1/2:  20130207 316x185 ()

2/2:  20130207 800x536 ()

El Poder Ejecutivo prevé que los dueños de los predios afectados a la minería de gran porte reciban un canon que sea hasta doce veces el valor del área afectada a la intervención directa. Por 200 hectáreas recibirán US$ 250.000 al año.

El Parlamento afina el proyecto de ley que establece condiciones para lo que se denominó "Minería de Gran Porte" y abarca a aquellos megaemprendimientos que requieran de una inversión que supere los US$ 100 millones y obtengan una cifra similar por la venta del producto obtenido.

Aratirí proyecta extraer hierro en la zona de Valentines. Su plan de negocios prevé 18 millones de toneladas anuales y una inversión de US$ 3.000 millones. Los productores agropecuarios de la zona ya han manifestado su resistencia, pues afirman que la actividad minera inutilizará sus predios.

El Ejecutivo propuso al Parlamento un mecanismo para compensar a los propietarios de los predios involucrados en áreas de intervención y en áreas linderas.

El proyecto prevé un tope anual equivalente a 12 veces el valor de arrendamiento para áreas de intervención directa (donde se ejecutan directamente las actividades de extracción de minerales), 6 veces para áreas de intervención indirecta (dedicada a la ejecución de las demás actividades) y 3 veces para predios linderos (ubicados hasta 100 metros de distancia exterior del perímetro del área de concesión para explotar).

"De esta forma, se entiende que se realiza una compensación razonable por el lucro cesante derivado de la utilización del predio para fines de minería y que es un nivel de remuneración adecuada por la utilización de esas tierras", explicó el miércoles ante la Comisión Especial sobre Minería de Gran Porte el jefe de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller.

El Ejecutivo presentó ante los legisladores un simulador en base a valores actuales de arrendamiento por hectárea del orden de US$ 103 (promedio) para predios ganaderos o agrícolas ganaderos de la zona.

La propuesta concreta de reparto del canon y topes implicaría un monto anual por hectárea de US$ 1.230 máximo para propietarios de tierras de áreas de intervención directa, US$ 615 para propietarios de tierras de áreas de intervención indirecta y US$ 308 anuales para propietarios de tierras ubicadas hasta 100 metros de distancia de las áreas de intervención.

Masoller admitió que los predios no tendrán más uso productivo una vez que se termine la extracción del metal. En el caso de Aratirí el proyecto se presentó sobre la base de 15 años de trabajo de extracción.

"Básicamente, el propietario de esa tierra que no tendría más uso productivo estaría recibiendo en compensación, aproximadamente, unos US$ 9.350, según el cálculo que se hace. Es decir que recibiría tres o cuatro veces el valor de mercado que podría obtener si vendiera la tierra en ese momento. El objetivo que persigue el canon es resarcir al productor por el daño y por el lucro cesante ocasionado, y se lo estimó a los efectos de que efectivamente fuera un pago muy importante que compensara el hecho de que la tierra va a dejar de producir", explicó Masoller.

El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, detalló las simulaciones que hizo el Poder Ejecutivo.

"Si alguien tiene una explotación con un pozo, seguramente, al lado tenga el depósito de materiales y los cien metros de área lindera. Quiere decir que le tocan tres retribuciones", indicó.

Señaló que para una típica explotación en la zona de Valentines, con Índice Coneat 67, que no tiene grandes mejoras en ninguno de sus campos, se establece un tope de doce precios de mercado para el alquiler del área.

"Lo multiplicamos por la zona respectiva y para doscientas hectáreas da US$ 175.000 de compensación para el área de intervención directa, US$ 87.600 para la indirecta y US$ 43.800 para la lindera. Para un campo de doscientas hectáreas esto suma unos US$ 250.000 o US$ 300.000 por año, que se podrán discutir, pero, sin duda, son cifras importantes", afirmó Kreimerman.

El diputado José Carlos Cardoso (PN) advirtió que los predios "desaparecen" cuando se desarrolla un emprendimiento minero. "Tendremos que debatir este tema y analizar hasta dónde no se trata de una compra indirecta y, si es así, por qué no se utiliza el procedimiento de la expropiación previa", dijo.

El diputado Jaime Trobo (PN) consideró que el mecanismo de resarcimiento es "muy capitalista" pues no tiene en cuenta aspectos culturales y sociales en el campo.

Aratirí. El emprendimiento para la extracción de Concentrado de Hierro en Valentines prevé 18 millones de toneladas al año y una inversión de US$ 3.000 millones. Creará 1.500 puestos de trabajo.

Gladiator Resourses. Prospección de hierro en Cristalina Belt (Rivera) proyecta extraer 400.000 toneladas al año de arrabio. Invertirá US$ 360 millones y creará 300 empleos.

Orosur. Explotación de oro y plata. Está en producción y factura US$ 80 millones al año. Emplea 300 personas.