1/2:  20110618 353x800 ()

2/2:  20110618 800x406 ()

EDUARDO BARRENECHE

En Uruguay es fácil espiar a una persona. La tecnología para hacerlo es accesible en la región. Son varias las unidades policiales que realizan esa tarea. Jueces y fiscales coinciden en que una sola repartición debería encargarse de las escuchas.

Un micrófono disimulado en una calculadora o en una lapicera son materiales que se pueden adquirir por unos US$ 750 en una tienda de Buenos Aires. Otros equipos de escucha a distancia -entre 200 y 300 metros- también se pueden comprar por US$ 2.400. La venta de estos aparatos es libre.

En Buenos Aires se venden celulares "interceptores" que permiten captar llamadas y mensajes de texto provenientes del aparato espiado. Su costo es de unos US$ 3.500.

El bloqueador de celulares es un aparato que ha sido utilizado varias veces por reparticiones policiales y castrenses uruguayas en las visitas de mandatarios extranjeros. Provoca que, en un radio de varias cuadras, dejen de funcionar los celulares. El precio de este equipo ronda los US$ 900 en Buenos Aires.

Un equipo de estas características compró el Ministerio de Defensa uruguayo en forma reciente a un proveedor israelí (ver nota adjunta).

Meses atrás, otro empresario israelí ofreció al Ministerio del Interior un chip que se instala en un celular y lo transforma en un micrófono que permite escuchar todas las conversaciones cercanas, dijeron a El País fuentes de la Jefatura de Montevideo. Ese aparato fue creado para casos de secuestros de personas por grupos terroristas.

Un segundo "sistema" de espionaje es la utilización de "fuentes vivas" con acceso a los listados de teléfonos de las tres empresas de celulares.

Los celulares utilizan una frecuencia de radio. Conociendo el número de teléfono y de la frecuencia radial del celular, el espía puede escuchar las llamadas de ese teléfono a través de un equipo receptor que vale apenas US$ 500 en Buenos Aires. En caso de no poseer el número, le basta con ponerse a poca distancia del origen de la llamada y captarla a través de un aparato con scanner que pueda alcanzar la frecuencia del celular espiado.

El mercado de espías también posee múltiples mecanismos para evitar ser escuchados. Son los llamados aparatos "contramedidas".

La mayoría de ellos son de origen israelí. Por ejemplo, existen "inhibidores de celulares" que ocultan la frecuencia utilizado por ese aparato. Su precio oscila entre US$ 490 y US$ 690 en la capital argentina.

PINCHAZOS. En Uruguay hay cuatro servicios que poseen medios tecnológicos para realizar escuchas telefónicas: la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), Inteligencia policial, Inteligencia militar y Aduanas.

Todas las fuentes consultadas reconocieron que la mayoría de los "pinchazos" telefónicos se efectúan mediante autorización judicial. Sin embargo, existen varias estrategias para obviar esa solicitud.

Las fuentes mencionaron que, en algunos casos, se efectúan escuchas telefónicas a un sospechoso y luego estas se "blanquean" al solicitar la autorización judicial y todo el material -recogido antes y después de la orden- es utilizado como prueba en el expediente judicial. Agregaron que, en otros casos, policías y efectivos castrenses hicieron un uso indebido o incorrecto de ese material.

La jueza especializada Graciela Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe ordenaron a una repartición policial efectuar una escucha telefónica a un indagado por un delito.

En las grabaciones no surgían pruebas sobre ese ilícito pero sí otros, hecho que no se informó al Juzgado. El fiscal Perciballe resolvió escuchar él mismo esas grabaciones y detectó esa situación. Perciballe pidió el procesamiento del indagado por un delito más grave y ordenó dar cuenta de la omisión policial al Ministerio del Interior.

En otro caso, el juez Rolando Vomero procesó a funcionarios de Prefectura por informar a un jefe narco que los teléfonos de integrantes de su organización estaban siendo escuchados en el marco de una investigación.

En otros países, advirtieron las fuentes, las escuchas telefónicas las hace una policía judicial que está más cercana al magistrado y otorga más garantías que varias unidades policiales actuando en forma desconcentrada.

El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe, dijo en el Parlamento que "tenemos cierto consenso con los jueces, aunque es un tema más del Poder Ejecutivo, pero es importante: la necesidad de que sea una unidad policial única la que centralice todas las interceptaciones. Hoy tenemos la seccional de acá, una unidad de allá, otra de acá, y me parece que esto es tema de Estado, que hace a los derechos de los ciudadanos. Tiene que haber una unidad policial que lo centralice y se haga cargo y responsable de eso", señaló el fiscal el 26 de abril pasado en la Comisión de Lavados de Activos del Parlamento.

TEMOR. Esa duplicidad de tareas genera suspicacias y temor en varios sectores de la sociedad. Dirigentes políticos sospechan que son escuchados. La desconfianza también existe entre autoridades policiales y judiciales y últimamente alcanzó a empresarios que temen espionajes comerciales e industriales.

