Reproducción semiasistida

Costos y trabas de gestar con ayuda

En los primeros meses de aplicación de la nueva norma, las mutualistas realizaron unos 300 tratamientos de baja complejidad. Todavía no comenzaron a realizarse para los casos de alta complejidad —habilitados desde febrero— por temas burocráticos.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Desde que está vigente la ley, las consultas por infertilidad de se multiplicaron.

Aunque los procedimientos están incluidos en el sistema estatal de salud, la mayoría de las parejas deberán pagar para ser atendidas y eso ha generado un corrimiento de pacientes del sistema mutual al público. En el Pereira Rossell los tratamientos por infertilidad se duplicaron desde que se aplica la ley.

Desde hace seis meses se practican en las mutualistas las técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, aquellas en los cuales la unión entre el óvulo y el espermatozoide se realiza dentro del aparato genital femenino: la inducción de la ovulación y la inseminación artificial. De acuerdo a un relevamiento que realizó El País entre las ocho mutualistas de Montevideo que reúnen más usuarios, se han realizado un total de 319 procedimientos de este tipo.

A su vez, todavía no se comenzó ningún tratamiento de alta complejidad en el que la fecundación tiene lugar fuera del aparato femenino y se transfieren luego los embriones resultantes. Si bien fueron reglamentados por decreto en febrero pasado, recién desde hace 10 días están prontos los formularios que médicos y pacientes deben completar para que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) establezca qué cobertura económica les dará. El Ministerio de Salud Pública fijó el costo del tratamiento en $ 162.200 (equivalente a unos US$ 6.000).

La Ley N° 19.167, por la cual las técnicas de reproducción humana asistida pasaron a estar incluidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), es la primera norma sanitaria que tiene un sistema de pago compartido. Se fijaron cinco rangos y de acuerdo con el salario nominal que percibe la pareja y el número de intentos realizados, se fija el copago que ésta deberá aportar.

Los únicos que no tendrán que pagar para recibir el tratamiento son aquellos que reúnan un sueldo nominal menor a $ 30.520. Esa cobertura gratuita vale solo para el primer intento. Por el segundo y tercer intento deberán abonar $ 16.220 y $ 32.440, respectivamente.

También para acceder a los tratamientos de baja complejidad hay que pagar un tique. Si el tratamiento indicado es el de inducción de la ovulación, el copago no podrá superar los $ 800. Pero si se realiza inseminación en el primer intento, el paciente debe pagar un tique de $ 4.700 que se eleva a $ 12.925 en el segundo intento y asciende a $ 18.800 en el tercero.

El decreto reglamentario del Ministerio de Salud Pública estableció que "las consultas, técnicas, procedimientos, análisis de laboratorio o dispensaciones de medicamentos que se requieran para llevar a término cada tratamiento, no darán lugar al cobro de copago, tique o tasa moderadora alguna".

Si se suman los tres intentos por una inseminación la cifra a pagar será de $ 36.425 (US$ 1.354 al valor actual). En cambio, un tratamiento de baja complejidad en una clínica privada cuesta entre US$ 200 y US$ 600, según datos de las organizaciones de usuarios de reproducción asistida y de las propias clínicas.

Por ahora no está contemplada la financiación para ninguno de los tratamientos, por lo que quien quiera someterse deberá pagar al contado, informó Rosana Gambogi, encargada de la Dirección Técnica del FNR.

Los costos de los tratamientos, aún con la financiación del FNR y el subsidio estatal, resultan inalcanzables para muchas de las personas infértiles, lo que provocó "un movimiento" de pacientes del sistema mutual al público, afirmó a El País Ana María Capurro, directora de la Clínica de Reproducción del Pereira Rossell. Si bien no tiene una cifra de cuántas pacientes se trasladaron de las mutualistas a ASSE, Capurro explicó que lo percibe porque desde que se aprobó la ley se duplicaron los tratamientos. Antes se realizaban entre 8 y 10 procedimientos de baja complejidad al mes y ahora se realizan entre 15 y 20.

Baja complejidad.

Los tratamientos de baja complejidad se reglamentaron a fines de octubre de 2014 por decreto y se realizan en las mutualistas. De acuerdo a los datos proporcionados por las instituciones, se realizaron 319 con "buenos resultados". Fuentes del sector dijeron que cuando esto sucede, entre un 50% y 60% terminan en embarazos, pero consideraron que los datos son poco representativos y habrá que esperar unos meses para hacer una evaluación más correcta.

