Con el gobierno de Tabaré Vázquez parece haberse desterrado aquella frase pronunciada con orgullo por Mujica, que decía: "Lo político está por encima de lo jurídico".

Así justificó el ex Presidente la decisión que se tomó en 2012, junto a Cristina Fernández y Dilma Rousseff, de excluir a Paraguay del Mercosur para darle ingreso a Venezuela. Mujica se fue y el tiempo se encargó de demostrar que la legalidad sirve para algo y que en un país donde el primer mandatario se jactaba de ignorar las normas jurídicas, era previsible que el resto de los cargos de confianza actuaran con mayor flexibilidad. El resultado se ve hoy, en las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anulan actos administrativos del periodo anterior por razones de legalidad y en las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia respecto a leyes aprobadas en la anterior legislatura.

Los tiempos cambiaron en la región, Mujica y Cristina ya no gobiernan y Dilma Rousseff está al borde del impeachment por haber maquillado las cuentas fiscales para ocultar la magnitud del déficit. A pesar de la corrupción, en Brasil parecería —al menos por ahora— que lo jurídico estaría por encima de lo político.

Mientras tanto, en este gobierno de Vázquez aparecieron algunas conductas que nos hacen recordar a las decisiones que tomaba Moreno en el gobierno kirchnerista para tratar de combatir la inflación, apartándose del rigor jurídico con el que había iniciado su mandato.

Un ejemplo de ello, es la presión que se ejerció el año pasado sobre los sectores empresariales para llegar a un acuerdo de precios, con el objetivo de que la inflación no superara el 10%. El efecto del acuerdo con los empresarios sobre los precios duró menos de lo esperado, a principio de año se disparó la inflación y el Gobierno comenzó a anunciar públicamente que llevaría a cabo una política de control de precios sobre los supermercados, para evitar abusos de posición dominante y otras supuestas ilegalidades. Lo tiraron a la opinión pública como una especie de amenaza y al mismo tiempo buscando culpables fuera del equipo económico. Junto al gobierno, apareció en escena el Pit-Cnt, con quien a veces se enfrentan, pero otras veces aflora la identidad ideológica y tocan la misma música. En este sentido, el Pit-Cnt anunció que iba a hacer escraches en las puertas de los supermercados y el dirigente sindical Fernando Pereira culpó directamente a los supermercados por la inflación.

En primer lugar, el gobierno y el Pit-Cnt deberían darse cuenta que los escraches en las puertas de los supermercados para lo único que sirven es para mellar más la confianza en la economía, incrementar la sensación térmica en relación a la inflación y en definitiva, desalentar a los consumidores, perjudicando aún más a los trabajadores, que son quienes pagan con sus puestos de trabajo el precio más caro de la crisis. El gobierno no puede arrojar irresponsablemente la sospecha de que los supermercados están incurriendo en conductas de abuso de posición dominante, sin probar previamente que existe una posición dominante en determinados mercados relevantes y que hay abuso de esa posición dominante u otras conductas prohibidas, como los acuerdos de precios (pactos colusorios) o las "conductas de precio conscientemente paralelas" sin que exista un acuerdo explícito. Si el gobierno considera que existen violaciones a las normas de defensa de la competencia, debe investigar, probar y sancionar las conductas prohibidas. A su vez, si el gobierno considera que la participación de las grandes superficies en el mercado es mayor a la deseada, debería legislar en consecuencia, como lo hizo hace ya varios años al aprobar normas tendientes a limitar la instalación de grandes superficies por razones vinculadas a su impacto en los comercios minoristas. Como era de prever, el mercado se adaptó a las normas que restringían la instalación de grandes superficies y hoy proliferan las cadenas de mini mercados y tiendas de conveniencia, que tienen un efecto mucho más perjudicial sobre los comercios minoristas.

El Pit-Cnt, en lugar de hacer propaganda anunciando escraches contra los supermercados, debería utilizar los recursos económicos e intelectuales más que suficientes con los que cuenta, para estudiar y controlar si efectivamente los supermercados están incurriendo en conductas ilícitas a la luz de las normas sobre defensa de la competencia. El Pit-Cnt recauda "la cuota sindical" de unos 400 mil trabajadores afiliados que aportan por lo menos el 1% de su salario mensual y además cuenta con el asesoramiento del Instituto Cuesta Duarte, lo que le permitiría realizar una investigación seria sobre las supuestas conductas abusivas, así como obtener las pruebas necesarias para denunciar ante las autoridades correspondientes lo que pretenden denunciar públicamente con los escraches. En efecto, el Instituto Cuesta Duarte en octubre de 2015 publicó un trabajo proponiendo la implementación de acuerdos de precios voluntarios como forma de controlar la suba de precios. Si la Central entiende que ese es el camino, que defienda esa propuesta en vez de organizar escraches públicos que no hacen más que desalentar el consumo y la inversión, en perjuicio de la clase trabajadora que creen estar protegiendo con esas medidas demagógicas.

GONZALO RAMÍREZ