, ya existían disparidades etarias consolidadas, como tasas de pobreza e indigencia significativamente menores entre los adultos mayores. Sin embargo, nuestra encuesta sugiere que el contexto de emergencia sanitaria agravó la brecha generacional debido a la caída de los ingresos laborales. Dentro de los encuestados que contaban con trabajo inmediatamente antes de la llegada de la pandemia (64% de la muestra), casi la mitad declaró que redujo sus ingresos laborales durante la pandemia, entre los que se incluye un 14% (9% del total poblacional) que dejó de percibir ingresos. El 90% de quienes sufrieron pérdida parcial o total de ingresos laborales durante la pandemia son adultos jóvenes o adultos de edades intermedias.

Una última tendencia que sugiere un vínculo causal entre pandemia, deterioro laboral y vulnerabilidad social (con las implicancias generacionales que ello supone), es la sobrerrepresentación del subgrupo que redujo sus ingresos laborales a partir de la pandemia entre quienes tuvieron problemas para pagar servicios básicos en 2020. Mientras quienes redujeron o perdieron por completo sus ingresos laborales en 2020 son un 24% dentro de quienes pagaron sus cuentas básicas sin dificultades, ascienden al 44% entre quienes sí experimentaron problemas de pago.

En suma, lejos de ser neutral en términos generacionales, el deterioro de la situación económica en 2020 es el reverso de la moneda de la crisis sanitaria.

Mientras los adultos mayores son la principal franja castigada por el coronavirus, quienes no lo son (muy especialmente los adultos jóvenes de bajo nivel educativo y sus menores a cargo) han sido los principales afectados por el deterioro económico que sufrió el país.