OPINION

Es difícil pensar serenamente en estas instancias electorales acerca de temas profundos vinculados no a la coyuntura, sino a la organización misma de la sociedad, sus valores, sus instituciones, el vínculo entre estas y aquellos, etc.

Y si bien es comprensible que los temas de lo inmediato dominen la discusión, no está mal meter aunque sea de costado algunas reflexiones sobre aspectos poco visibles aunque más importantes. A eso voy.

Es claro por ejemplo que no hay economía que resista este déficit fiscal, y es notorio asimismo que no cualquier propuesta de gobierno hará posible atenderlo.

Más aún es notorio que no todos creen que las cuentas equilibradas son una condición insuficiente pero necesaria, para evitar males que se aprecian de modo evidente en la vecina orilla, no solo en lo económico sino en la fragmentación social que su génesis implica.

Por decirlo de modo simple, cuando una economía se desequilibra en lo interno y lo externo, como parece empezar a ocurrir en Uruguay, la disputa por el ingreso nacional estancado se vuelve progresivamente más dura, a veces feroz, y vuelve a la sociedad más intolerante, menos apacible, menos creadora de los acuerdos tácitos que hacen posible la convivencia. El tema no es pues solo el déficit, ni siquiera solo el crecimiento, sino la forma de vivir que ambos promueven.

En especial esto se nota cuando los valores de la sociedad en lugar de premiar el esfuerzo, la excelencia, empiezan a aceptar la cultura de la dádiva, el derecho a exigir tener lo que otros tienen, como si los bienes fueran comunes, como si la propiedad fuera de todos. Por eso hay que tener cuidado con el alcance de lo que se propone con el argumento de la igualdad.

En efecto, la igualdad que nuestros valores siempre han privilegiado es sobre todo la igualdad ante la ley, la igualdad de partida como algunos prefieren decir: una igualdad que implica que ante las instituciones que aplican o administran esa ley “naides es más que naides”. Algo muy distinto a esto es aceptar la cultura socialista de Robin Hood, que consiste en la generosidad con los bienes ajenos, disponiendo que si Juan tiene menos que Pedro, hay que quitarle a éste para darle a aquel.

Y esto puede ser simplemente un robo. Peor aún; a veces parece instalarse una conciencia que supone que los bienes son comunes y por tanto el que tiene más es porque se los quita al que tiene menos. Este igualitarismo por el cual se han sacrificado muchas veces millones de vidas y siempre la libertad a secas, no me parece un bien en sí mismo.

Una cosa es preferir una sociedad sin enormes diferencias como la uruguaya siempre lo fue, y otra muy distinta gobernar mirando el índice de Gini, porque no es más justa – necesariamente- una sociedad sin diferencias. Por esta razón, cuando hablamos de algo aparentemente tan tosco como los impuestos o la presión fiscal, el punto no es solamente cuanto espacio queda para la actividad económica privada, única generadora de riqueza.

El tema de fondo es si el gobierno tiene derecho a actuar de Robin Hood. Y mi respuesta es que no es esa su función esencial. El Estado debe procurar generar bienes públicos –educación, salud, infraestructura, comunicaciones- pero no es su función agrandar el impuesto al patrimonio para financiar una pensión a esta o aquella población con dificultades. Por eso no solo los impuestos deberán bajar por razones económicas, sino para recuperar el sentido mismo de la facultad de gravar.

Otro tanto ocurre con las miles de regulaciones que han proliferado en estos últimos años. Hay una discusión que siempre trato de dar sobre el sentido económico de cada una: cuál es el beneficio – económico o ambiental- de vender carne trazada, cuál el de sembrar semilla certificada o el de establecer un puente verde.

Y las discusiones pueden ser variadas. Lo que en cambio se suele olvidar es que el derecho de propiedad o la libertad individual no solo forman parte también del ambiente – mucho más importante- sino que su restricción o eliminación no solo son ilegítimas sino que ayudan a conformar una institucionalidad impropia de la condición que tenemos de país liberal en sentido pleno.

Por eso todo lo obligatorio rechina: estoy en contra de esta bancarización por ser obligatoria; de nuestra trazabilidad individual y universal por ser obligatoria; de la siembra de semilla certificada en las especies que lo es por ser obligatoria; de los planes de uso del suelo – lo peor- no solo por obligatorios sino por suponer una renuncia a intentar persuadir, asesorar y solo imponer. Y a tantas regulaciones más que como hongos después de la lluvia han proliferado en el ambiente agropecuario estos últimos años.

El nivel de endeudamiento al que hemos llegado; el tamaño del déficit que tenemos; la consecuente presión fiscal directa, indirecta y de tarifas, todo esto supone un problema económico y una segura piña contra la vida más acá o más allá.

Pero estas situaciones de desequilibrio macroeconómico en .realidad son mucho peores por haber recreado un Estado sin límites a su actuación, - para justificar su campo ampliado basta con mentar la igualdad o los derechos- un divulgador de la ética de la dádiva a partir de la consideración de los bienes como comunes.

Y en definitiva una sociedad con menos alicientes a emprender, a mejorar, a capacitarse, a crecer por encima de la media, aunque se genere desigualdad entre quienes tienen más talentos y virtudes y no más amigos o un empleo público.

Precisamente ésta ha sido la política social cuantitativamente más importante- la contratación de empleados públicos- y la instalación consecuente de la ética de la dádiva, de la intervención, de la consideración de derechos sin los correspondientes deberes. Y. abollando todos los días los tres derechos esenciales del estado liberal que son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad dentro de la ley.