El gerente de la Asociación Española, Julio Martínez, informó que se realizaron 102 tratamientos entre noviembre y abril: 33 inducciones de ovulación y 69 inseminaciones artificiales. En el SMI (ex Impasa) entre enero y lo que va de mayo se han realizado 73 procedimientos. En este caso la mutualista tiene convenio también para la baja complejidad con la clínica Centro de Reproducción Humana del Interior (Cerhin).

En el Casmu se realizaron 20 procedimientos desde diciembre, informó la directora técnica Nury Santana. Agregó que 13 de ellos fueron en el primer intento, cinco en el segundo intento y tres en el tercero. El director de la Clínica de Reproducción de Casa de Galicia, Carlos Duarte, indicó que realizaron 13 procedimientos por la nueva ley y agregó que desde que está vigente la ley se cuadruplicaron las consultas por infertilidad.

En Cosem se registraron 70 procedimientos entre diciembre y el 30 de abril; en Médica Uruguay, 23; y en el Hospital Evangélico, 17. En tanto, la directora de la Clínica de la Mujer del Círculo Católico, Sandra Roldán, informó que hay una paciente embarazada por inseminación y más de 10 en proceso de diagnóstico.

El presidente de la Federación Médica del Interior (FEMI), Carlos Cardoso, dijo que aún no cuentan con datos unificados de cuántos tratamientos de baja complejidad se están realizando y que ese dato recién se conocerá a fines de julio.

Alta complejidad.

Hace 10 días el FNR publicó los formularios que deben completar médicos y pacientes al iniciar los tratamientos de alta complejidad. Pero entre que se reglamentaron esos procedimientos (en febrero) y se pusieron a disposición los formularios (el 5 de mayo), se generó "un vacío legal" e incertidumbre, explicó Nancy Silva, representante de los usuarios en la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida que creó la ley.

"Ocurrió un problema de comunicación. Los ginecólogos no tenían la documentación disponible (los formularios), derivaban a las pacientes a las clínicas y les cobraban $ 3.000 la consulta", afirmó.

La médica Lidia Cantu, directora del Centro de Esterilidad de Montevideo, explicó que si las pacientes consultan a las clínicas antes de que se cumpla todo el proceso y el FNR lo habilite, se les cobrará porque lo hacen en forma particular.

El proceso se inicia en las mutualistas, donde el ginecólogo en el caso de las mujeres, o el urólogo o andrólogo en el caso de los hombres, debe realizar los estudios previos para saber si se requiere un tratamiento de alta o baja complejidad.

Si el médico considera que la situación requiere uno de alta, deberá completar los formularios y elevarlos al FNR. Si las pacientes cuentan con estudios anteriores, estos no podrán tener más de seis meses de antigüedad. De lo contrario, deberán realizarlos nuevamente.

Cumplido ese paso, se deberá completar el formulario de la DGI y de acuerdo con los ingresos que perciban, el FNR definirá qué cobertura tendrán. Recién ahí se les dará una contraseña para que puedan descargar las facturas correspondientes y pagarlas en efectivo. El pago se realizará en una cuenta del BROU, aunque se está por firmar un acuerdo con las redes de cobranza para facilitar el acceso.

Gambogi dijo a El País que aún no ha llegado ninguna solicitud al FNR pero que informalmente saben que hay ginecólogos que ya han completado los formularios. Agregó que la persona va a ser derivada a la clínica que seleccione y allí se realizará una segunda evaluación. Las clínicas habilitadas por el MSP son el Centro de Esterilidad de Montevideo, el Centro de Reproducción Humana del Interior con sede en Montevideo y Salto, y la clínica Suizo Americana.

En el caso del Pereira Rossell, Capurro explicó que cuentan con un listado de 270 pacientes que requerirán algún tratamiento de alta complejidad aunque aún falta definir cuál. La primera parte del procedimiento (estimulación ovárica) se realizará en el hospital y el resto será en las clínicas autorizadas. De esas pacientes algunas ya han completado el formulario de la DGI pero otras han sido llamadas para actualizar los estudios porque habían perdido vigencia, informó Capurro.

