La campaña electoral es un período que a algunos divierte y a otros enoja, es natural que se dé un juego mediático, con mayor o menor picardía, apuntando a características propias de los otros candidatos y el marketing se torna un instrumento fundamental de captación de voluntades.

La campaña electoral es un período que a algunos divierte y a otros enoja, es natural que se dé un juego mediático, con mayor o menor picardía, apuntando a características propias de los otros candidatos y el marketing se torna un instrumento fundamental de captación de voluntades.

Es de gran importancia contar con un equipo económico formado y firme que cuide las cuentas públicas de modo de mantener el equilibrio macroeconómico, pero igualmente importante es conocer de los candidatos las prioridades para el uso de los fondos públicos. Los partidos cuentan con programas de gobierno en los cuales se identifican las líneas de acción más o menos similares, el punto es cómo lograr los objetivos con la menor carga impositiva y la mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Al momento de elegir el próximo gobernante el ciudadano tiene derecho a conocer cuánto de sus ingresos será administrado por el estado. No se trata de afirmar que se subirán o bajarán impuestos, sino cuánto pesarán los tributos en el ingreso familiar, quitándole la posibilidad al trabajador de disfrutarlo en la forma que mejor le parezca.

Una vez que se sepa cuál será la carga impositiva, la definición de la orientación del gasto es un aspecto de interés, se priorizará el subsidio directo y en dinero a personas sin ocupación, o se destinarán recursos en programas de apoyo a las micro empresas en los barrios más carenciados, con apoyo de escuelas de doble horario, programas de erradicación de las viviendas insalubres, promoviendo la autoconstrucción, dictando cursos que permitan adquirir destrezas en construcción y oficios domésticos, así como la instalación de policlínicas médicas, todo lo cual coadyuve a una vida digna que se oriente al esfuerzo y a la inserción laboral de las personas?

Así sucesivamente podríamos tomar cada aspecto de la vida nacional en la cual los candidatos podrían dar a conocer sus prioridades. ¿Es razonable proponer, en un país en desarrollo, reducir la jornada laboral y mantener el nivel de remuneración? ¿Se puede sostener un sistema laboral en el cual los trabajadores no cuenten con una reglamentación sindical que les asegure una representación legítima a través del voto secreto y obligatorio dentro de los gremios y con mayorías y quórums mínimos del total de trabajadores y no sólo de los afiliados?
La infraestructura pública requiere de inversión, ¿qué obras serán prioritarias? ¿Se convocará a la actividad privada a invertir en obra pública a través del sistema de concesión de obra pública y de otros medios jurídicamente hábiles y vigentes?

Los ejemplos sobran, para mencionar uno que está en los titulares en estos días en relación a los consejos de salarios, ya nadie cuestiona convocarlos, que de por sí no es ni bueno ni malo, simplemente es la conformación de una mesa de trabajo entre empresarios y trabajadores con la mediación del Estado. Quizás lo que haya que cuestionarse es si los acuerdos arribados en los consejos de salarios deban ser obligatorios, como lo son ahora, o si debieran ser subsidiarios para los casos en que no se llegue a acuerdos en las empresas, lo que probablemente sería más adecuado para las necesidades propias de cada unidad productiva.

No hace falta que los candidatos debatan si no lo desean, los votantes sabrán comparar por sí las propuestas una vez hechas públicas.