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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló una resolución dictada en octubre de 2007 por la Dirección General Impositiva (DGI) que concluyó que los cuatro bancos extranjeros socios del antiguo banco Comercial generaron deudas tributarias por su actividad en Uruguay.

La resolución del TCA, adoptada por unanimidad de sus cinco ministros, favoreció a Chemical, JPMorgan Chase, Credit Suisse y Dresdner Lateinamerika, instituciones a las que la DGI les reclamaba más de US$ 85 millones.

El organismo recaudador responsabilizó a los bancos extranjeros por una deuda de la compañía San Luis, que se ocupaba del gerenciamiento del Banco Comercial.

A criterio de la DGI, San Luis actuó en Uruguay sin registrarse y, por ese motivo, debe considerarse como una sociedad irregular, lo que permitiría responsabilizar a sus accionistas por sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, el TCA, tras analizar el recurso de nulidad presentado por los cuatro bancos extranjeros, le dio la razón a las instituciones y en una sentencia notificada el viernes 14, dejó sin efecto la resolución de la DGI.

La sentencia concluye que el organismo recaudador no invocó ninguna norma legal que lo habilite a responsabilizar a Chemical, JPMorgan Chase, Credit Suisse y Dresd-ner Lateinamerika por las deudas de San Luis.

El TCA señaló que los bancos extranjeros no dirigían ni administraban las tareas de la sociedad que gerenciaba al Comercial, por lo que no pueden ser responsabilizados.

La sentencia -redactada por el ministro Eduardo Lombardi y firmada por los magistrados Mariela Sassón, Jaime Monserrat, Dardo Preza y Ricardo Harriague- cuestiona que la DGI, para sustentar su posición, se basó en "normas cuya naturaleza no es estrictamente tributaria".

De esa forma, para el TCA, la DGI utilizó esas normativas "para terminar justificando la declaración de responsabilidad solidaria e ilimitada sobre los tributos determinados y lo que es todavía más grave, sobre las infracciones imputadas a la contribuyente SLFIC (San Luis)".

Por tal motivo, los magistrados entendieron que la posición del organismo recaudador "carece de asidero normativo que la legitime".

Hace varios meses, el gobierno acordó con los bancos extranjeros para pagarles US$ 70 millones, lo que implica una quita de US$ 48,3 millones. El acuerdo depende de que la Justicia levante un embargo trabado contra la Compañía General de Negocios.

HISTÓRICO. El abogado Alberto Varela, socio del Estudio Ferrere, quien representó a los exsocios del Comercial ante el TCA, dijo a El País que se trata de un "fallo histórico por el monto implicado y por la seriedad de los bancos".

La sentencia "es una nueva demostración del correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Este tipo de circunstancias confirman que Uruguay es un país en el que vale la pena invertir y arriesgar", subrayó Varela.

El abogado también destacó "la solidez jurídica" de la resolución del TCA, porque por unanimidad, los cinco ministros "llegaron a la conclusión de que los bancos no le debían ni un peso a la DGI".

Varela dijo que el organismo recaudador, en base a su posición de que existía una deuda, trabó embargos preventivos contra las instituciones bancarias extranjeras, los cuales ahora, con el pronunciamiento del TCA, deberán levantarse.