NUEVO CÓDIGO

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) presentó un recurso administrativo ante la Fiscalía de Corte por el sistema de trabajo que generará la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), cuya puesta en vigencia está prevista para el próximo miércoles.

El escrito, rubricado por 77 firmas de fiscales, rechaza las disposiciones por el nuevo horario y regímenes de trabajo que vulneran las horas máximas de trabajo y los derechos laborales al descanso.

Según dijeron a El País fuentes de la gremial, el tipo de recurso administrativo que se presentó es histórico por el número de firmas y la actual situación especial que se vive en el país a días de instrumentar el nuevo Código del Proceso Penal.

La Asociación realizó consultas con un catedrático grado 5 de Derecho Laboral por los cambios en el régimen de trabajo a partir de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. "El nuevo Código va a implicar un cambio no solo en el rol de los fiscales, sino en el régimen de cambios y turnos. Por consiguiente los fiscales nos veremos seriamente recargados en la tarea laboral", indicó la presidenta de la gremial de fiscales, Dora Domenech.

La representante del Ministerio Público sostuvo que los fiscales que se encargarán de la aplicación del Código viejo deben atender llamados nocturnos, así como trabajar los domingos en turnos rotativos. Se encargarán de tramitar unos 20.000 expedientes que ya estaban en curso.

"Queríamos saber si a pesar de tener dedicación podían establecer este cambio de trabajo. El catedrático nos aclaró que de ninguna manera podemos ser obligados a trabajar en horarios recargados sin consultas previas", señaló la presidenta de la Asociación a Radio Carve el martes 24.

Por su parte, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay realizará una asamblea con paro el miércoles, día que tiene que comenzar a regir el nuevo Código del Proceso Penal.

No habrá guardia gremial. Ese día, además, se pondrá a consideración una moción de un grupo de trabajadores que quiere un paro por tiempo indeterminado, lo que pone en riesgo la aplicación en fecha del código, cuya entrada en vigor ya ha sido postergada en varias oportunidades.