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HORACIO BAFICO / GUSTAVO MICHELIN

El Poder Ejecutivo presentó las pautas generales para la próxima ronda de los Consejos de Salario y los criterios que se fijan para esta instancia son conceptualmente idénticos a los de la ronda anterior. El uso de la misma herramienta entra en contradicción con el diagnóstico tan diferente que rige para el contexto macroeconómico de los próximos tres años. El riesgo que se corre es que exista un impacto negativo sobre el nivel de empleo, que a su vez debilite por exceso la demanda interna y la confianza en el consumo, empeorando las dificultades con el nivel de actividad.

La pauta fijada procura acuerdos a largo plazo (3 años) con ajustes anuales. Pide que exista un componente que refleje la inflación esperada para mantener el poder adquisitivo de los salarios y dos componentes de crecimiento real, uno basado en la evolución de la economía y otro en el sector de actividad fruto del convenio.

Debido a las diferencias entre la inflación observada y la esperada, se prevé un correctivo por el diferencial al finalizar cada año. De hecho, en el primer ajuste hay que agregar un correctivo por inflación correspondiente al convenio anterior que ronda el 3%. Al finalizar el período del acuerdo, se propone un ajuste entre la evolución real de los componentes de actividad y los estimados en oportunidad de cada aumento.

CAÍDA. El convenio anterior data de 2010. Por aquel entonces la economía estaba creciendo a un ritmo muy acelerado, inmersa en un contexto internacional extremadamente favorable. El PIB mundial estaba creciendo al 5% anual, existían presiones inflacionarias estimuladas por una demanda creciente. En ese contexto, más allá de la calidad de los propuestos para el ajuste salarial, teóricamente vinculados a la productividad, era dable esperar una mejora real de los salarios.

Hoy día el contexto internacional es totalmente distinto. Europa está en recesión, la economía estadounidense no termina de despegar, China se está desacelerando, lo mismo acontece en Brasil y Argentina donde se acerca a pasos agigantados a una recesión. En este contexto, las antiguas presiones inflacionarias se transforman en deflacionarias.

Los recientes anuncios del ministro de Economía en oportunidad de presentar la Rendición de Cuentas son elocuentes en cuanto a las preocupaciones del gobierno respecto a la inflación doméstica. El mantenimiento de una política monetaria contractiva habla a las claras de las prioridades en el combate a la inflación. Si hay empresas que van a sufrir más que otras la pérdida de competitividad y la caída de la demanda, entonces los convenios que ponen criterios y salarios mínimos generales son un problema.

INFLACIÓN. Luego de un período largo de crecimiento del poder adquisitivo de los salarios con pérdida de competitividad de la economía, mantener en forma rígida el nivel del salario real con una cláusula indexatoria puede desembocar en desempleo. El sentido de prudencia diría que la coyuntura internacional impone un criterio de prudencia con mayor flexibilidad a nivel de empresas para salvar puestos de trabajo si es necesario.

En primer lugar no todos los bienes registran el mismo nivel de variación de precios. En los tres últimos años la inflación fue de 25% pero los precios de bienes transables aumentaron 19% y los de los no transables 33%. A su vez, en un contexto de inflación descendente como el que apunta el gobierno, el mecanismo de indexación propuesto implica que el salario real pierde menos poder adquisitivo pero la contracara es un mayor costo para la empresa. En momentos en que cae la demanda esto representa un nivel de esfuerzo adicional que reduce la capacidad de competencia y el nivel de actividad.

AUMENTO REAL. La pauta fija los mismos criterios de crecimiento que el convenio anterior, en particular el componente de aumento del PIB por persona empleada, agregando más dificultades a las empresas que están luchando por sostener su participación en el mercado. El contexto macroeconómico que prevalecerá durante estos convenios es más heterogéneo que en el pasado y el crecimiento del PIB puede provenir de un promedio de actividades y empresas que enfrenten caídas muy grandes y otras con fuerte expansión.

A su vez, es un falso criterio de productividad de la mano de obra, máxime en los momentos actuales en los que la economía ha alcanzado el pleno empleo de su fuerza laboral. En este contexto, el crecimiento solo es posible si aumenta la inversión y se hace un mejor uso de los factores productivos. En definitiva, tanto el trabajo como el capital contribuyen al crecimiento del PIB, por lo que no se le puede atribuir totalmente a la mano de obra.

RESULTANTE. Tal como están diseñadas las pautas, el menor aumento posible, correspondiente a actividades en dificultades cuyos indicadores sectoriales sean negativos se ubicaría en el 9,6%. Se llega a esa cifra considerando el 5% de inflación esperada, el 3% de ajuste por desvío en la inflación y 1,36%, que es el 50% del aumento esperado del PIB por persona ocupada (2,72%) de acuerdo a las expectativas del mercado que divulga mensualmente el BCU, y sin considerar componentes sectoriales.

Se trata de aumentos considerables que impactan negativamente en la competitividad y por consiguiente, pueden afectar el empleo. La propia presentación del Poder Ejecutivo refleja el aumento que ha experimentado en los últimos meses el número de personas en seguro de paro, 23% en lo que va del año.