OPINIÓN

La calidad de la educación pública y la criminalidad

¿Mejorar la calidad de las escuelas públicas podría ser una estrategia eficaz de prevención del delito a largo plazo?

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Los desafíos de educación y criminalidad suelen ser considerados por separado, a pesar de las ligazones que justificarían una mirada conjunta. Dejando de lado los temas del empleo y los ingresos, la educación y la seguridad son las dos áreas de principal preocupación de los uruguayos. En ambas existe una sensación generalizada de deterioro respecto al estándar idealizado de un Uruguay distinto al actual.

El análisis de los beneficios de la educación se suele centrar en los rendimientos privados personales de los estudiantes, como los que arrojan las evaluaciones académicas y posteriores repercusiones en el mercado laboral. Sin embargo, sin adobar razones morales, el principal alegato económico para la provisión pública de educación refiere a las externalidades positivas que la educación genera sobre la sociedad en general. Externalidades que pueden mirarse en más de un sentido, pero que tienen en la criminalidad una de sus líneas más relevantes.

En el primer gobierno de Tabaré Vázquez y bajo el ministro José Díaz, se promovió la aprobación de la llamada Ley de Humanización de Cárceles que liberó en escasos meses más de 900 reclusos. Salvo esta experiencia, puntual, excepcional y controvertida, la política de seguridad pública de los distintos gobiernos democráticos ha procurado aumentar el costo directo esperado del crimen a través de sus dos dimensiones más tradicionales: mayores castigos (generación de nuevas figuras delictivas e incrementos en la penalidad) y aumento de la probabilidad de aprehensión (cantidad de policías, equipamiento, capacitación y tecnología).

Con una visión más amplia, tanto en cuanto a ámbito de actuación como a la temporalidad, las políticas educativas impactan en la seguridad a través de un andarivel distinto. En un trabajo de muy reciente aparición en el National Bureau of Economic Research (NBER) se intenta cuantificar estos efectos. Jason Baron de Duke University, junto a Joshua Hyman de Amherst College y Brittany Vásquez de la University of Michigan, utilizan un experimento natural para estimar el efecto en el crimen de cambios en el financiamiento del sistema de educación pública. La pregunta motivadora con la que inician su estudio es: ¿Mejorar la calidad de las escuelas públicas podría ser una estrategia eficaz de prevención del delito a largo plazo?

El experimento natural

La educación pública primaria y secundaria en los Estados Unidos se financia mediante una compleja combinación de fondos federales, estatales y locales. Aproximadamente la mitad de los fondos disponibles provienen de fondos locales, el más común de los cuales son impuestos al valor de las propiedades. Esta relación directa entre financiamiento de las escuelas públicas e ingresos por impuestos a la propiedad produce que barrios más ricos, con viviendas de mayor valor, tengan también escuelas públicas de mejor calidad

En reacción a esta situación que refuerza desigualdades, el Estado de Michigan eliminó el impuesto sobre la propiedad como fuente de financiación de las escuelas locales. En cambio aprobó en 1994 un sistema de financiamiento de la educación pública mayormente a través de ingresos estatales, como el IVA. Este régimen asignó a cada distrito un monto de gasto operativo por alumno que se transformó en la base del financiamiento. Esto incrementó considerablemente los fondos disponibles en los distritos escolares que antes gastaban poco y dejó esencialmente congelados el financiamiento para los que previamente tenían mayor inversión educativa.

El estudio se basa en diez generaciones de estudiantes de escuelas públicas durante los años académicos de 1995 a 2004. Estas cohortes incluyen más de un millón de estudiantes y quinientos distritos escolares. Los investigadores tuvieron a su alcance información que les permitió seguir las trayectorias educativas de los niños, así como la participación en programas de centros de detención juvenil y, finalmente, individualizar a quienes fueron arrestados en el período que va entre enero de 2012 y mayo de 2020.

Los resultados son muy ricos. En lo fundamental, los autores encontraron un impacto de gran proporción del incremento en el financiamiento educativo en la no-delincuencia de adultos. La exposición a un 10% de mayor nivel de gastos operativos desde el jardín de infantes hasta el tercer año escolar generó una caída en la probabilidad de arresto en la edad adulta (hasta los 30 años) de 2 puntos porcentuales. Esto equivale a una caída en un 15% en la probabilidad de ser arrestados, especialmente concentrado en los distritos más pobres.

De nuevo a Uruguay

Quienes estuvieron y están a cargo del diseño e implementación de las políticas de seguridad pública encontrarán múltiples diferencias entre su actuación y la de quienes los precedieron o sucedieron, pero para un observador externo, la inspiración de la política y su carácter punitivo focalizado en los costos directos del crimen es similar. Reconocerlo no implica desvalorizarlo, por el contrario, podría ayudar a asumir que en el corto plazo, la función pública ofrece pocas alternativas a estas líneas de acción. Pero aproximarse a soluciones más de fondo requiere una vista más amplia.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados