1/1:  20091119 360x220 ()

E. BARRENECHE / L. NICROSI

El gobierno elabora un proyecto para blindar las principales cárceles del país con guardias perimetrales del Ejército. Técnicos del Frente Amplio preparan, además, un régimen donde privados se encargarán de la alimentación en las cárceles.

El senador del MPP Eduardo Bonomi, quien está al frente del equipo de seguridad que elabora un proyecto sobre cárceles y minoridad infractora, dijo a El País que "la idea" que manejan para los establecimientos penitenciarios, apunta a tener un mayor número de policías dentro de las cárceles para que realicen los controles internos, y que la vigilancia perimetral quede a cargo de las Fuerzas Armadas a fin de convertir en invulnerables los centros penitenciarios.

Bonomi subrayó que en caso de que el Frente Amplio gane el balotaje, los proyectos sobre cárceles y minoridad infractora serán presentados a la oposición con el objetivo de alcanzar acuerdos.

El miércoles 18, en el programa Código País de Canal 12, el candidato presidencial del Frente Amplio, José Mujica, señaló que "no se puede" pedir a la Policía que arregle el origen social de la inseguridad. "Sí le tenemos que exigir más eficacia. Para ello tenemos que mejorar el presupuesto, darle una mejor comunicación y sacar a los presos del Ministerio del Interior, indicó.

A juicio de Mujica, el próximo gobierno deberá crear un cuerpo especializado para custodiar las cárceles similar al que existía en la década de los años cuarenta.

Por su parte el candidato a la vicepresidencia, Danilo Astori, indicó que el problema de la minoridad infractora y el hacinamiento carcelario son los temas prioritarios del equipo de técnicos del Frente Amplio. "Tenemos un elevado déficit en el tema carcelario. Hay que encararlo con reformas estructurales y otorgarle más recursos. También se debe buscar la cooperación privada en las cárceles y hospitales", dijo Astori en Código País.

Recordó que en el mundo hay experiencias donde empresas privadas colaboran con el Estado en la construcción de las cárceles o se encargan de la parte alimenticia. "Siempre bajo la conducción pública", aclaró Astori.

Con respecto a la situación actual de las cárceles, el líder de Asamblea Uruguay dijo: "Está claro que así no podemos seguir. Tenemos que mejorar esta infraestructura que se nos viene encima", advirtió.

Hasta el mentado plan de la ex ministra del Interior Daisy Tourné de traslado de presos a Punta de Rieles quedó relegado. Esa iniciativa fue elaborada luego que el relator de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, dijera que las cárceles uruguayas estaban al bordo del colapso y que en ellas se violaban los derechos humanos.

LOGRO. Según fuentes gubernamentales, los ministros Gonzalo Fernández (Defensa) y Jorge Bruni (Interior) elaboran un proyecto de ley para ampliar la presencia de los militares en las cárceles.

Hasta el momento una norma permitía que Comcar, Libertad y Canelones contaran con efectivos militares en la custodia de su entorno. Ésta establecía que la presencia policial debía finalizar a los tres meses, pero la misma debió ser renovada por falta de personal para sustituirlos.

Hace dos sesiones del Consejos de Ministros que el tema de las cárceles y de la guardia perimetral castrense concentra gran parte de las reuniones.

Los ministros Bruni y Fernández explicaron la situación carcelaria y señalaron los avances logrados para promover la participación del Ejército en la seguridad externa de las principales cárceles, según fuentes del Poder Ejecutivo.

Fernández y Bruni buscan superar un obstáculo legal: las Fuerzas Armadas no tienen el cometido de cuidar las áreas externas de las cárceles. En la Comisión Bicameral del Parlamento, la asesora del Ministerio del Interior, María Noel Rodríguez, afirmó que es "difícil" negociar este tema con las Fuerzas Armadas, las cuales "entienden que no es una tarea propia para la cual hayan sido formados y estén entrenados".

SIN SOLUCIÓN. En 2005, el recién electo presidente de la República Tabaré Vázquez decretó el estado de emergencia sanitaria para las cárceles. El problema no se resolvió y tiende a agravarse con el continuo incremento de la población reclusa en el país.