El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, fue víctima directa de un caso de espionaje, el que le fue confesado, incluso, por un militar de alto rango. Mieres dijo a El País que hace un tiempo "estaba en una reunión con un jerarca de las Fuerzas Armadas y le dije que me disponía a apagar el celular para escuchar una presentación. El militar me dijo que, aunque lo apagara, igual se escuchaba todo. Yo le respondí con una pregunta: ¿a mí para qué me van a estar escuchando? Y él me tiró otra pregunta: ¿se cree que a usted no? Está muy equivocado".

"Si no le saca la batería (al celular) es lo mismo", le aclaró el militar a Mieres.

En 2010, cuando era secretario general del Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry remitió pedidos de informes a los ministerios de Defensa Nacional e Interior a propósito de la misma inquietud. Bordaberry cree que entre los años 2005 y 2010 alguien intervino los teléfonos de su estudio jurídico y lo espió. En esos años, Inteligencia y la DGI investigaron probables lavados de activos en estudios contables.

Fuentes del Partido Colorado confirmaron entonces a Últimas Noticias que dos representantes de la actual bancada colorada probaron, a través de la tecnología adecuada, que los teléfonos de sus despachos estaban "pinchados".

Otro caso tuvo como protagonista al diputado de Unidad Nacional Jaime Trobo. Desde teléfonos de su despacho había realizado varias llamadas a determinadas personas fuera del país. Poco después de eso, un representante del gobierno cubano vino a Montevideo y le dijo que sabían que se había comunicado con esas personas.

Trobo denunció el hecho en el plenario de la Cámara de Representantes y pidió información a Antel.

"Antel no me dio una respuesta muy satisfactoria porque se me dijo que no tenían elementos para determinar que efectivamente los teléfonos habían sido intervenidos", explicó Trobo a El País.

El diputado colorado José Amy, del sector Vamos Uruguay, presentó la semana pasada un proyecto de ley por el que se prohíbe la importación de aparatos destinados al espionaje. Los colorados sospechan que fueron espiados aunque no tienen medios para probarlo. "Se han dado algunos acontecimientos raros. Los aparatos no los tiene solo el gobierno, y ahí surge nuestro temor", dijo Amy.

Meses atrás, en una reunión de un sector blanco con su líder, todos los dirigentes apagaron sus celulares y les sacaron la batería para que estos no pudieran funcionar como micrófono, dijo a El País un participante del encuentro. Allí todos estaban convencidos que eran escuchados en forma ilegal.

(Producción: Daniel Isgleas, Pablo Meléndrez y Pablo Melgar).

110 mil Es la cifra en pesos que gastó el Ministerio de Defensa para adquirir equipos para escuchas y grabar conversaciones.

4 Es la cantidad de servicios es-tatales que poseen equipos que les permiten realizar escuchas telefónicas.

El 26 de mayo pasado, la Presidencia de la República informó que el Ministerio de Defensa había comprado a un proveedor israelí "un bloqueador de celulares, un micrófono para pared y dos relojes grabadores de voces". El costo de estos equipos de última generación fue de $ 109.680.

El viernes 17, el ministro en funciones de Defensa, Jorge Menéndez, afirmó que los equipos adquiridos por la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) están destinados a la "protección estratégica y no para espionaje".

Según fuentes castrenses, los servicios de inteligencia militares están al borde del desmantelamiento por falta de presupuesto. Ya no hacen operaciones de corte político y no siguen a izquierdistas, dijeron.

Si bien la legislación prohíbe realizar operaciones dentro de Uruguay, hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno los servicios militares hacían un seguimiento de las eventuales "amenazas internas", confirmó un oficial del Ejército, especializado en Inteligencia.

Los servicios uruguayos han desarrollado tecnología propia. "Por ejemplo, las frecuencias de los micrófonos las conocemos únicamente nosotros. Para eso también se precisan fondos que no tenemos", explicó. "Aquí todo el mundo espía. Sospechamos que el MLN y el PCU son los grupos mejor preparados para eso; se investigan entre ellos y a los funcionarios de gobierno".

"La paranoia existe, pero no hemos detectado ninguna irregularidad", dijo a El País el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, en relación a la posible existencia de escuchas telefónicas policiales sin autorización judicial.

El magistrado explicó que las escuchas se realizan, según la ley, por orden judicial y básicamente siempre se trabaja con unidades policiales aunque dijo que en algunos casos también puede intervenir Investigaciones y Narcóticos de la Prefectura (Divin). "Yo no digo que no exista la posibilidad de que se hagan escuchas sin autorización, pero en general los controles los hace el propio Poder Judicial", agregó el juez especializado.

¿Puede pasar que la Policía haga escuchas sin autorización y luego pida una al juez? "Hoy no. El Ministerio del Interior no tiene posibilidad de escuchas sin la participación de la compañía telefónica. Hay un triángulo que se conforma entre la Policía, el juzgado y la empresa de telefonía, que si no recibe un pedido firmado por el juez no hace nada", explicó.

Resaltó que tanto él, su colega Graciela Gatti y los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe se han ocupado de conocer los sistemas de escuchas. "Y con ninguno de los sistemas informáticos que maneja la Policía se pueden hacer escuchas ilegales", reiteró.

"Para la Policía es muy importante este mecanismo para arriesgar que mañana se la saquen por un mal uso. Es una herramienta que se cuida con uñas y dientes".