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Todos los ginecólogos de Salto y la casi totalidad de los especialistas de Tacuarembó y Paysandú presentaron objeción de conciencia para no hacer abortos. En otros departamentos son mayoría los que se oponen a interrumpir embarazos.

En al menos tres departamentos del interior del país habrá problemas para prestar el servicio de interrupción del embarazo, pues la gran mayoría de los ginecólogos que cubren la asistencia pública y privada presentaron objeción de conciencia para no realizar abortos.

En Salto hay 12 ginecólogos y los 12 objetaron la posibilidad de hacer abortos. En Tacuarembó lo hicieron siete de los ocho profesionales disponibles y en Paysandú 15 de los 16 especialistas con los que cuenta el departamento.

El director del Hospital de Salto, Pablo Cesio, dijo a El País que están trabajando en distintas fórmulas que permitan prestar el servicio, aunque sabe que lo más probable es que se terminen derivando los casos a otros centros de salud de la región o al Hospital Pereira Rossell en Montevideo.

Cesio aclaró que hasta el momento no se habían registrado consultas por aborto en el hospital de Salto.

María del Luján Chiesa, una de las ginecólogas salteñas que firmó la objeción de conciencia, señaló que "se tendrá que derivar" a las pacientes, porque "ningún ginecólogo en Salto va a hacer el procedimiento".

Dijo que sí se asesorará a las embarazadas sobre los pros y los contras de la interrupción y si pasados los cinco días de reflexión que establece la ley la mujer decide abortar, "automáticamente se la derivará".

Chiesa fue una de las médicas que firmó un recurso para impugnar el decreto reglamentario de la ley que despenaliza el aborto.

Fuentes de la Federación Médica del Interior (FEMI) comentaron a El País que les llama la atención el alto número de objeciones de conciencia en estos y otros departamentos del interior del país. Y no descartaron que pueda existir una "cuestión corporativa" en respuesta a un reciente acuerdo laboral que el Sindicato Médico firmó con las mutualistas y que la Sociedad de Ginecotocología (que está incluida en el convenio) rechaza. El presidente del gremio, Gustavo Ferreiro, dijo no estar al tanto de las objeciones de sus colegas en el interior.

OBJECIONES. La mitad de los ginecólogos de la prestadora privada de salud de Cerro Largo ha presentado objeción de conciencia. El presidente de la mutualista, Ricardo Caballero, apuntó que pretenden que esos médicos "se sientan respaldados por nosotros pese a su objeción". En el hospital público, de los tres ginecólogos que hay ninguno objetó el servicio, informó el director del centro de salud, Leandro Santos.

En la ciudad de Rocha, el 60% de los ginecólogos hicieron objeción de conciencia.

En la ciudad de Young, en Río Negro, cuatro ginecólogos objetaron el servicio. Es el 100% de los especialistas disponibles en esa localidad.

En Fray Bentos la situación es radicalmente opuesta. "Hay cuatro ginecólogos residiendo en la ciudad y todos trabajando para el hospital. Hasta el momento ninguno ha hecho objeción de conciencia", dijo el director del hospital, Jorge De Giobbi.

En el hospital "Elbio Rivero" de Maldonado ninguno de sus 17 ginecólogos apeló a la objeción de conciencia, indicó a El País el responsable del área, Roberto Sergio.

Sin embargo, el servicio de interrupción del embarazo aún no está operativo. "Tenemos un problema con la estructura de las policlínicas. Acá tenemos que cumplir con una ley que establece la existencia de un equipo que, en este caso, no lo tenemos. No lo tenemos porque no tenemos los recursos humanos. En este momento no tenemos asistente social exclusivamente para la policlínica", explicó Sergio.

La ley obliga a que cada institución de salud disponga de un equipo multidisciplinario integrado por un psicólogo o psiquiatra, un asistente social y un ginecólogo. Este equipo es el que debe asesorar e informar a la mujer sobre la interrupción del embarazo .

"Asistente social no tenemos. Por eso no podemos hoy cumplir ciento por ciento con lo que establece la ley. Yo puedo hacer todo lo que me dice la ley, menos tener el equipo completo. Hoy por hoy vamos a encaminar todo al Hospital Pereira Rossell. Fue una decisión que se tomó y que fue anunciada a las autoridades", dijo el funcionario del Hospital de Maldonado.

En todo el departamento de Durazno hay nueve ginecólogos. En la mutualista hay ocho y solo uno hizo objeción de conciencia. Se trata de Luis Aycaguer, que además consideró que "con esta ley se pude abrir la puerta para más abortos".

El médico sostuvo que la normativa tienen una aplicación "muy engorrosa" y por tanto generará que se "hagan abortos sin avisar nada como se han hecho hasta ahora". Aycaguer dijo que si no le daban la opción de objetar este servicio, hubiera renunciado.

En Artigas no se había presentado ninguna objeción hasta el momento.

En Rivera, la directora departamental de Salud, Aída Gonzálvez, anunció que hará una ronda consultando a los médicos para saber su posición. Víctor Recchi, ginecólogo encargado de la policlínica de Salud Sexual y Reproductiva del hospital riverense, dijo a El país que ayer hubo una reunión con representantes de las mutualistas donde se acordó mantener el convenio de complementación para poder brindar el servicio de interrupción del embarazo.

Las 3.000 dosis de mifepristona, un fármaco que se administra vía oral y bloquea la acción de la progesterona (hormona necesaria para la continuidad del embarazo), llegaron a Uruguay en esta semana y en los próximos días se comenzará a distribuir, informó a El País la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi. Si bien cada centro asistencial podrá pedir las dosis que crea necesarias, hay máximos permitidos dependiendo de las características de la institución. "Una institución no se puede llevar todo el stock y por eso planificamos cómo debería ser la distribución para que no haya dificultades", comentó. El Ministerio de Salud Pública ya solicitó una nueva importación del fármaco y monitorea que exista suficiente stock de misoprostol. La utilización de la mifepristona en simultáneo con el misoprostol es recomendada en la guía médica redactada para instrumentar los abortos.

Un grupo de ginecólogos, entre los que figuran catedráticos y excatedráticos de ginecología, argumentaron ayer su postura en contra de la ley que despenaliza el aborto y explicaron las razones por las cuales están promoviendo un recurso de impugnación contra el decreto reglamentario.

"La ley violenta un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, especialmente de alguien a quien no se consulta, que no tiene voz, que no tiene voto, que no tiene peso, y que es el embrión", dijo Ricardo Pou, exprofesor de la Clínica Ginecotocológica del Hospital Pereira Rossell. "Esa ley fue gestada al margen de los profesionales involucrados más o menos directamente, ni siquiera se consultó a las sociedades y corporaciones científicas que a nosotros nos agrupan", agregó y cuestionó el manejo de la objeción de conciencia, "que es el aspecto negativo de algo positivo que es la libertad de la conciencia".

Washington Lauría, catedrático y profesor titular (grado 5) de la Clínica Ginecotocológica B del Hospital de Clínicas, cuestionó que la ley "adolece de un montón de vicios de forma, hechos inconstitucionales, limita mucho el accionar médico y no es una solución de fondo al problema".

Justo Alonso, catedrático y profesor titular (grado 5) de la Clínica Ginecotocológica C del Pereira Rossell, señaló que hay una "inadmisible intromisión del MSP en la relación médico-paciente, que debe basarse en la confidencialidad y la autonomía. El MSP no nos puede decir cómo tenemos que tratar cada uno de los casos, a cada uno de nuestros pacientes. Los médicos trabajamos con ética y para los médicos la ética está por arriba de la ley".