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DANIEL HERRERA LUSSICH

En WASHINGTON

CORRESPONSAL PERMANENTE

La ley contra los inmigrantes ilegales que entraría en vigencia en Arizona el próximo 29 de julio ha dividido aún más a "tirios y troyanos" en Estados Unidos y ha despertado las más variadas reacciones en el mundo.

Uruguay, junto con otros 10 países, suscribió ayer en la tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos de Ginebra una declaración, promovida por la delegación de México, que "denuncia su preocupación y condena la iniciativa por su espíritu racista y xenófobo y contrario a la inmigración de cualquier tipo".

A su vez a nivel nacional, pese a la clara decisión del gobierno de Barack Obama de impulsar una reforma migratoria, la opinión mayoritaria de los congresistas y gran parte de la ciudadanía, es contraria a enfocar una reforma migratoria en este año 2010.

Las naciones que se pronunciaron contra la ley estadual antiinmigratoria estadounidense en la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada en Suiza, fueron Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Panamá, México, Cu-ba, Senegal y Turquía.

Desde que la gobernadora de Arizona, Jane Brewer, firmó el entonces proyecto de ley (SB1070) se han ido agitando con intensidad las intranquilas aguas de la inmigración clandestina, especialmente el grupo mayoritario de 8 millones de latinoamericanos (10,5 millones según otro estudio del Centro Hispano PEW), entre ellos 15 mil uruguayos.

En la actualidad los hispano-hablantes y brasileños conforman la minoría mayor de inmigrantes con papeles en regla -45 millones de personas- dentro de los 307 millones de habitantes del país, seguidos por afroamericanos y asiáticos.

La iniciativa penaliza a los inmigrantes sin documentación y obliga por "mera sospecha" a detener, dentro del Estado de Arizona, a todo aquel que aparezca como ilegal a la vista de las autoridades policiales. En caso de carecer de documentación, se le traslada a los centros de detención y se inician de inmediato los trámites para su deportación.

La reacción contraria apenas conocido el texto del proyecto nació con indignación en fuertes sectores de la población inmigrante. Se realizaron simultáneamente manifestaciones de protesta, en general pacíficas, en numerosas ciudades estadounidenses, en especial las próximas a la frontera con México, que culminaron con una gigantesca concentración en el "Mall" de Washington con marchas frente al Congreso y la Casa Blanca. También se coordinó declarar un boicot comercial al estado de Arizona.

Las reacciones de los sectores políticos fueron encontradas. El presidente Barack Obama dirigió un discurso a la población criticando la ley SB1070 y esgrimiendo su opinión contraria, calificándola de "inconstitucional". Pocas horas después el ministerio de Justicia, a solicitud del inquilino de la Casa Blanca, promovió el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, la que aún no ha emitido su veredicto. A su vez Obama ha continuado aludiendo al polémico tema, reclamando que se eleve a la brevedad al Congreso un proyecto de reforma migratoria bipartidista.

Se exigiría para la legalización de los indocumentados la prueba de que cuentan con una fuente de trabajo seguro, la puesta al día en materia impositiva, el pago de una multa por anteriores incumplimientos fiscales, el conocimiento del idioma inglés y de la historia de los Estados Unidos y un prontuario sin antecedentes penales.

Pero no todos están de acuerdo con la idea. Y la división entre los ciudadanos influye en los partidos políticos a cuatro meses de las elecciones parlamentarias de noviembre, de medio período (renovación total de diputados y un tercio del senado). Fuertes sectores estadounidenses se basan para oponerse a la regularización de los ilegales en los argumentos de que "es gente que ha violado las normas del país, que existe un alto porcentajes de indocumentados que pueblan las cárceles y que, en momentos de crisis económica y alto desempleo, ocupan el lugar de un natural americano que enfrenta de la falta de trabajo".

Los porcentajes de estadounidenses que se oponen a la reforma migratoria son importantes por esas razones y también se suman los que se identifican con la iniciativa de Arizona. Se anuncia que en estos momentos 20 estados de los 50 de la Unión, trabajan en la elaboración de iniciativas similares contra la inmigración ilegal.

Y como Estados Unidos vive, ya con cierta intensidad, la proximidad de las elecciones parlamentarias, la mayoría de los poderes políticos y de la ciudadanía prefiere no estar obligada a pronunciarse definitivamente sobre una situación migratoria que despierta ardientes diferencias. Sin duda no verá la luz en los meses que restan de este año 2010 y dependerá de las mayorías que se definan en el Congreso y del futuro económico, para hablar con posibilidades de aprobación dentro de este período de gobierno que finaliza en 2012.

El 29 de julio, día que entra en vigencia la ley, grupos que se oponen a la misma planean llevar adelante distintas protestas. Dirigentes indicaron que llevarán a cabo una vigilia frente al capitolio estatal en Phoenix, marcharán a una iglesia para una ceremonia religiosa y luego avanzarán hasta la corte federal.

Una jueza federal, Susan Bolton, podría bloquear la aplicación de la nueva ley, la cual enfrenta siete demandas, pero eso no detendrá las protestas.