OPERADORES JUDICIALES DESENTRENADOS

Caos pautó primer día de vigencia de nuevo Código

Con presos hasta en las escaleras, fiscales no podían recibir las denuncias.

El nuevo Código del Proceso Penal comenzó con un paro por mejores condiciones laborales. Foto: F. Ponzetto
El nuevo Código del Proceso Penal comenzó con un paro por mejores condiciones laborales. Foto: F. Ponzetto

Presos ubicados en las escaleras, caída del sistema informático donde la Policía informa de los ilícitos a los fiscales y diferencias de criterios entre jueza, Fiscalía y la defensa de un detenido en el primer juicio realizado en Montevideo, pautaron el primer día de implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) en Uruguay.

A las 00:00 horas de ayer comenzó a regir el nuevo proceso penal de carácter acusatorio. El flamante sistema distingue claramente los roles de los operadores judiciales: la Fiscalía investiga y acusa si es necesario, la defensa asiste en igualdad de armas a su defendido y el juez se dedica a su función natural de juzgar. En las primeras horas de funcionamiento del nuevo sistema, la policía dio cuenta en todo el país de los asuntos a los fiscales, quienes dirigen las investigaciones de los casos.

Al desacople del nuevo sistema se sumó un paro total de los funcionarios judiciales, lo que llevó a que en los cuatro juicios públicos efectuados ayer —dos en Montevideo, uno en Florida y otro en Rocha— solo estuvieran presentes los operadores judiciales y los actuarios.

"Anoche (por la madrugada de ayer) dicen que fue un caos. Fue la primera noche que la Fiscalía se hizo cargo del turno. Aparentemente el Sippau (Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay) no funcionó en ningún momento", dijo a El País la presidenta de la gremial de Fiscales del Uruguay, Dora Domenech.

En el Sippau la Policía debe cargar las novedades sobre la existencia de ilícitos. Es decir, es un expediente penal virtual. Luego el fiscal se comunica con la Oficina Penal Centralizada de Montevideo para la solicitud de formalización de un juicio.

Fiscales asociados a la gremial habían señalado que estos hechos iban a producirse. "Inclusive no queremos que se nos haga responsables (a los fiscales) porque estamos advirtiendo desde hace tiempo que no había un engranaje ya pronto para (aplicar) el nuevo sistema", insistió Domenech.

En la mañana de ayer, el sistema de formalización de juicios del Poder Judicial rechazó un pedido de la Fiscalía. Había un error en un código. Es decir, el sistema no identificaba debidamente la solicitud de un nuevo juicio, según informó el Poder Judicial en su página web.

Un fiscal, que trabajó ayer, dijo que la caída del sistema informático paralizó su trabajo, ya que cuando intentaba abrir el expediente virtual cargado por la Policía, el programa lo sacaba del sistema.

En los casos de alta complejidad, los fiscales optaron por llamar por teléfono a la dependencia policial respectiva para interiorizarse sobre el caso. La falta de coordinación llevó a que la Policía llamara a cinco fiscales para informar sobre un mismo ilícito.

Una fuente de la Fiscalía General de la Nación dijo a El País que hubo contratiempos con el sistema informático (Sippau) que se fueron corrigiendo a lo largo de la jornada. Agregó que se seguirá trabajando en los próximos días para ajustar los detalles.

La Oficina Penal Centralizada funcionó correctamente con respecto al nuevo código. Sin embargo, las fallas estuvieron en la tramitación de los casos de la "cola de turno" (expedientes del viejo código).

Un juez dijo a El País que se estaba trabajando en el marco de un "caos mayúsculo" con funcionarios escasos y hacinados en un despacho pequeño y acumulación de audiencias por fallas de una computadora de un receptor. En las pantallas de las computadoras de los jueces aparecían expedientes subidos para sentencia, o sea, ya habían empezado a correr plazos. Sin embargo, nadie entregó en mano propia a los actuarios lo que figuraba en los monitores.

