DANIEL ISGLEAS

El episodio del cargamento de municiones para las armas de combate individual que planea incorporar el Ejército tomó un nuevo rumbo y en medios militares se duda que estas balas venidas desde Venezuela fueran para las armas iraníes.

Las pruebas del armamento iraní que se trajo de muestra para una posible compra tras una licitación convocada por el Ejército, se realizaron hace semanas en dependencias de la fuerza de tierra, dijeron a El País fuentes militares. Pero el plazo para la llegada de los proyectiles había finalizado en el mes de febrero, por lo cual existe una desconexión entre el propósito del embarque y el fin para el que era esperado en el país. Por eso, en el Ejército se tiene la duda de que el embarque de las municiones que se intentó hacer llegar a Uruguay en un buque de la Armada fuera para la licitación de fusiles, señalaron las fuentes.

A comienzos de julio, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento dos proyectos de ley donde solicitaba autorización para la permanencia de tropas en la misión de ONU en Haití, y para que efectivos militares participaran con la fragata "Gral. Artigas" en la operación Panamax II. En ambos documentos, firmados por el presidente Tabaré Vázquez y los ministros Azucena Berrutti (Defensa) y Reinaldo Gargano (Relaciones Exteriores), se informó al Poder Legislativo que la fragata de la Armada recogería en Venezuela este fin de mes "una carga para el Ejército Nacional".

En estos meses, el Ejército se disponía a hacer pruebas con nuevo armamento ofrecido en adquisición. Pero esas armas de combate individuales no vinieron con la dotación de municiones que permitiría su prueba en situaciones de entrenamiento de combate.

Las pruebas se realizaron hace meses y el Ejército sabía que las municiones correspondientes no vendrían. Por ello está ahora en curso una discreta investigación interna a fin de descartar que ese cargamento esté encubriendo "algo más serio", dijeron las fuentes.

Cuando se importa munición, en caso de que sea para una institución militar, el cargamento debe contar con un certificado de último destino, que lo otorga el Servicio de Materiales y Armamento (SMA) del Ejército. En cambio, si es para un fin civil, debe tener un permiso de importación otorgado por la misma dependencia.

En el SMA no existe ninguno de estos dos tipos de documentos, por lo cual la razón del embarque es una incógnita. Una de las hipótesis que se teje en medios militares es que esa munición podría ser reembarcada desde Montevideo a zonas donde rige la prohibición para la comercialización de armas y municiones.

Otro elemento que se investiga es quién es el representante de la compañía iraní en Montevideo. Según las informaciones que manejan los militares sería un civil (ex militar) que tomó contacto con el embajador uruguayo en Venezuela, Gerónimo Cardozo.

El diplomático (un militar retirado) después de coordinar la posibilidad de enviar las municiones fabricadas en Venezuela a Montevideo en el buque de la Armada envió una nota explicando los detalles a la ministra Berrutti.

El jueves 26 de julio, el subsecretario de Defensa, José Bayardi, dijo a miembros de una comisión del Parlamento que la empresa venezolana Cavim se enteró que el Ejército estaba planificando una compra de armamento y municiones ordenada por el anterior comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, y ofreció enviar 15.000 proyectiles "como muestra". Cavim es la sigla de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, creada en abril de 1975.

En la misma ocasión, la ministra Berrutti aclaró que el envío de las municiones "fue absolutamente desactivado".

"No teníamos noticia" del embarque, dijo Berrutti, según consta en la versión taquigráfica de la reunión que la comisión de Defensa Nacional de Diputados celebró ese día.

Defensa lo pidió. Por su parte, el capitán Alejandro Añón, vocero de la Armada, dijo a la agencia AFP que "se hizo el pedido a nosotros para levantar la `carga` (en Venezuela). El ministerio de Defensa nos incorporó esa tarea", agregó.

El lunes 7, Berrutti informó del tema a la bancada de senadores del Frente Amplio.

El vicepresidente de la comisión de Defensa de Diputados, Javier García (blanco) pidió informes sobre el caso de los proyectiles a la Cancillería y a Defensa. Para el legislador se trata de un episodio "confuso y grave". "Los proyectiles los envía una empresa venezolana de derecho privado, pero de propiedad estatal, con el fin de completar los requisitos de una licitación a la que Irán se presentó", dijo García.