Organismos estatales deben 396 respuestas a legisladores en el primer año de gobierno.

Cuarenta y cinco días es el plazo que la ley 17.673 (2003) otorga a los organismos estatales para responder a los legisladores los pedidos de informes. Como máximo, y por única vez debidamente fundada, la misma norma otorga treinta días de prórroga. Pero lejos de cumplir con esa ley, los ministerios y demás dependencias públicas responden tarde, en ocasiones un año después, o directamente no lo hacen y los pedidos de informes se acumulan y pasan de una Legislatura a otra, debiendo ser vueltos a presentar.

Hartos de esperar, hay legisladores que acuden a la ley de acceso a la información pública para sortear la barrera del desdén burocrático.

En un informe publicado la semana pasada en el sitio web del Poder Legislativo, en el primer año de la Legislatura 2015-2020 se han cursado en total 632 pedidos de informes, de los cuales 236 (38%) han sido respondidos y los otros 396 (62%) no lo fueron.

La Cámara de Representantes ha tramitado a pedido de legisladores de todos los partidos un total de 479 pedidos de informes con un resultado negativo: hay 308 (64%) sin respuesta de los organismos, y 171 (36%) han sido respondidos.

En el Senado, aunque en números menores, los legisladores también tienen poca suerte con sus pedidos de informes. Del total de 153 pedidos cursados a los organismos estatales hay 88 (57%) sin ser respondidos y 65 (43%) que sí lo fueron.

En el ranking de los ministerios más remolones, las carteras de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) cuya titular es Eneida De León; Industria, Energía y Minería a cargo de Carolina Cosse; y Educación y Cultura de María Julia Muñoz tienen en total 141 pedidos de informes sin responder solamente hechos por diputados, más otros 10 sin responder de los senadores. A los diputados le han respondido entre los tres ministerios 28 pedidos de informes, y dos a los senadores.

En la Cámara de Diputados, el Ministerio de Vivienda respondió 15 y no respondió 50; Industria no contestó 47 y sí lo hizo en dos ocasiones; y Educación respondió 28 pero no lo hizo en 44 ocasiones.

Vivienda no respondió ninguno de los siete pedidos de informes del Senado. El Ministerio de Industria no contestó el único pedido de informes que se le hizo desde el Senado. Y Educación está en equilibrio ya que de los cuatro contestó dos y no lo hizo en otras dos ocasiones.

La cartera de Transporte y Obras Públicas, a cargo de Víctor Rossi, recibió 42 pedidos de informes de diputados, y otros ocho desde el Senado, habiendo respondido once de los diputados y tres de los senadores.

El Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo Bonomi, también está lejos en números de pedidos respondidos. Recibió 34 de los diputados y cinco de los senadores. Contestó seis de los diputados y no lo hizo en otros 28 casos, y dos de los senadores.

En el otro extremo de este informe se cuenta a los organismos del Estado que actúan con mayor celeridad y apego a la ley. Hay varios que han recibido un pedido de informes y lo han contestado, como la Corte Electoral, los bancos Central y de Seguros, la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas, entre otros.

Hay otros organismos que han recibido solamente un pedido de informes pero no lo han respondido, como AFE, ASSE y el Ministerio de Turismo, ahora separado del área de Deportes.

En 2013 durante el gobierno de José Mujica, el Poder Ejecutivo promovió una ley con restricciones al acceso a la información pública. La modificación a esa ley habilita a los organismos públicos a negar información en caso de que forme parte de un proceso de toma de decisiones, licitación o control. Se califica esa información como "reservada" a voluntad del jerarca.

Ministerios como Economía, Educación, Desarrollo Social, Salud Pública, Transporte, Vivienda, Interior, Industria y Ganadería adeudan en su conjunto una decena de respuestas a pedidos de informes del senador nacionalista Luis Lacalle Pou, quien ayer pidió al presidente del Senado, Raúl Sendic, que gestione el cumplimiento de la ley de 2003 ante los organismos públicos. El pedido de informes de Lacalle Pou con mayor retraso fue presentado el 19 de marzo de 2015 con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y es referido a la contaminación de ríos y arroyos dentro de los límites del territorio nacional. Este mismo pedido de informes fue cursado en 2012 por el entonces diputado Lacalle Pou y reiterado un año después sin que se obtuviera hasta ahora una respuesta. Entre los pedidos de informes retrasados se cuenta el formulado a Industria sobre la compra de los derechos mineros de Aratirí por parte del Fondo Aurum Ventures. Otro es a Educación para que informe sobre el Plan Ceibal, en particular acerca de la totalidad del dinero invertido en el programa.

El Parlamento y los organismos públicos