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Fabián Muro

A gentes encubiertos. Entregas vigiladas. Escuchas telefónicas. Vigilancia electrónica. La llegada del crimen organizado a Uruguay actualizó la legislación y los métodos de investigación para combatir a grupos que cuentan con muchos recursos y una red de contactos, expertos y asesores en muchas disciplinas y en muchos países.

Una de las respuestas ante la expansión de estas bandas fue la creación, este año, de dos juzgados penales especializados en crimen organizado. Los nuevos juzgados están encabezados por los jueces Jorge Díaz y Graciela Gatti y los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe.

Constituidos en forma provisoria en enero y en funcionamiento desde junio, estos juzgados han tenido que lidiar con casos de alto perfil en los medios de comunicación y que arrojaron "botines de guerra" multimillonarios en dólares.

Los casos más recientes y de mayor exposición mediática estuvieron vinculados a las acciones de narcotraficantes, uno de los varios objetivos de estas nuevas dependencias judiciales.

Uno ocurrió en los primeros días de octubre, cuando la operación Guerreros de los Balcanes derivó en la máxima incautación de cocaína en la historia del país: aproximadamente dos toneladas capturadas en un yate anclado en Santiago Vázquez.

Otro que hubiese estado vinculado a los juzgados pero no lo fue -al ser una derivación de un caso iniciado en 2006- fue la detención del abogado Carlos Curbelo Tammaro y el escribano Lorenzo Daniel D`Angelo Demarco, procesados con prisión por su presunta participación en negocios de narcotráfico y lavado de dinero. Es un típico caso en el que hubieran actuado estos juzgados.

Esas son sólo los dos de las áreas que abarcan los juzgados contra el crimen organizado. El equipo encabezado por los jueces y fiscales también indaga actualmente sobre las denuncias de irregularidades en el Hospital Maciel, la venta de libros escolares a Venezuela y el arsenal descubierto en la casa del abatido economista Saúl Feldman, entre otros casos (ver recuadros).

NECESIDAD. Para cumplir con estos deberes el Poder Legislativo dotó a los juzgados de algunas herramientas considera necesarias para enfrentar a organizaciones expertas no sólo en la actividad directamente delictiva, sino también con alto grado de sofisticación en transacciones financieras y vericuetos jurídicos.

Gatti, al igual que muchos expertos, considera que el país es atractivo para las bandas delictivas organizadas. En una ponencia que realizó para el ámbito académico, la jueza constató que "lamentablemente es un hecho la comisión de delitos de lavado de activos en nuestro país y la actuación en el mismo de grupos delictivos organizados, formados a veces únicamente por personas residentes en el país pero en otros también por extranjeros que encuentran aquí facilidades para el despliegue de sus actividades ilícitas".

Gatti contextualiza el nacimiento de los juzgados verificando una tendencia que sólo ha crecido: "El 30 de octubre de 2005, en el Juzgado Letrado de 1º Instancia de 3º Turno de Ciudad de la Costa, se dictó el primer auto de enjuiciamiento por lavado de activos y desde allí en adelante se han sucedido varios más, al punto que hoy existen en el país 35 por este delito y varias investigaciones en curso, alguno ya con solicitud de enjuiciamiento por parte del Ministerio Público".

Creados por la ley 18.494, los juzgados representan una novedad para el trabajo de los jueces: éstos pasan de un papel reactivo a uno proactivo. El método tradicional investiga a partir del crimen cometido, el nuevo implica un trabajo de investigación previo: se acumula la información y las evidencias necesarias antes de ordenar un procedimiento.

"Es que el sistema reactivo es absolutamente inoperante a la hora de investigar delitos cometidos por organizaciones criminales que no se arman para cometer un delito, sino una serie de delitos reiterados en el tiempo", explica Díaz.

Así, los nuevos procedimientos requieren del juez una actitud que va más allá de juzgar: detectar, vigilar y seguir a la mayor cantidad de personas involucradas. "A veces, para conseguir resultados se deja pasar el menudeo. Se deja que se concrete la `transa` entre el minorista y el cliente para a partir de ahí ir hacia arriba en la estructura", dijo una fuente de Jefatura. Eso en la jerga jurídica es una "entrega vigilada".

