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La Intendencia de Montevideo reiteró ayer a los inspectores que serán sancionados si no salen a fiscalizar los empadronamientos. Los funcionarios se reunirán el miércoles para decidir. Según el ombudsman, no deberían realizar esta tarea.

La ronda bipartita entre autoridades y sindicato culminó ayer sin acuerdo entre las partes. La administración municipal reiteró a sus funcionarios que deberán acatar el mandato del intendente de salir a fiscalizar los empadronamientos luego de la semana de Carnaval: de lo contrario, tendrán descuentos y estarán sujetos a suspensiones.

También aclaró que no es de recibo la respuesta de continuar las negociaciones con la próxima administración municipal, como se resolvió en asamblea. La bipartita ingresó en un cuarto intermedio hasta el miércoles, cuando los inspectores se volverán a reunir.

"Dijimos que íbamos a esperar la decisión de la asamblea del miércoles, y que para nosotros era muy importante que se reconsiderara la posición tomada, porque era muy infeliz. Se había avanzado mucho. Y hay aspectos que resolvieron que no corresponden, como decir que van a esperar a que asuma el nuevo intendente", declaró a El País el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez.

"El intendente (Ricardo Ehrlich) ya dio los lineamientos, esto es una tarea que se tiene que hacer. Nosotros ya dimos -en el diálogo con el comité de base de inspectores- todas las garantías para que la tarea se pueda hacer correctamente, por lo cual no hay razón para que no se lleve adelante", añadió el jerarca.

EN LA MIRA. En cumplimiento de la ley aprobada en enero del año pasado, la Intendencia de Montevideo pretende fiscalizar los empadronamientos y reempadronamientos de 2008 a la fecha que se hayan realizado en otros departamentos, sobre todo en el de Colonia. Aguardó el transcurso del verano en un constante conflicto con sus funcionarios que reclaman por lo que entienden son faltas de garantías legales para hacer la tarea. Y porque tampoco se ha acordado el porcentaje que cobrarán los inspectores por cada multa aplicada.

Según los anuncios de la Intendencia, los conductores que sean detenidos circulando con vehículos empadronados en otros departamentos serán intimados a regularizar su situación en el plazo de 15 días. Para ello, deberán concurrir a las oficinas de la calle Pedernal. En caso de no hacerlo -y de volvérselos a detener en la calle- se les retirarían las chapas, con lo cual estarían impedidos de circular.

EN CONTRA. Distintos juristas se han pronunciado en contra de la Ley de Empadronamientos, por considerar que colide con otras normas. También la Suprema Corte de Justicia estudia un recurso de inconstitucionalidad presentado, de forma conjunta, por las intendencias de Colonia y San José.

Consultado por El País, el defensor del vecino de Montevideo, Fernando Rodríguez, consideró que los inspectores no deberían hacer la tarea de fiscalización que les encomienda la Intendencia.

"Nuestro razonamiento es que la fiscalización en la calle carece de elementos de pertinencia en relación a quienes lo desarrollarían. El inspector de tránsito tiene como objetivo central tutelar un bien común, que es el de la seguridad y la educación vial. No tiene como objetivo principal ser una herramienta del contralor administrativo de la Intendencia frente a posibles evasiones o empadronamiento mal hechos", indicó Rodríguez.

"Pero no es posible discutir la herramienta de la fiscalización en la calle en un contexto tan oscuro como el de la guerra de las patentes. Cualquier cosa que se realice en un contexto tan viciado, no puede tener una discusión pura", opinó el ombudsman de la ciudad.

Rodríguez prepara una propuesta para corregir los aforos -reformando la Constitución- y terminar con la "guerra de las patentes", que próximamente entregará al Congreso de Intendentes.

"Ninguna política tributaria puede estar centrada exclusivamente en la recaudación; tiene que estar centrada en generar justicia y equidad", sentenció el ombudsman de Montevideo.

RIVERA | FREDDY FERNÁNDEZ

"Nosotros no vamos a requisar autos, ni libretas, ni multar a conductores de vehículos con matrículas de otros departamentos", dijo el intendente de Rivera, Vilibaldo Rodríguez.

"Esas medidas están reservadas para los campeones de los Derechos Humanos, esos que ponen el grito en el cielo cuando se detiene a una persona que no tiene cédula. Sin embargo, no tienen ningún empacho en sancionar a un contribuyente, llegando al extremo de quitarle el rodado; es decir, a desconocer el derecho de propiedad". Además de ofrecer rebajas en el valor del patente de hasta 30%, los inspectores "orientan" a los ciudadanos para que hagan el traslado. En Rivera hay miles de vehículos con matrícula brasileña, propiedad de uruguayos, que no pagan siquiera el permiso de circulación que cobra el municipio. En comparación, las chapas de otros departamentos son un mal menor.