A falta de dos semanas para finalizar el plan, de los 1.200 millones de euros presupuestados solo se han gastado 182 millones y apenas reciben el subsidio el 25% de los beneficiarios previstos.

Se mire por donde se mire, la última ayuda a desempleados puesta en marcha por el gobierno español es un fracaso. Se está quedando lejísimos de sus objetivos. Si se observa por el lado de los desempleados a los que ha llegado la ayuda, apenas la han cobrado o la cobran poco más del 25% de los beneficiarios potenciales calculados (105.500 de 400.000).

Si se analiza por el lado del presupuesto, la distancia es aún mayor: de los 1.200 millones de euros consignados solo se han gastado 182 millones, a falta de que el programa venza el próximo 15 de abril, según datos del Ministerio de Empleo.

El Plan de Activación del Empleo ha sido el único gran acuerdo social de la legislatura. Los sindicatos UGT y CC OO, las patronales CEOE y Cepyme y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, firmaron el pacto en diciembre de 2014 en La Moncloa bajo la mirada del presidente Mariano Rajoy.

Era, en teoría, el primer paso de algo más ambicioso: la elaboración de un mapa de prestaciones estatales, autonómicas y locales que permitiera reordenar las diferentes ayudas que hay en España para afrontar con más eficacia las consecuencia de la crisis.

El objetivo de este primer paso era dar una ayuda de 426 euros mensuales durante seis meses a unos 400.000 desempleados de larga duración (más de un año de trabajo). Esto supondría elevar en unos diez puntos porcentuales la tasa de cobertura oficial frente al desempleo, entonces en el 57,6%.

Esa tasa es otra prueba de que a falta de apenas dos semanas para que el plan venza, se extendía entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016, sus objetivos se incumplirán por mucho.

En este tiempo no solo no ha aumentado la cobertura sino que ha caído, al 55,7%. Un dato más que se suma al bajísimo grado de ejecución presupuestaria: apenas se ha gastado el 15% de lo previsto, lo que ha provocado que sobre más de 1.000 millones de lo destinado inicialmente.

Esta cantidad probablemente bajará algo en los próximos meses. Aunque el plazo de solicitud de la ayuda acaba en dos semanas, los beneficiarios pueden cobrarla durante medio año, hasta octubre en los últimos casos.

A estos datos hay que sumar las cifras de beneficiarios. Los 105.544 que tienen la ayuda reconocida hasta febrero están lejos, incluso, de los 270.000 beneficiarios que pensaba Empleo que cumplían con los requisitos de la ayuda cuando echó a andar (a estos se sumarían unos 130.000 en los meses siguientes). Y hay otro número más: solo 14.000 de los participantes en el plan se han reincorporado al mundo laboral.

El programa encontró problemas casi desde el primer momento. En una orden interna, los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) restringieron el acceso a la ayuda a todos aquellos parados cumpliendo las condiciones, hubieran pasado previamente por todas las otras que tiene el Ministerio de Empleo (prestación contributiva, subsidio, renta activa de Inserción, plan Prepara).

Con lo que quedaba limitada a un salvavidas de último recurso. Los sindicatos protestaron y la Administración rectificó. No obstante, todavía ahora se aprecian las consecuencias de aquella restricción inicial: de un total de 52.135 solicitudes rechazadas, más de 10.586 (el 20%) lo son por ese motivo, la primera causa.

Por su parte, el Ministerio no ofrece explicaciones de por qué esta ayuda ha quedado tan lejos de los objetivos anunciados por todas las partes pese a que sigue habiendo un número ingente de parados que no percibe ayuda alguna, casi dos millones si se atiende a los datos del SEPE y 3,5 millones con los datos de la EPA.

Sí que apuntan que ya han puesto en marcha la evaluación y han pedido a las comunidades autónomas —responsables de las políticas activas de empleo— su propio examen de cómo ha ido la medida.

Apenas reciben el subsidio el 25% de los beneficiarios previstos