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Para el ombudsman del Banco Mundial, no será posible por el momento un acuerdo entre los activistas de Gualeguaychú y Botnia (UPM). Concluyó que los asambleístas no ven diálogo posible y que la empresa espera el fallo de la Corte de La Haya.

El ombudsman del Banco Mundial no encontró margen de negociación entre los asambleístas de Gualeguaychú y los representantes del proyecto Orión, de la empresa Botnia (en la actualidad UPM).

La información se conoció ayer tras la publicación de un informe de la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) de la entidad que a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC) capitalizó parte del proyecto.

El 18 de agosto de 2009 la CAO recibió una reclamación de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en la que planteaba inquietudes acerca del monitoreo ambiental del proyecto y su credibilidad en cuanto a olores y emisiones a la atmósfera generados por la planta.

También reclamaba por presunta contaminación hídrica, efectos para la salud de la comunidad y problemas transfronterizos. Fue la segunda reclamación recibida por la CAO en relación a este proyecto. La primera fue presentada en septiembre de 2005 por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, otra organización no gubernamental argentina.

El 31 de agosto de ese año la CAO admitió la reclamación en el entendido que la planta era financiada por un organismo del Banco Mundial y los potenciales problemas ambientales planteados estaban vinculados a su función.

Desde entonces el ombudsman se entrevistó con los demandantes y la compañía, además de mantener conversaciones con personal de la Corporación Financiera Internacional. También examinó el estado en que se encuentra el caso en otros foros internacionales.

De este diálogo la CAO concluyó que los demandantes consideran que los problemas planteados no se prestan al diálogo y, por el lado de la compañía se consideraba que la Corte Internacional de Justicia pronto dictará una sentencia definitiva sobre este asunto.

"Basándose en la información suministrada por ambas partes, la (CAO), en calidad de Ombudsman, entiende que la situación actual no es susceptible de solución a través de la determinación conjunta de los hechos, la mediación u otros métodos de resolución alternativa de conflictos", concluye el informe.

Por tal motivo, tras escuchar a las partes principales, la CAO, en su calidad de Ombudsman, entiende que esta reclamación "no es susceptible de solución mediante acuerdo en estos momentos". Finalmente, el organismo resolvió en diciembre pasado transferir esta reclamación al área de Cumplimiento del Banco Mundial para que la CAO, en tal función, realice una evaluación inicial con el propósito de determinar la necesidad de una auditoría de la IFC, que ofrezca "seguridad al presidente del organismo financiero y al público de que la entidad financiera del Banco Mundial está cumpliendo con las políticas pertinentes", dice el documento.

El informe puntualiza que el primer contacto que tuvo la CAO en su función de Ombudsman del Banco Mundial, fue en septiembre de 2005 con la denuncia del Centro de Derechos Humanos y Ambiente.

Posteriormente, en el mes de noviembre de ese año, la intervención de CAO concluyó con la recomendación, entre otras, de que era necesario desplegar esfuerzos concretos para cerciorarse de que las personas que consideraban que sufrirían las repercusiones ambientales y sanitarias adquirieran confianza en el proceso y en el resultado de todo estudio adicional que se efectuara.

El informe señala que los demandantes consideraron que tenían una sólida base jurídica contra los permisos otorgados para los proyectos de plantas de celulosa.

Agrega que algunos grupos en Argentina sostenían firmemente que el caso debía ser examinado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

El 4 de mayo de 2006 el Gobierno de Argentina presentó ante la CIJ una solicitud tendiente a iniciar un proceso contra Uruguay y pidió a la Corte que dispusiera medidas provisionales sobre supuestos incumplimientos de las obligaciones que le cabían a Uruguay en virtud del Estatuto del Río Uruguay.

El 29 de noviembre de 2006 Uruguay pidió a la CIJ que dictara medidas provisionales en el caso vinculado con las plantas de pulpa de papel situadas sobre el río Uruguay tras el corte del Puente San Martín.

La Corte Internacional de Justicia concluyó el 2 de octubre de 2009 las audiencias públicas sobre el caso y comenzó sus deliberaciones, que se darán a conocer en una fecha que aún se desconoce.

Altas fuentes de la Cancillería uruguaya indicaron que el informe del ombudsman del Banco Mundial sobre la planta de Botnia (UPM) aún no está siendo manejado por esa cartera.

Los voceros ministeriales aseguraron que el criterio general para manejar el conflicto binacional con Argentina es la negociación directa entre los dos gobiernos y que hasta el momento no está planteado que ese criterio se modifique.

Por parte de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se confirmó que el informe estaba siendo estudiado pero que es un tema vinculado con la Cancillería, por lo que sus técnicos no formularían comentarios al respecto.