Más allá de ese mecanismo de investigación, hay tres medidas exclusivas de los nuevos juzgados.

La primera consagra la figura del agente encubierto, aquel que se infiltra en la organización delictiva para aportar información y pruebas que contribuyan a destruir esa red criminal.

La segunda es que se amplían las medidas para proteger a aquellos que prestan testimonio para desarticular el entramado mafioso. Ya existía un régimen general de protección a testigos a partir de un decreto en 2000 del entonces presidente Jorge Batlle. Pero como explica Gatti, aquel era mucho más limitado. Ahora, esa protección cobra más fuerza.

Algunas de las medidas para proteger a colaboradores está la protección física de esas personas a cargo de la Policía; citaciones de manera reservada, en vehículo oficial y con zona de exclusión para recibirlo; prohibición de fotografías y divulgación de su imagen, tanto por particulares como por medios de comunicación; reubicación y cambio de identidad y asistencia económica en casos de reubicación.

¿Cómo proteger a un testigo o un arrepentido de la vendetta de organizaciones criminales en un país "donde se conocen todos"? Probablemente sacándolo del país. Díaz señala que existe la posibilidad de acordar con otros Estados para radicar a víctimas, testigos o colaboradores. Gatti, por su parte, afirma que ya se ha pedido protección para testigos, aunque no dice cuántos ni en qué casos.

La tercera potestad exclusiva es la posibilidad de mantener en reserva una investigación más allá de un año. Cualquier juez puede iniciar una investigación y mantener el secreto de la misma siempre y cuando ese proceso no se extienda más allá del año. Luego, el expediente tiene que hacerse público. Díaz y Gatti no tienen esa obligación, pero sí deben entregar un informe por escrito a la Suprema Corte de Justicia si sus indagaciones requieren más de un año de trabajo.

TE ESTAMOS LLAMANDO. Aunque ordenar la interceptación de conversaciones telefónicas (o cualquier tipo de información que se transmita por vía electrónica) no sean una novedad ni una potestad exclusiva de estos juzgados, sí han adquirido particular relevancia a partir de las investigaciones llevadas a cabo por estos organismos. Las escuchas han contribuido sustancialmente al procesamiento de delincuentes, pero el método provoca preocupación por las posibles intromisiones en la privacidad.

Ante esta inquietud, Gatti señala que a partir de la creación de los juzgados, las escuchas telefónicas están mejor reglamentadas y que eso ofrece mayores garantías individuales. "Ahora está reglamentado qué se hace con las escuchas, quién selecciona el material que se incluirá en la investigación, quién es encargado de custodiar el material -estos juzgados- y se le entrega a la defensa del indagado todas las grabaciones, no sólo las que eligió el magistrado para la causa. Es decir que la defensa puede elegir partes de las grabaciones que sirvan a los intereses de los acusados".

Cuando el abogado Carlos Curbelo Tammaro y el escribano Lorenzo Daniel D`Angelo Demarco fueron procesados porque brindaron asesoramiento que los involucra en el lavado de activos, algunos manifestaron el temor de que las escuchas telefónicas vulneraran el derecho de confidencialidad entre defensores y representados.

"Lo más probable es que el o los profesionales que demostraron esa preocupación no integre el Colegio", dice la presidenta del Colegio de Abogados, Griselda Volonterio. "Defendemos a ultranza el secreto profesional, pero nuestro código de ética impone límites muy estrictos a nuestra conducta profesional". Los abogados tienen la libertad de rechazar la representación si les consta que se pueden involucrar en actividades ilícitas a raíz de su trabajo. "Pero también tenemos la obligación de denunciar un delito. Ateniéndose a nuestro código de ética, no tiene que haber problema alguno", de acuerdo a Volonterio.

La presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay Sara Castro, por su lado, refiere a la declaración de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, hecha el 3 de octubre: "Sin perjuicio de comprender la importancia de la colaboración de los escribanos de la República Oriental del Uruguay (...) a la prevención del lavado de activos provenientes de delitos y para el financiamiento del terrorismo, exponemos que la misma se contrapone al principio tradicional del secreto profesional notarial y la lealtad hacia los requerientes, por lo que se propone instar a las instituciones involucradas a seguir trabajando en la armonización de estas normativas".

