SECRETO PROFESIONAL

Escribanos se quejan de la ley antilavado

Para la Asociación, según su presidenta "se nos impone un rol que excede a nuestra profesión.

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Escribanos

La presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) Ana Ramírez Eula afirmó que es "fundamental" contribuir a "combatir el lavado de activos y el terrorismo", lo cual sostiene que está "fuera de discusión", al comentar aspectos de la ley antilavado.

"Sobre la base de nuestra experiencia como profesionales del derecho, consideramos que el ciudadano uruguayo es quien se verá perjudicado cada vez más al vulnerarse su derecho a la intimidad. Además, el propio secreto profesional ha sido vulnerado sin tener en cuenta que constituye un derecho inherente a todas las personas, que sin él se vería menoscabada la libertad individual", sostuvo Ramírez en un comunicado hecho llegar a El País.

Y dijo que "cualquier medidas antilavado que se adopte debería causar el menor daño posible", para protestar que "en este caso se ha desconocido la esencia de la profesión notarial".

"Ya se nos ha impuesto el contralor fiscal (ITP, IRPF, contribución inmobiliaria, impuesto de enseñanza primaria, certificado de BPS, entre otros) con la obligación de responder solidariamente para asegurar el cumplimiento de algunos de ellos", dijo la profesional, para agregar que "ahora se pretende que nos transformemos en el primer filtro contra el narcotráfico y el terrorismo, sin tener en cuenta que no contamos con las infraestructuras de logística ni de seguridad para desarrollar esa tarea, como sí la poseen otros sujetos de los obligados a reportar operaciones sospechosas como los bancos, casinos, compañías de seguros, financieras, casas de cambio, etc.".

Para la Asociación, según su presidenta "se nos impone un rol que excede a nuestra profesión. En él se pierden todas las garantías, tanto para quien contrata la prestación del servicio como para el profesional que interviene. Ese accionar viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Constitución, además de desconocer principios tales como la proporcionalidad y la racionalidad, que son fundamentales a la hora de adoptar medidas antilavado de activos".

La titular de la Asocaición dijo coincidir con el fiscal Jorge Díaz en cuanto a que "el secreto profesional del abogado protege la posición de su cliente en juicio y nunca puede ser levantado por terceros".

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