La jornada de los veinte años del Suplemento Economía y Mercado del diario contó con expositores de primer nivel que abordaron la situación económica del país, del Brasil y de la Argentina. El tema central giró sobre la ausencia de estabilidad macroeconómica, y en particular de los importantes déficits fiscales de las tres economías.

Brasil y Argentina registran cerca de un 7% de déficit en las cuentas públicas, mientras que el Uruguay luego de haberse beneficiado del llamado viento de cola, muestra un impresentable 3.7% que compromete su imagen y las expectativas de los agentes económicos.

El gasto de la Administración Central registra montos que reflejan un Estado cada vez más pesado con 60.000 funcionarios más y con resultados de espanto en Educación, Salud y distintos servicios manejados sin control por un clientelismo político rehén de las corporaciones sindicales. Se ha recaudado en forma implacable bajo un modelo capitalista, y se ha gastado de manera indisciplinada bajo una visión socialista que profundiza cada vez más la brecha social.

Pero los datos más concluyentes se perciben en la presión tributaria y en la tasa de inversión pública. La primera se plantea como consecuencia de la aplicación, entre otros tributos, del IRPF, que como se ha argumentado hasta el hartazgo, es un impuesto que pagan los que más trabajan y no los que más tienen. Es un estímulo al desempleo que tiene su contrapartida en varias decenas de millones de dólares destinados al seguro de paro, que ha dejado de ser transitorio a través de repetidas prórrogas por las dificultades en el sector productivo.

La fotografía revela una competitividad seriamente afectada por el impacto de los costos no transables de las empresas, a lo que se agrega ahora un tipo de cambio que compromete la suerte de varios rubros de exportación. Hablar del peso de las tarifas públicas basta cuando Ancap para reducir el indecente gasto en que incurrió en los últimos años, no quiere ni puede bajar el precio del combustible como debería hacerlo.

Pero si algo faltaba, el Fondes que dispone de decenas de millones de dólares goza de una inexplicable buena salud al impulso de la novedosa figura de la autogestión que el gobierno de Mujica quiso imponer con los desastrosos resultados por todos conocidos; a tal punto, que la discusión sobre su aplicación dividió al propio Frente Amplio con un duro enfrentamiento que sus sectores han querido disimular.

Por otro lado, la inversión pública en infraestructura nos ha llevado a comprometer la viabilidad de nuestra conectividad física, tanto en nuestras redes internas como en las que se relacionan con la región. Con indiscutida razón al anunciarse la segunda inversión sobre el río Negro por parte de UPM en una nueva planta de pasta de celulosa, se hizo público que la empresa forestal reclama al gobierno una inversión de mil millones de dólares en la infraestructura necesaria para hacer viable su apuesta al Uruguay productivo.

Estamos en el mundo del revés, porque lo que el Estado tendría que destinar para bajar los costos de la producción ha tenido otros destinos no visibles en los dos temas que con tanta retórica se priorizaron en los gobiernos del Frente Amplio, como la Educación y la reforma del sector público.

Tan es así, que el financiamiento que últimamente se quiere obtener aumentando la deuda pública en relación al Producto Bruto Interno, se canaliza en moneda extranjera, volviendo a un proceso de dolarización de la economía que se intentó revertir (sin éxito) en los últimos años.

Los números hablan por ellos mismos. Mientras tanto, la Rendición de Cuentas es deficitaria, y la ideología colectivista se concentra en evitar que el sector privado, amparado en positivas exoneraciones, invierta en mejorar el sistema educativo. Y eso se debe a que las decisiones las toman los sindicatos de la enseñanza, temerosos de que los resultados que no alcanzan en beneficio de los más postergados lo logren las Empresas que se enfrentan a una mano de obra menos calificada y expuesta al desempleo por los desafíos de la productividad.

Como conclusión, nuestra sociedad profundiza la brecha cada vez más notoria entre los que acceden al conocimiento y al trabajo calificado, y la creciente masa de ciudadanos de escasos ingresos que carecen de la formación suficiente para integrarse al mercado laboral, que lejos está de la pretendida sociedad igualitaria que pregona el Frente Amplio.

El despotismo y la pobreza son los resultados de tanto populismo demagógico e irresponsable. Un desempleo de casi un 8% es la mejor prueba.

EDITORIAL