La creación de la Regla Fiscal en la Ley de Urgente Consideración (LUC) jugó un rol muy importante para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Al principio hasta fue acompañada por la oposición en oportunidad de su votación, aunque luego eso se revirtió, tanto que fue incorporada en los artículos criticados que fueron sujetos a referéndum.

Pero, más importante que el apoyo ciudadano refrendando la LUC, fue el cumplimiento, hasta el día de hoy, de los tres pilares que conforman la regla y sus consecuencias:

En primer término, la práctica demostró que dicho cumplimiento fue vital para mantener la sostenibilidad fiscal, entre otras cosas logrando sortear las dudas que había sobre el mantenimiento de la calidad crediticia del Estado uruguayo y que se materializó en una mejora consolidada de la evaluación de riesgo que hacen las calificadoras internacionales y, más importante aún, logrando una baja sustantiva a niveles históricos del “riesgo país” de Uruguay en estos años tan turbulentos a nivel mundial, signados por los impactos de pandemia del COVID-19.

En segundo término, el cumplimiento de la regla derivó en un comportamiento acíclico de las cuentas públicas, lo que significa también una contribución al desempeño económico general por parte del Estado, si tenemos en cuenta que en el pasado reciente la regla era la prociclicidad, agudizando el ciclo económico en lugar de mitigarlo, promoviendo el aumento del gasto público durante las bonanzas (2005-2015) y luego el aumento de impuestos durante las malarias (2016-2019).

En tercer término, las consecuencias positivas antes mencionadas fueron acallando las críticas a la nueva institucionalidad fiscal. Tan es así que hoy casi nadie habla de eliminarla (con la excepción de quienes impulsan el plebiscito de reforma previsional). Por el contrario, la discusión está centrada en cómo mejorarla, en buena medida a impulso de los informes de carácter técnico que elabora el Consejo Fiscal Asesor (CAF).

¿Y la estabilidad de precios?

También es evidente que ha habido avances significativos en esta materia. El hecho de que durante los últimos 9 meses la inflación esté dentro del rango-meta y que se espere que en el futuro cercano ahí se mantenga, es el más significativo.

Estos resultados son consecuencia de cambios en el sentido correcto de la política monetaria que también impulsó este gobierno. En efecto, la adopción de una política auténtica de Metas de Inflación instrumentada a partir de fines de 2020 está detrás de este logro.

En este tiempo, el BCU ha potenciado sus capacidades técnicas orientadas al uso adecuado de la tasa de interés como instrumento (la Tasa de Política Monetaria-TPM), definiendo con claridad explícita el objetivo de conducirla a la meta. Así, durante muchos meses mantuvo la TPM en instancia contractiva, cosa que casi no sucedió en los lustros previos, a pesar de que la inflación estaba habitualmente por encima del rango.

En paralelo, mejoró notoriamente su comunicación con los distintos agentes relevantes y se mantuvo firme en dejar flotar el tipo de cambio, aspectos también relevantes desde el punto de vista técnico para ser efectivos.

Este comportamiento consistente ha permitido quebrar el viejo paradigma de la “zona de confort” en materia de expectativas, el otro pilar sobre el que se funda la política, dado que la credibilidad del BCU es el otro instrumento relevante y de largo plazo para sostener la estabilidad.

Sin embargo, y a pesar de que los distintos indicadores de expectativas exhiben mínimos históricos, aún se mantienen lejos de la meta (4,5%) y fuera del rango de tolerancia (+/-1,5%). Y eso que la meta en sí no es muy exigente en la comparación internacional. Eso es síntoma de que en el campo de la estabilidad de precios estamos bastante más atrasados que en el fiscal.

Qué factores explican esta debilidad y qué podemos aprender del éxito en materia fiscal

La primera y principal debilidad está en el campo institucional y en la falta de mayorías políticas para instrumentarlo. En efecto, como mencioné al principio, el gobierno de coalición logró un consenso interno para aprobar la institucionalidad fiscal pero no sucedió lo mismo con la monetaria. Si bien en el programa de gobierno del Partido Nacional se hablaba de la necesidad de dotar de mayor autonomía al BCU para lograr la estabilidad de precios, queda claro que no logró consenso con sus socios de la coalición en este tema, pues en el compromiso electoral que se presentó al país no hay una sola mención al respecto. Tampoco existió la decisión a nivel del Poder Ejecutivo de alguna iniciativa parlamentaria al respecto, probablemente para evitarse un fracaso seguro ante la falta de apoyo de sus propios socios.

