Uruguay se precia de tener una política energética consensuada entre todos los partidos, desde 2010.

Bajo este marco se ha impulsado un ambicioso plan energético que involucra al sector público y privado, orientado a diversificar la matriz energética a partir de la introducción de las energías renovables y del gas natural, y a impulsar el desarrollo de la exploración de hidrocarburos en territorio nacional.

El plan comenzó con señales alentadoras: el sector privado mostró interés en los proyectos de energía eólica, con una oferta que superó las expectativas; empresas líderes respondieron a las Rondas Uruguay para la prospección y exploración de hidrocarburos off shore y on shore. Por su parte, el Estado emprendió un ambicioso plan de obras: la construcción de la regasificadora, la central de Ciclo Combinado, granjas eólicas propias y la terminación de la interconexión con Brasil. Realmente, un dinamismo inusitado para el Uruguay.

Sí se podían marcar observaciones, más sobre aspectos de implementación que con la política en sí. Algunas de estas alertas son a nuestro juicio relevantes:

El "mix" de generación que resultará, con mucho más eólica que la que inicialmente se había planificado, reduce el espacio del gas natural y complica el aprovechamiento de la nueva terminal regasificadora. Como en todo portafolio, la composición del mismo debe ser la adecuada para minimizar el costo y no perder flexibilidad.

La terminal regasificadora contratada tiene una escala para la que no existe demanda nacional: se debe recurrir ineludiblemente a la exportación de gas. Sin negocios de exportación previsibles y continuos, las compras de gas serán difíciles de planificar y los costos asociados muy elevados.

Es necesario invertir en la red de transmisión y distribución eléctrica en forma equilibrada con el desarrollo de la generación, evitando un sesgo que afecte la calidad de servicio.

Es necesario revisar la política de biocombustibles, su alcance, inversiones y el nivel de subsidio aplicado, a la luz de la experiencia concreta recorrida, y de los cambios en el contexto nacional e internacional de los hidrocarburos.

Asimismo, además de avanzar en los temas puramente energéticos, continúa siendo imprescindible avanzar en la mejora de la institucionalidad y de las normas de gobierno corporativo de las empresas públicas, principales actores en el desarrollo de la política.

Lo que viene sucediendo desde fines de 2014 ha implicado un fuerte stress sobre los planes energéticos en curso.

En efecto, el fortalecimiento del dólar y la posible suba en las tasas de interés internacionales impacta en los costos y en el financiamiento de las nuevas inversiones requeridas, que son cuantiosas. Por otro lado, la situación fiscal general y la de las empresas públicas en particular restringe la capacidad de invertir fondos públicos al nivel requerido en los años que vienen. Asimismo, los problemas en las principales obras en curso (la terminal regasificadora y la central de Ciclo Combinado), generan incertidumbre sobre la marcha del plan que se reflejarán, como mínimo, en atrasos e incrementos de costos.

En el frente externo también hay cambios relevantes. La baja del precio internacional del petróleo, aunque puede ser relativamente coyuntural y positiva en términos generales, encarece en términos relativos las energías renovables, a la vez que retrasa los proyectos off shore. Por otra parte, el comienzo de la explotación de shale gas en Vaca Muerta junto con el cambio de gobierno argentino, significarán cambios que llevarán paulatinamente a aumentar su oferta de gas.

Finalmente, en el frente político, la controversia sobre los resultados muy negativos de algunas de las empresas públicas podría resquebrajar el acuerdo nacional en torno a los planes en curso y debilitaría la política energética, en una coyuntura ya de por sí complicada.

En suma, hay una serie de contingencias por las que nuestro sector energético debe navegar, y es en estas coyunturas donde se pone a prueba la robustez de un plan energético. ¿Tiene la flexibilidad requerida? ¿Puede adaptarse a la nueva situación? Es vital que la política energética pase por esta situación de stress con éxito, a riesgo de que nuestro país sufra un bloqueo en el desarrollo de su infraestructura energética que sería muy grave.

A menudo en nuestro país —y sobre todo en el sector público— se tiende a pensar en términos lineales, y una vez que lanzamos un plan pensamos que "está escrito en mármol". En realidad, lo que debe mantenerse es la política, y si su implementación concreta requiere ajustes, que sean bienvenidos. El valor de la diversificación está en la flexibilidad. Si el portafolio que se planteó requiere ajustes o reperfilamiento de proyectos, cuanto antes se realice, mejor.

Este tipo de discusión, la de los proyectos a reperfilar y los ajustes en la composición del portafolio —junto con la de la gobernanza del sistema que venimos impulsando— es la que deberíamos encarar cuanto antes. En la solución de estos problemas se juega no solo la permanencia de la política energética, sino la posibilidad de que el país pueda contar con una infraestructura energética competitiva.

Universidad Católica - Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable