Fernanda iba en moto por Ruta 18 de Lago Merín a Río Branco (Cerro Largo). Una avioneta fumigaba un cultivo de arroz lindero. Era el 12 de diciembre pasado cuando el piloto hizo una mala maniobra; tenía el dispensador abierto y roció a Fernanda con herbicida. A pesar del casco, la mujer sintió tos y mareos. Paró y comenzó a vomitar. "Hasta ahora tengo dolores de cabeza y ardor en el esófago", asegura. El 15 de febrero hubo otra fumigación cerca del balneario. Beatriz Martínez repartía la correspondencia y vio la avioneta o más bien la sintió: "Había un olor a zorrillo espantoso", recuerda. Algunos vecinos hicieron la denuncia y el MGAP determinó que la fumigación se hizo respetando las normas. Disconformes, los lugareños recurrieron a la bióloga Graciela Piñeiro, quien tomó muestras y testimonios y presentó denuncia a la Dinama. Fernanda estuvo 10 horas en observación. Su caso fue denunciado al CIAT pero no hubo seguimiento. "No me hicieron más estudios". La mujer, de 50 años, tiene temor. "Dicen que lo que me pasó es grave, que me puede venir un cáncer".

El grupo "Vecinos de Guichón por los bienes naturales" denuncia desde 2011 el uso inapropiado de plaguicidas. La ciudad sanducera está rodeada de cultivos de soja y forestación. "Se hacían fumigaciones aéreas sin respeto por las distancias", asegura Marcelo Fagúndez, uno de sus referentes y exedil de Paysandú. El colectivo recopila casos no solo de la localidad, sino de otras zonas. En los últimos cuatro años presentó 14 denuncias. La última refiere a la escuela 34 de Zanja Honda (San José), que tiene un cultivo de soja transgénica (por lo tanto fumigada) a 20 metros, cuando debería estar a 500. "Tuvimos respuestas de algunos organismos, pero con otros es imposible", dice Fagúndez, y carga contra la Dirección General de Servicios Agrícolas, organismo del MGAP encargado de fiscalizar el uso de plaguicidas. "Nos hacen ir a Montevideo (400 kilómetros ida y vuelta) a firmar las denuncias. Hemos intentado hablar con el director (Federico Montes) y es más fácil comunicarse con el Papa. Nunca tuvimos suerte. Otros funcionarios nos han destratado", dice.

Máximo Castilla, médico y productor, estuvo en el centro de la polémica tras haber sido denunciado por vecinos en Paso Picón (Canelones) por uso indebido de plaguicidas en sus cultivos de soja. A tres años de las primeras multas, hoy Castilla ha modificado su producción. En 140 de sus 510 hectáreas no puede fumigar para respetar las distancias reglamentarias con el centro poblado. "Perdí el 30% de mi capacidad productiva. En esa zona sembré sorgo, pero sin plaguicida es imposible", dice e insiste en que fue víctima de una campaña. El caso sigue en la Justicia, donde Castilla reclama que le levanten multas millonarias del MSP y la intendencia. En 2016, una foto de Fernando Ponzetto (El País) le puso rostro al problema: Castilla se frotó glifosato (el herbicida más usado) en manos y cara. "Hice una demostración. La gente de la ciudad ve el glifosato como si fuera bomba atómica. Nosotros convivimos con él. Es de venta libre, se compra como la lavandina. No digo que sea saludable, ni siquiera inocuo. Pero tampoco es el monstruo que quieren vender", asegura.

En 2016, vecinos de Laguna del Cisne (Canelones) se comunicaron con la senadora blanca Carol Aviaga, que ha hecho bandera de los temas medioambientales. Los vecinos decían que estaban intoxicados por fumigación directa. Aviaga acompañó a una señora al médico y escuchó cómo le diagnosticaba "infección respiratoria" sin preguntarle sus antecedentes. La mujer tenía los síntomas típicos que genera la exposición al glifosato: dificultades respiratorias, alergia, vómitos. Ante la insistencia de la senadora, el doctor pidió la historia clínica de la paciente y comprobó que ya había pasado por un estado similar luego de haber estado expuesta a plaguicidas. Llamó al CIAT e hizo la denuncia. No se le pidió ningún análisis, y la señora se volvió a su casa. Durante 2016, la zona, que fue declarada área protegida, acumuló denuncias de vecinos por fumigaciones que afectaban el agua de la cuenca. La tensión derivó en que a finales de ese año la Intendencia de Canelones decidió profundizar las medidas cautelares de protección y prohibir los plaguicidas allí.