Hace cuatro años, había 7.206 presos alojados en establecimientos de la Dirección Nacional de Cárceles y de las Jefaturas departamentales.

Tras impulsar el ex ministro del Interior José Díaz la ley de humanización de cárceles, la cifra de penados cayó a 6.694 en 2006. A partir de ahí, la población reclusa tuvo un aumento continuo.

En 2007, el número de presos era de 7.366; en 2008, 7.707 y en enero de este año superó la barrera de los 8.400 encarcelados, según datos de la Dirección de Cárceles publicados por el comisionado parlamentario Álvaro Garcé. Es decir, Vázquez dejará su gobierno con 2.000 presos más que los había en 2005.

Pese a algunas ampliaciones realizadas en el Comcar y en Las Rosas, entre otras obras, la cantidad de plazas rondan las 6.077. Es decir, la superpoblación en las cárceles uruguayas supera el 138%.

El miércoles 11, durante una concurrencia al Parlamento, el ministro Bruni afirmó que ese hacinamiento se arrastra de gobiernos anteriores.

"Es producto de muchas causas -advirtió-. Esto viene de muchos años atrás; no viene de 2005. Este es un tema que viene dándose desde hace muchísimos años".

9.000 Es la cifra de reclusos al finalizar este gobierno. En 2005, eran 7.200, según datos del Ministerio del Interior.

Tabaré Vázquez termina su administración sin cumplir uno de los puntos del programa de gobierno sobre el sistema carcelario aprobado por el IV Congreso del Frente Amplio en 2003.

Al comenzar esta gestión, la coalición de izquierdas se oponía en forma tajante a que las Fuerzas Armadas se encargaran de cualquier tarea en las cárceles por entender que ese no era su cometido.

El programa de gobierno del Frente Amplio planteaba: "disponer la inmediata asunción de responsabilidades por parte de la Dirección Nacional de Cárceles de la custodia perimetral y de la guardia interna de todos los establecimientos carcelarios del país. Las funciones estarán a cargo de personal debidamente capacitado y equipado y perteneciente a dicha Dirección".

Ahora el plan de gobierno propuesto por el candidato presidencial José Mujica promueve una reestructura del sistema de privación de libertad tanto para adultos como para adolescentes. "Es necesario diseñar e implementar un sistema de privación de libertad que no funcione como universidad del crimen y perfeccionamiento de las redes de marginalidad", expresa el programa izquierdista.

Señala que el Frente Amplio propone que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior creando un Instituto Nacional Rehabilitación como servicio descentralizado. Este será responsable de la gestión de las medidas de privación de libertad de todo el país. Incorporará tanto los establecimientos destinados a adultos como aquellos destinados a adolescentes que deban cumplir penas de privación de libertad.

Además del hacinamiento, el comisionado parlamentario Alvaro Garcé alertó que el "generalizado" consuno de estupefacientes es otro factor de riesgo de las cárceles uruguayas. "Ello hace replantear la cuestión del ingreso de dichas sustancias en centros carcelarios. También compromete la convivencia diaria de los reclusos y las posibilidades de inclusión en cuanto futuros liberados", señaló Garcé en su informe elevado al Parlamento en agosto de este año.

El miércoles 11, en una sesión de la Comisión de Seguimiento Parlamentario, el ministro del Interior, Jorge Bruni, dijo que analiza la instalación de un detector de drogas en la cárcel de Las Rosas luego que Garcé dijera que el elevado consumo de pasta base fue el detonante del motín del 21 de octubre pasado.

En el Comcar, por ejemplo, hay un episodio diario de violencia. La mayoría de ellos tiene como origen el consumo de estupefacientes. Es que en las cárceles se aplica una férrea máxima: "lo que se consume adentro se paga afuera". Ello lleva a que los familiares de internos reciban amenazas de que si no pagan esas deudas sus familiares sufrirán adentro las consecuencias.

Fuentes policiales indicaron que la requisa de drogas a familiares son un fenómeno frecuente. Además, la Dirección de Inteligencia Penitenciaria (DIPEN) capturó a policías ingresando drogas a las cárceles.