Quieren financiación.

Como ocurre siempre que se pone en marcha una nueva ley, los usuarios tienen muchas dudas y surgen dificultades. Es por eso que la representante de los usuarios en la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida recibe unas 15 consultas diarias. Según explicó a El País, las más frecuentes se relacionan con el acceso. La gente quiere saber cuánto tendrá que pagar. "Si entre los dos ganan $ 61.000 nominales (segundo tramo), tendrán que pagar $ 40.550 por el tratamiento". "No es lo que peleamos como usuarios", expresó.

"Nunca pedimos que fuera gratis porque los tratamientos son costosos, pero hay que buscar formas de financiamiento. Hay parejas que han invertido US$ 40.000 o US$ 50.000 tratándose en clínicas privadas y están totalmente desfinanciadas. ¿Si no tienen ese dinero se quedarán sin asistencia?", se preguntó.

La limitación de la ley que excluye a las mujeres obesas es otra fuente de consultas permanente. "En Uruguay no somos flacos. Además, pacientes que ya se hicieron un tratamiento seguramente tendrán sobrepreso porque las hormonas engordan. Si te hiciste un tratamiento fallido tenés 10 kilos de más", advirtió. "Hay que rever ese aspecto", opinó.

Otra duda de los usuarios tiene que ver con la donación de gametos. La ley determina que en caso de que se necesite donación de óvulos o espermatozoides, deberá haber 25 nacidos vivos por donante; es decir que se fertilizarán 25 espermatozoides con 25 óvulos.

Silva señaló que se abre la posibilidad de que el donante "tenga 25 hijos biológicos". "Para Uruguay, que somos tres millones, genética y éticamente no está bueno. Nos parece una cantidad muy exagerada en un país tan pequeño por los problemas que pueda generar", alertó.

Más allá de las dificultades, Silva celebra que exista la ley y que los usuarios sepan adónde dirigirse para quejarse. La comisión que integra aún no comenzó a funcionar. La semana que viene se conocerán los nombres de sus integrantes, entre los que habrá representantes del MSP, el Colegio Médico, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, el Instituto Nacional de Donación de Órganos y la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. La tarea de la comisión será evaluar el funcionamiento de los servicios y proponer mejoras.

Un debate bioético: entre la eugenesia y el descarte.


Mientras la actual ley de reproducción humana asistida era debatida en el Parlamento, grupos "provida" cuestionaron el manejo de los embriones que prevén las técnicas de reproducción asistida, en el entendido de que se trata de "vidas humanas". La integrante de la organización Movidos por la Vida, María Inés Benítez, planteó que se da una "manipulación de la especie humana" ya que los embriones mantenidos por crioconservación se congelan en nitrógeno líquido, y de los que se vuelven a descongelar sobrevive solamente el 20%. También cuestiona el artículo 15 de la ley, que establece que los receptores de embriones tienen derecho a información sobre las características fenotípicas del donante (las manifestaciones estructurales, orgánicas y físicas) por considerar que hay una intención de eugenesia (intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas). Los defensores de la norma afirman que se realiza para evitar enfermedades hereditarias.

Luchó por la ley pero ahora no se hará el tratamiento.


Nancy Silva (40) enfrenta junto a su esposo uno de los casos más graves de infertilidad. Tanto ella como él tienen dificultades para concebir, lo que se conoce como infertilidad mixta. Para tratarse necesitan que él se realice una biopsia testicular y luego someterse ella a una de las técnicas de alta complejidad: la inyección intracitoplasmática, denominada ICSI por sus siglas en inglés (ver las cuatro técnicas de gestación asistida). El costo completo del tratamiento que necesitan, según le han informado en las clínicas privadas donde se trataron, asciende a unos US$ 13.000.

"Nunca pudimos reunir ese dinero", contó Silva. Tampoco llegaron a ahorrar lo necesario para practicarse el procedimiento en Argentina, aunque allí cuesta la mitad, unos US$ 6 mil. En Uruguay los médicos especializados en reproducción estiman que 200 parejas al año viajan al vecino país a tratarse. La tasa de infertilidad en América Latina (dato que se aplica a Uruguay) va del 15% al 18%.