Y este tema sigue vigente hasta hoy, pues al menos al inicio de la campaña electoral, donde recién se están armando las propuestas concretas para presentar al electorado en las elecciones internas, nadie habla de este tema.

Por el contrario, entre quienes ejercieron buena parte del poder en materia de política economía dentro de la hoy oposición, se sigue reivindicando lo hecho en el pasado, a pesar de que es notorio el fracaso de los llamados “platos chinos”. Ni se logró llevar la inflación al rango ni se evitó la apreciación del tipo de cambio real. La evidencia es contundente. En los referentes del resto de la oposición hay un “prolongado y profundo silencio”, como le gustaba decir al Presidente Vázquez.

Asimismo, dentro de los socios de la coalición también se ha criticado la actual política monetaria. Desde Cabildo Abierto de manera explícita a través de algunos referentes técnicos y políticos. Y desde el Partido Colorado también, aunque de manera más solapada. Quizás un síntoma de esto último ha sido la reciente propuesta de uno de los precandidatos de eliminar las Letras de Regulación Monetaria sin demasiada explicación. Incluso, dentro del propio Partido Nacional han surgido esporádicamente comentarios críticos, sobre todo por su supuesto impacto en la apreciación del tipo de cambio.

Pero la experiencia en materia fiscal que mencioné al principio muestra que se puede avanzar de manera significativa solo si se logran mayorías, aunque no consensos. Al decir de mi colega Agustín Iturralde, nuestra historia reciente muestra que no son precisamente los consensos los que permite los cambios, sino las mayorías circunstanciales que logran implementarlos con éxito. Después, la realidad se encarga de apaciguar las críticas y se transforma en un freno para los retrocesos.

Lamentablemente los tiempos no parecen haber sido suficientes para lograr un acuerdo mayoritario en el terreno monetario. Con este panorama político es difícil esperar que se logre alguna mayoría para terminar de asentar la estabilidad de precios en los próximos 5 años.

Para revertir esta situación sería necesario que la actual coalición se convenciera de que los logros en esta materia son un antecedente a su favor, incluso desde el punto de vista electoral. Y que esos logros solo tendrán continuidad asegurada —más allá de los resultados electorales— si se va hacia un BCU autónomo con un mandato claro en materia de estabilidad de precios.

Por su lado, la oposición debería aquilatar el beneficio que le significaría cambiar su actitud de criticar prácticamente todo, que la ha llevado —en este terreno— a mantenerse en una postura claramente desalineada con lo que significa hoy una política monetaria orientada a la estabilidad de precios aceptada ampliamente por la academia y en los países exitosos en este terreno tan importante.

Para terminar, creo que ese camino se vería beneficiado si todos los partidos aggiornaran sus conceptos técnicos sobre la política monetaria, incluyendo la necesidad de completar la institucionalidad para la estabilidad de precios[i]. Seguramente se requieran nuevos referentes técnicos en los partidos en esta materia, pues la cultura gerontocrática que domina al país, también en el terreno partidario, ha significado un freno a la actualización de sus cuadros técnicos.

Mientras esto no ocurra, será difícil —por decir lo menos— que el BCU logre encauzar este año las expectativas de inflación en el horizonte relevante para la Política Monetaria (24 meses). Más bien que ya hay señales de que esta falta de consensos políticos —dentro y fuera de las coaliciones en pugna— está generando una incertidumbre lógica sobre lo que se hará esta materia a partir del año que viene. Sin credibilidad todo se hace cuesta arriba para el BCU y para el país.

[i] Si quiere profundizar sobre esta idea puede consultar una de mis notas sobre el tema en mi blog: https://joselicandro.com/la-perseverancia-de-la-politica-monetaria-actual-alcanza-para-tener-una-moneda-de-calidad/