"No nos oponemos de ninguna manera a esta lucha, pero no estuvimos de acuerdo con esta ley y lo dijimos en su momento", dijo Castro. "Ahora que ya está aprobada queremos contribuir a que su reglamentación contemple nuestros planteos, porque aunque pedimos ser tenidos en cuenta antes de la aprobación de la ley, no fuimos escuchados. Repito: no pedimos excepciones ni tampoco se trata de un reflejo corporativo".

Uno de los puntos sobre los que la Asociación de Escribanos quiere contribuir a precisar son los montos de dinero que se manejan en las operaciones inmobiliarias. Este mercado es uno de los campos preferidos para el lavado de activos. Y aunque Uruguay sea un país pequeño con un mercado inmobiliario acorde a su tamaño, no deja de ser interesante realizar operaciones comerciales en un sector en el cual se manejan, según el empresario inmobiliario Julio Villamide, aproximadamente 3.000 millones de dólares al año.

DUDAS. Las potestades y el alcance de los juzgados en su trabajo han provocado polémicas entre entendidos en jurídica. Para algunos, el mandato legislativo abre interrogantes sobre la legitimidad de estos juzgados en un Estado de Derecho.

La entrega vigilada pone en entredicho la obligación de las fuerzas policiales de intervenir ante un delito. El abogado penalista Diego Camaño, quien integra la ONG Ielsur y actuó en casos de alto impacto como la defensa de los hermanos Peirano, dice que el mecanismo -que apareció en la Convención de Viena de 1988- "habilita a que funcionarios del Estado observen la comisión de delitos y no sean castigados por no actuar".

Si existen coincidencias sobre la necesidad de nuevas herramientas jurídicas para nuevas formas de delito entre los abogados, para este tema como en todos, suele haber dos bibliotecas. O más.

"Los jueces no deben ser abanderados de la lucha antilavado", opina Camaño, "sino limitarse a aplicar el derecho como cualquier otro juez, para evitar lo que ve como una pérdida de independencia del Poder Judicial frente a otros órganos del Estado". Camaño también recela de que estos mecanismos conviertan "lo ilegal en legal". La pasividad de un agente infiltrado cuando es testigo de delitos, por ejemplo. El abogado señala que pruebas que serían ilegales en circunstancias habituales se convierten en legales en este nuevo marco y pone el ejemplo del agente encubierto: "Que el Estado autorice a un funcionario a que se infiltre en una organización y observe cómo se cometen delitos sin actuar, sería una conducta ilegal que ahora se legaliza bajo la excusa de luchar contra algún fin superior".

Otros reparos tiene el defensor de oficio y docente universitario, Eduardo Pesce, quien ha mantenido discusiones públicas con Díaz desde la concreción de los juzgados. Él ve como peligrosa una "asimilación" de los jueces a los cuadros represivos del Estado. Habla de "policialización" del Poder Judicial. "En vez de juzgar a los delincuentes, pasamos a luchar contra ellos", dijo Pesce. "Y eso no va con mi concepción de Estado de Derecho. Se entronizan procedimientos excepcionales como norma. En tema de drogas, por ejemplo, la tentativa se castiga de la misma manera que el delito consumado, lo que no pasa en otros casos".

Ante estos planteos, Díaz invierte la pregunta: "¿Por qué no se piensa que esto es la judicialización de la Policía? Se parte de la base que algunas facultades son exclusivamente de la Policía y que si las cumple otro, éste se `policializa`. Son funciones que tiene que cumplir el Estado, la Policía o alguien. Y pienso que el ciudadano tiene más garantías si cualquier acción del Estado tiene una orden judicial que si ésta la hace la Policía. Yo le pregunto: si alguien le va a interceptar el teléfono, ¿qué prefiere? ¿Qué lo haga el comisario de su seccional o un juez?".

"Hace muchos años que se intenta reformar el proceso penal, para liberar al juez de la tarea de investigación y pueda dedicarse a juzgar, que es para eso que se formó. Nunca se ha logrado", constata Gatti.