El deseo de tener un hijo llevó a Silva a emprender en 2008, junto a decenas de personas infértiles, la lucha para lograr que se aprobara una ley que incluyera los tratamientos de reproducción asistida entre las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora fue designada por el Ministerio de Salud Pública la representante de los usuarios en la comisión honoraria que creó la Ley Nº 19.167 con el cometido de vigilar el funcionamiento de la normativa.

Sin embargo, se da el contrasentido de que puesta en funcionamiento la ley, ha resuelto no recurrir a ella. "No puedo hacer mi tratamiento. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Como representante de los usuarios recibo 15 quejas por día. Mientras estoy recibiendo las consultas no puedo hacerme el procedimiento. Necesitas tranquilidad, no podés estar estresada", explicó. Por ese motivo aseguró que "eligió" postergar su tratamiento. "Mi lucha trasciende a mi persona", afirmó.

Eso no quita la posibilidad de que si en unos meses o en un año el funcionamiento de la ley se acomoda, considere iniciar el procedimiento. De todos modos, por su edad, no está segura de poder cumplir su anhelado sueño. La ley fija el límite de edad de la mujer que se someterá al tratamiento en 40 años, pero por dos años abrió una ventana y permite que se acojan las mujeres de hasta 60 años.

Silva aseguró que desde su lugar en la comisión del MSP dará batalla para que algunos aspectos de la norma mejoren. Entre ellos señaló que debió definirse a la infertilidad como una enfermedad. "La ley no la tomó como enfermedad a pesar de que así lo dicen las normas internacionales", sostuvo.

Asimismo planteó que en el decreto se establece que quienes requieran semen donado para practicarse alguna de las técnicas de alta complejidad deberán pagar aparte un tique de $ 5.000, mientras que las mujeres que requieran óvulos donados no tendrán que pagar. Las autoridades explicaron que decidieron incluir la donación de semen entre los copagos a pagar aparte porque no todas las parejas iban a necesitarlo. Silva opinó que esa explicación no es válida y que ese monto pudo incluirse en los $ 162.200 que el Fondo Nacional de Recursos aportará en algunos casos.

Consultada sobre la adopción como un camino para las parejas que padezcan infertilidad, admitió que es otra vía para cumplir el sueño de "ser padres y dar amor". En su opinión, un tema "no es excluyente del otro". "La ley de reproducción asistida podría agilizar la ley de adopciones. Si me hago un tratamiento y quedo embarazada me voy a borrar de la lista de adopciones. La demanda de parejas que pretenden adoptar niños va a disminuir", dijo.

Agregó que con su marido averiguaron cómo se realiza el trámite y les informaron que había lista de espera de unos cinco años, lo que también les juega en contra puesto que en la adopción de bebés se les da prioridad a las parejas más jóvenes.

SABER MÁS

LAS CUATRO TÉCNICAS DE GESTACIÓN ASISTIDA


Inducción de ovulación.
Se aplica en mujeres que no ovulan espontáneamente por lo que requieren de medicación (vía oral o inyectable) para inducir la ovulación. La probabilidad de ovulación con este método es del 80%. El tique para este tratamiento cuesta $ 800.

Inseminación intrauterina. Consiste en colocar espermatozoides previamente seleccionados en el laboratorio dentro de la cavidad uterina en el momento en que la mujer está ovulando. La tasa de éxito por intento es del 14 a 18%, por lo que se repite entre tres y cuatro veces. El costo por el primer intento es de $ 4.700.

Fecundación in vitro (FIV). Es el más utilizado de los tratamientos de alta complejidad. Se procura la fertilización de los gametos obtenidos de la unión de los óvulos y los espermatozoides y luego se implantan en el útero de la mujer. Se transfieren dos embriones. Los embriones sobrantes de buena calidad se conservan para ser transferidos en un ciclo posterior sin necesidad de una nueva estimulación ovárica. Pasadas aproximadamente dos semanas de la transferencia embrionaria, la paciente deberá realizarse el test de embarazo para saber si funcionó.

Inyección intracitoplasmática. Esta técnica, denominada ICSI, es aplicable a parejas con fallos de fecundación previos con FIV o en casos severos de esterilidad masculina. Consiste en la inseminación de un óvulo mediante la microinyección de un espermatozoide en su interior. El resto del procedimiento es igual a la FIV.

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