BATALLA LEGAL POR UBER

Taxistas pierden amparo y piden US$ 300 millones

Patronal inició ofensiva legal contra IMM para frenar a Uber.

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La Justicia tomo el 15 de noviembre como inicio formal de actividades de Uber. Foto: M. Bonjour

El Poder Judicial no hizo lugar a un pedido de amparo contra la Intendencia de Montevideo para que fiscalice a los vehículos que forman parte de Uber.

El recurso fue presentado por la patronal del taxi (Cpatu) y se enmarca dentro de una ofensiva que incluye una demanda por US$ 300 millones por parte de los permisarios.

Uno de los argumentos manejados por la gremial es que el valor de las "chapas" de taxi pasó de US$ 90.000 en el 2015 a US$ 45.000 en 2016 por efecto de la acción comercial de Uber sobre el negocio, según explicó ayer a El País el ex directivo de Cpatu Alberto Gómez.

A esto hay que sumar la caída en los ingresos de los taxis por efecto de la aplicación, según explicó el empresario.

Recurso.

La Intendencia fue notificada del recurso de amparo el lunes. Con rapidez, los abogados municipales encararon una estrategia para la defensa y visualizaron "detalles técnicos" en la demanda que les permitieron evitar marcar posición sobre el fondo del asunto. No obstante, la demanda obligó a varios jerarcas de la comuna a ir al juzgado de lo Contencioso a declarar como testigos de parte.

Entre ellos estaban la directora departamental de Movilidad Urbana, Beatriz Tabacco, el director de Transporte, Máximo Oleaurre, y el director de Tránsito, Pablo Ferrer.

La gremial fue representada por su presidente, Oscar Dourado, mientras que actuaron como testigos varios taxistas involucrados en un enfrentamiento con un chofer de Uber.

A pesar de las insistentes llamadas, Dourado no pudo ser localizado en la tarde de ayer.

La defensa de la Intendencia resolvió no ingresar en la discusión central y se basó en que el recurso de amparo estaba fuera de plazo.

Los abogados de la comuna argumentaron que un recurso de esas características se debería haber presentado hasta 30 días después de iniciada la actividad comercial, y en ese sentido, se estableció la fecha 15 de noviembre de 2015 como inicio de las actividades de Uber.

La juez actuante entendió que el recurso estaba fuera de tiempo por lo que no correspondía. Ahora la gremial podrá recurrir el fallo judicial, según explicaron abogados participantes en el litigio.

Demanda.

Mientras tanto, en la mañana de ayer el secretario general de la patronal, Javier Fardin, informó que la central presentará una demanda contra la Intendencia de Montevideo por un monto de US$ 300 millones, una cifra que equivale a tres cuartas partes del presupuesto anual de la comuna.

La demanda millonaria será presentada individualmente por cada uno de los permisarios. Todavía no se sabe qué abogado llevará la demanda. Fue una asamblea de la gremial, de la que participaron 350 socios, la que aprobó iniciar la ofensiva legal.

A la cifra de 300 millones de dólares se llega multiplicando los 3.150 permisarios por los 100.000 dólares que cada uno pretende recibir. La demanda y la acción de amparo apuntan a resarcir a los taxistas del perjuicio por la pérdida del capital y del lucro cesante desde la llegada de Uber, señaló Fardín.

"Los taxistas entienden que invirtieron en un mercado cerrado y regulado de transporte" y que "la intendencia no está cumpliendo con ese aspecto al dejar que Uber opere sin pagar por las habilitaciones necesarias", afirmó el dirigente en declaraciones a Radio Uruguay.

Por su parte, desde la Intendencia se decidió no hacer declaraciones sobre "asuntos que todavía no están planteados jurídicamente".

Con respecto al fondo del asunto, la comuna asegura que está "fiscalizando a los conductores de Uber pero la regularización de esas nuevas aplicaciones está hoy en manos del Parlamento".

La gremial del taxi entiende que el proyecto que se encuentra a estudio en el Poder Legislativo no plantea que se deje de fiscalizar a Uber. Por tanto, exige que se apliquen las normas municipales vigentes.

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