FENÓMENO QUE SE EXTIENDE

Abogada amenazada por sindicalistas

Patricia Pritsch pidió protección policial; representó a empresario en juicio contra dirigente.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Un cartel colocado colocado en una ruta de Treinta y Tres generó una demanda penal. Foto: El País

Otra operadora judicial fue amenazada de muerte y esta vez en el marco de un conflicto sindical ocurrido en Treinta y Tres.

El miércoles 5, la abogada Patricia Pritsch denunció en la Jefatura olimareña que recibió amenazas y que fue seguida por cuatro individuos. Solicitó protección policial porque temía por su vida.

"Hoy de mañana (miércoles pasado) recibí una información anónima de que me cuidara, que no me metiera más con los trabajadores ni con el sindicato (alude al gremio que nuclea a los empleados de arroceras) porque iba a ser boleta", dice la denuncia realizada por la profesional, a la accedió El País.

El martes 4, Pritsch salió de su trabajo en la Intendencia de Tres y Tres. Cuatro muchachos cruzaron la calle y se dirigieron hacia ella. Pritsch apuró el paso y escuchó: "Agárrenla dos que yo le saco la cartera y no le va a quedar más ganas de meterse con los trabajadores".

Pritsch trató de alejarse. Vio abierta la peluquería de "Shirley Peinados" y se tiró hacia el interior del comercio. Luego pidió a la dueña que trancara la puerta. Los cuatro muchachos seguían afuera y miraban hacia dentro del comercio.

En la denuncia, Pritsch relató que pensó que se trataba de un hecho aislado y no llamó a la Policía. Fue llevada a su casa por personas conocidas que se encontraban en la peluquería.

El lunes 3, el día anterior, Pritsch había representado a un empresario arrocero en un juicio por difamación e injurias contra un dirigente del Pit-Cnt, señaló en su denuncia a la Policía. Dos días más tarde, padeció un segundo incidente. "Ahí me di cuenta que el episodio de ayer (con los cuatro muchachos) no fue un hecho aislado y decido presentarme ante ustedes a realizar la denuncia", señala el documento.

Juicio.

Un cartel colocado en una ruta nacional en el marco de un conflicto entre un empresario arrocero y gremialistas señaló: "R.T. reprime a trabajadores sindicalizados además de amenazarlos con arma blanca. Unatra. Sutaa". El empresario acusado en el cartel se contactó con Pritsch para presentar una denuncia judicial por difamación e injurias luego que la imagen del cartel se viralizó en las redes sociales.

Según el empresario demandante, el impulsor de dicha viralización era un trabajador vinculado al sindicato que firma el cartel.

El lunes 3 de julio se celebró una audiencia en el Juzgado Penal contra el dirigente del Pit-Cnt, R.O. en el marco de un juicio por un delito de difamación e injurias.

"Asimismo quiero aclarar que ese juicio fue producto del exceso en el accionar por parte de sindicalistas, derivado de situaciones anteriores por reclamos laborales en el Ministerio de Trabajo hechas por empleados de R.T.", expresa la denuncia de Pritsch.

En el Juzgado, el empresario y el dirigente sindical llegaron a un acuerdo de retractación: "El señor R.O. en su calidad de representante de Sutaa se retracta de las expresiones vertidas en el cartel de fojas 16 (del expediente) y expresa que no le consta al día de hoy que el señor R.T. reprima trabajadores sindicalizados ni amenaza con arma blanca a sus empleados".

El acuerdo sostiene, además, que la retractación del dirigente sindical R.O. será emitida por única vez en la radio FM Conquistador y también deberá ser colgada en la página de Facebook del sindicalista por un plazo de tres días.

En la denuncia, Pritsch relató que en Treinta y Tres las rapiñas son inexistentes y que no quería ser protagonista del primer caso de ajuste de cuentas en esa ciudad.

"Es la primera vez que me pasa".

El juicio penal por difamación e injurias tuvo un alto perfil mediático en Treinta y Tres. La abogada Patricia Pritsch relacionó la amenaza de muerte con "los recientes hechos de violencia contra los actores jurídicos (jueces, abogados, actuarios, etc.)". A la Policía, Pritsch le dijo que este tipo de incidentes no son comunes en su vida profesional. "Es la primera vez que me pasa algo así", declaró.

ATAQUES A OPERADORES.

Cuando el miedo llega a juzgados.

En diciembre de 2016, una fiscal penal, de larga trayectoria, sufrió amenazas de muerte realizadas por una poderosa organización vinculada al crimen organizado que opera en el Cerro y que tiene fuerte influencia entre reclusos del Penal de Libertad.

El 24 de mayo de este año, un individuo intentó asesinar al conocido penalista Gustavo Bordes en su estudio ubicado en la Ciudad Vieja. El atacante redujo a la secretaria de Bordes y amartilló el arma que llevaba en la cabeza del profesional. El juez José María Gómez lo procesó con prisión por homicidio en grado de tentativa con un delito de privación de libertad y otro de hurto en grado de tentativa. El fiscal fue Gustavo Zubía.

El 31 de mayo pasado, una fiscal y una jueza penal fueron amenazadas de muerte por dos integrantes vinculados al crimen organizado acusados de homicidios efectuados en la zona del Cerro. El incidente ocurrió en el juzgado penal de 2° Turno.

El fiscal Zubía y el juez José María Gómez fueron amenazados de muerte.

El 9 de junio pasado, la Suprema Corte de Justicia resolvió elevar los niveles de protección en los ingresos de los juzgados penales con mayores controles policiales.

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