Las primeras medidas de la Intendencia de Antía

Polémica expropiación de terrenos vecinos a El Jagüel en Maldonado

Son propiedad de argentinos; Intendencia quiere trasladar asentamientos.

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Los terrenos a expropiar por la Intendencia están al este del Aeropuerto. Foto: R. Figueredo

La Junta Departamental de Maldonado aprobó esta semana la autorización al intendente Enrique Antía para expropiar dos padrones al este de la pista del aeropuerto El Jagüel de Punta del Este.

En esos dos predios, propiedad de varios inversores argentinos, la administración Antía pretende instalar a los ocupantes de los asentamientos El Placer y Kennedy de Punta del Este.

Los propietarios de uno de los padrones, de la familia argentina Zorraquín y sus socios, entre ellos un alto funcionario del gobierno del presidente Mauricio Macri, adelantaron que resistirán la expropiación. Lo mismo ocurrirá con el empresario Mario Pollack, propietario del otro padrón a expropiar.

La Intendencia de Maldonado se respalda en el acuerdo alcanzado con los vecinos de ambos asentamientos. En el caso de El Placer se trata de 175 vecinos. En el asentamiento Kennedy, otros 450.

La anuencia fue votada por los dieciséis ediles del Partido Nacional y rechazada por los quince de la oposición (frenteamplistas y colorados).

La Junta Departamental también aprobó el pedido de la Intendencia para emplear parte de los dineros del "fondo de retorno por mayor valor", destinados a ejecutar políticas de viviendas municipales, en la compra de los terrenos a expropiar.

El retorno por mayor valor fue creado por la administración frenteamplista de Óscar de los Santos para cobrar el equivalente de hasta el 5% del rendimiento que obtienen los emprendimientos inmobiliarios favorecidos por un cambio en los parámetros fijados por la ordenanza de construcción.

Los tres partidos políticos presentaron sus respectivos informes aceptando o rechazando el planteo de Antía.

El debate fue seguido desde las barras ocupadas por ciudadanos que se manifestaron a favor y en contra de la propuesta.

Juicios.

La administración Antía ejerció el instituto denominado "toma urgente de posesión" de ambos predios. A partir de la anuencia de la Junta Departamental, la Intendencia procederá a iniciar el juicio de expropiación y depositar poco más de 4 millones de dólares como pago por los mismos. El ejecutivo entiende que el valor de mercado es de 10 dólares por metro cuadrado.

La decisión de la Intendencia es resistida no solo por los propietarios de los predios, sino también por los vecinos del lugar. Entre ellos se encuentra el multimillonario argentino Samuel Liberman y un grupo inversor brasileño que desarrolló el fraccionamiento "Los Caracoles", lindante con los dos predios ahora en vía de expropiación.

Voceros de la familia Zorraquín, propietaria de uno de los predios afectados, adelantaron que se oponen a la expropiación. Lo mismo ocurre con los otros vecinos quienes a su juicio el fraccionamiento de los predios para realojar a los vecinos impactará en el valor de sus propiedades.

Los propietarios, a través de sus asesores legales, han transmitido tanto verbalmente como por escrito su rechazo a la expropiación. Su posición fue transmitida personalmente al propio intendente Antía como a otros jerarcas y ediles del oficialismo. Por escrito presentaron su posición negativa en la Junta Departamental de Maldonado.

Ramón Zorraquín, uno de los propietarios afectados, dijo en diciembre pasado que la Intendencia pretende expropiar un terreno que le pertenece a su familia. El empresario sostuvo que la Intendencia pretende pagar 10 dólares el metro cuadrado, cuando su familia pagó 15 dólares el metro cuadrado en 2011.

Los abogados de los propietarios sostienen que el procedimiento elegido por la administración "esta viciado de nulidad" porque va en contra de las normas de orden público. Tampoco se justifica el procedimiento de "toma urgente de posesión".

"La acción propuesta por la Intendencia, incluido el pedido de anuencia a la Junta Departamental para expropiar padrones con destinos fijados por instrumentos vigentes de ordenamiento territorial es ilícito, contrario a normas vigentes y susceptible de hacer incurrir en responsabilidad al gobierno departamental", sostuvo la misiva presentada por los propietarios a la Junta Departamental solicitando que no sea aprobada la anuencia solicitada por el intendente Antía.

Ahora ambas partes se presentarán en los estrados judiciales. Una, la Intendencia, para expropiar el bien; la otra —los propietarios— para resistir la medida.

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