El martes 31, el Centro de Instrucción Criminal (CIC) fue cerrado. Los funcionarios, que iban a ser distribuidos a otros juzgados, se reunieron y se sacaron fotos a modo de despedida. Sin embargo, en la mañana de ayer cuatro fiscales fueron llamados de sorpresa para terminar con los expedientes que quedaron del turno pasado, dijo Domenech. "Quedaron muchísimas cosas para atrás. Tengo siete asuntos, entre ellos dos homicidios. Otros colegas tienen varios casos", agregó.

En uno de los juzgados que funciona bajo el sistema procesal antiguo, había 23 detenidos. Como no alcanzó el carcelaje, los presos fueron ubicados en las escaleras de la sede.

Denuncias.

Según información oficial hasta las 15:30 horas de ayer se recibieron 336 denuncias de hechos delictivos en todo el país.

La primera audiencia de formalización en el marco del nuevo CPP se produjo a las 16:00 horas de ayer en la ciudad de Florida, bajo la dirección de la Jueza Letrada, Annabel Gatto de Souza. Sobre la hora 17:00 ya se habían presentado solicitudes de formalización de juicios en Rocha, Maldonado y Montevideo.

Fiscales investigan por especialidad.

Los fiscales investigan por especialidad. Los fiscales en Flagrancia son Pablo Rivas, Adriana Edelman, Leonardo Morales y Gustavo Zubía. Los fiscales de Otros Delitos son cinco: Sandra Boragno, Adriana Costa, Gabriela Fosatti, Ricardo Percibale y Carlos Reyes. El fiscal Juan Gómez investigará homicidios. Los fiscales Mariela Luzzi y Diana Salvo indagarán sobre Delitos Sexuales y de Género. La fiscal Mónica Ferrero lo hará sobre casos de drogas. Los delitos económicos y contra la administración pública serán indagados por el fiscal Enrique Rodríguez. Antes de la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal, el fiscal de Corte, Jorge Díaz señalaba que la investigación por materia mejoraría la eficacia del sistema penal. "El proceso (del viejo código) es altamente ineficiente. En el año 2013 en Uruguay se realizaron 200.000 denuncias. De esas 200.000 solo 44.000 fueron llevadas ante los jueces. De esas 44.000, solo 9.127 terminaron en un auto de procesamiento", dijo Díaz.

PRIMER JUICIO PÚBLICO

Choque entre jueza, fiscalía y defensa

El primer juicio oral y público realizado en Montevideo duró apenas diez minutos. El acusado era un cuidacoches que había robado en el interior de dos autos en la madrugada de ayer.

La jueza María Rosa Aguirre abrió la audiencia a las 19:22 horas de ayer. El fiscal del caso fue Pablo Rivas y la defensora pública, Andrea Souto García.

El fiscal Rivas, que atiende el Juzgado de 6° Turno de Flagrancia, señaló en la audiencia que filmaciones del Ministerio del Interior probaban que el indagado había robado del interior de dos vehículos. El dueño de uno de los automóviles reconoció los objetos incautados por la Policía como suyos, dijo el fiscal Rivas.

La Fiscalía entendió que Ricardo S. era autor de dos hurtos, uno de ellos en grado de tentativa. Posteriormente, la jueza Aguirre dispuso el fin de la detención de Ricardo S. y la formación de la investigación penal. Luego levantó la audiencia.

El fiscal Rivas planteó a la jueza Aguirre que había llegado a un acuerdo con la defensa de suspensión condicional del proceso a cambio de que el acusado realice un tratamiento para superar su adicción a las drogas por 60 días y trabajos comunitarios. "Después de la formalización corresponde el acuerdo", insistió Rivas.

Aguirre dijo que hoy ambas partes podrían plantear el acuerdo por escrito.

La abogada defensora dijo a El País que la magistrada incurrió en "error procesal" porque el nuevo Código de Proceso Penal insiste en la oralidad del proceso.

Consultada la jueza Aguirre, señaló que ni Fiscalía ni la defensa se expidieron sobre el acuerdo que habían alcanzado. Enseguida agregó: "No hubo falla procesal. Lo que no está en el expediente, no existe".

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