Díaz atribuye motivaciones extrajudiciales tras los planteos críticos hacia los juzgados: "Acá se hacen gárgaras con determinadas cosas y no otras. Acá se aprobó una norma que tipifica los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Esa norma contiene una disposición sobre la valoración de las pruebas que dice que la declaración de la víctima no debe ser corroborada por otros medios. Y yo no escuché a nadie que pusiera el grito en el cielo por eso. Hay cosas que se dicen tras una afirmación doctrinaria y en realidad lo que se quiere decir es algo políticamente correcto".

RIESGOS. En relación a toda esta actividad sobrevuela un tema que preocupa a los involucrados en la persecución de narcos u otras organizaciones delictivas: la seguridad de aquellos que públicamente llevan adelante las investigaciones como policías, jueces, peritos, funcionarios y profesionales como abogados y escribanos.

Ni Díaz ni Gatti quieren hacer declaraciones acerca de las medidas implementadas para su seguridad, pero no se les escapa que ellos tienen un papel destacado y visible en el combate contra estos grupos. "Nunca nos van a ver con capuchas, porque no se concibe a un juez de un estado democrático con una capucha. Eso es impensable". Díaz se refiere implícitamente a aquellos policías que arrestan a los sospechosos y los llevan ante el juez. Cuando se trata de procedimientos relacionados con el crimen organizado, éstos lucen pasamontañas negros para ocultar su identidad.

Aunque el tema de la seguridad de los involucrados es esquivado en cada una de las charlas sobre este tema, la realidad indica que en particular las organizaciones de narcotraficantes, a menudo cuentan con medios para, en palabras del director de la Brigada Antidrogas, "repeler" las acciones realizadas por las fuerzas policiales.

Aunque en Uruguay aún no se han descubierto organizaciones con un poder de fuego tan importante, la lucha contra el crimen organizado abre frentes de batalla de tenor inédito para la historia del delito en el país. A poco tiempo de instaurados, los nuevos juzgados transitan por un camino en el cual se les pide alcanzar el equilibrio entre las acciones contra organizaciones poderosas y contemplar todas las garantías y derechos que son inherentes a un Estado de Derecho.

Aunque las acciones más espectaculares que involucran a los nuevos juzgados estén relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos, Díaz y Gatti también dirigen investigaciones sobre hechos que no se asocian de manera espontánea con el crimen organizado. Una de las competencias de estos juzgados es la corrupción pública, aunque sólo en los departamentos de Montevideo y Canelones. De ahí que Gatti encabece la investigación en torno a la posible corrupción en el Hospital Maciel, conocido en los medios como el Caso Clanider. También deben encargarse de casos de tráfico de armas, pornografía infantil, defraudación tributaria, trata de personas, explotación sexual, abuso de menores y las disputas comerciales en torno a marcas y propiedad intelectual.

Luego de casi 15 años de trabajo y con la dirección del inspector Julio Guarteche desde 2000, la Brigada Antidrogas ha acumulado conocimientos sobre la forma de operar de grupos delictivos organizados. Con un edificio autónomo, métodos de investigación propios y frecuentes viajes al exterior para cursos de capacitación, alguno puede pensar que estos agentes son privilegiados. "Los que trabajan aquí tienen que hacer el 222, como tantos otros policías. Ganan lo mismo que los policías que tienen el mismo escalafón, más o menos 10.000 pesos. Y es un trabajo muy arriesgado. Si existe esa envidia, nunca la noté, al contrario", dice Guarteche, que a punto de cumplir su primera década como inspector antidrogas piensa que ya cumplió con su deber.

La investigación judicial más polémica de los últimos años, a partir del descubrimiento del arsenal de Saúl Feldman dio lugar para todo tipo de especulaciones y tuvo, según muchos analistas, una importante incidencia en las recientes elecciones. Ese caso está a cargo de los nuevos juzgados, lo que plantea un desafío adicional a la labor de los jueces. Se trata de una investigación que, a diferencia del cometido expreso de los juzgados -emplear métodos proactivos- transita por los carriles de la tradicional investigación reactiva, que a partir del hecho consumado debe dilucidar las interrogantes que hoy siguen sin respuesta.