El déficit fiscal del Gobierno Central-BPS (sin cincuentones) alcanzó el 4,0% del PIB en el año móvil cerrado en octubre, por encima del año 2022 (3,2%) y en niveles similares a 2019. En esta columna argumentaré por qué lo preocupante no es su nivel actual sino su evolución esperada para los próximos años.

El deterioro del resultado fiscal se debe tanto a un incremento del gasto como a una caída en los ingresos, aunque para entender mejor su trayectoria esperada en el mediano plazo, es más relevante observar los cambios permanentes —y no los transitorios— y ajustar las cifras por ciclo económico.

En ese sentido, si bien es cierto que la sequía reducirá el PIB nominal en 2023 (y por tanto, aumentará el déficit como porcentaje de éste), no es evidente que la caída real de los ingresos sea enteramente transitoria. La reducción de impuestos (0,2% del PIB) es permanente y tanto la apreciación del tipo de cambio (que reduce la recaudación en términos reales de las importaciones) como la situación de la economía argentina, no necesariamente se revertirán en el corto plazo. A su vez, el “producto bruto agrícola” afectado por la sequía no es “intensivo” en impuestos y sus efectos en el mercado laboral han sido limitados. De hecho, la recaudación del BPS ha evolucionado mejor a lo previsto y una parte no menor del deterioro de la recaudación se debe a caídas en IVA e Imesi, y ello no está vinculado al ciclo negativo generado mayormente por la sequía.

Por otra parte, el aumento del gasto público se debe tanto a factores transitorios como estructurales. Si bien en diciembre de 2022 hubo inversiones y gastos que no deberían repetirse este año, también es cierto que el gasto en pasividades cerrará el año con un incremento real cercano al 4% y el incremento real del gasto en remuneraciones rondará el 4,5%. Está claro que se trata de un efecto rezagado de la recuperación de los salarios reales, acentuado por la caída de la inflación, pero en los hechos es un aumento permanente del gasto.

En este contexto, el déficit fiscal se reducirá desde el actual 4,0% al entorno del 3,5% al cierre de 2023, pero es poco probable que en 2024 se observe una reducción adicional al 2,7%, tal como prevé el gobierno. Si bien es posible (aunque no necesariamente factible) que el año próximo, como estaba previsto en la última rendición de cuentas (RC), la economía crezca un 3,5% y la recaudación aumente un 4,5% en términos reales, si el gasto público aumenta un 2,5% real, el déficit se reduciría solamente al entorno del 3,2% del PIB.

¿Cómo podría lograrse que el déficit cierre en 2,7% en 2024? I) con una tasa de inflación promedio en el año de 7,0% (en vez de 5,5%) que licúe el gasto ex-post; II) con un aumento real de los ingresos del 7%; III) reduciendo el aumento real del gasto desde el 2,5% previsto en la RC al 1,0% o; IV) una combinación de las anteriores.

Incluso evitando caer en la tentación de potenciar el gasto en un año electoral, es complejo lograr que solamente aumente un 1% real. No solo jugará en contra la inercia con que cerrará este año (+2,5% si se excluyen los gastos del Fondo Covid en 2022) sino que, considerando que las pasividades (un tercio del gasto) están indexadas a la evolución de los salarios, éstas aumentarán al menos un 3% real en 2024. A su vez, teniendo en cuenta los incrementos otorgados en la RC, las remuneraciones podrían incrementarse en una magnitud similar.

Por último, es clave tener en cuenta que lo relevante no es nivel del déficit per se, sino cuál es el superávit primario necesario para que la trayectoria de la deuda pública en relación al PIB se mantenga estable en el tiempo. Grosso modo, dado cierto nivel de deuda, la tasa de crecimiento potencial del PIB (cuanto mayor es, menor es el superávit necesario) y la tasa media de interés (cuanto mayor es, mayor es el superávit necesario) determinan el resultado primario requerido para estabilizar la deuda en el mediano plazo.

Existe cierto consenso en torno a que para estabilizar la deuda Uruguay necesita un resultado primario cercano al +0,5%, aunque este podría ser más exigente si se consolida un escenario de tasas globales más altas. La tasa de interés a 10 años de EE. UU. aumentó 0,6 p.p. en el último semestre y aún se debate a nivel global si este nuevo nivel de tasa es estructural o no.

Las proyecciones fiscales de la última RC preveían un resultado primario de -0,3% y 0,0% en 2024 y 2025, por debajo de lo necesario para estabilizar el ratio deuda/PIB. En el probable caso de que efectivamente el deterioro de las cuentas públicas en 2023 haya sido permanentey no sea posible revertirlo en 2024, la próxima administración asumirá con el desafío de reducir el déficit fiscal en al menos en 1 punto porcentual del PIB(US$ 750 millones) y, al mismo tiempo, atender las demandas de su electorado, que suelen implicar aumentar gastos o reducir impuestos.