LOS HOGARES HOY

La violencia que persiste en el Inisa

Desde el Inisa repiten como un mantra que los maltratos son cosa del pasado. Sin embargo, si bien no se han constatado golpizas de funcionarios, sí hay investigaciones por haber propiciado violencia entre internos; hay abusos entre los jóvenes, suicidios y un encierro "inhumano".

Habitaciones celdas en el Centro Desafio del inisa. Foto: Fernando POnzetto.
Habitaciones celdas en el Centro Desafio del inisa. Foto: Fernando Ponzetto.

Jonathan no quería salir al patio. Todos ellos se desviven por esa hora de sol, pero él prefería el encierro. Sabía el riesgo que corría porque ya le había pasado más de una vez: primero iban a empujarlo para incitarlo a que se defendiera, después lo iban a tironear de la ropa, lo iban a tirar al piso y ahí empezarían las patadas: zapatazos en las piernas, en el estómago, en la espalda. Piñas no. Piñas no le iban a dar. Hay códigos en los hogares para menores: no se le pueden pegar piñas a aquel que no se defiende. Y Jonathan no se defendía.

Dicho y hecho, Jonathan recibió en diciembre de 2017, según cuenta, la última de una serie de golpizas que lo acompañaron durante sus 13 meses de estadía en centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). No cayó por asesino ni rapiñero. Jonathan era —y asegura que está decidido a no serlo más, aunque aclara que tiene "los conocimientos"— un estafador informático. Él sabe usar las computadoras. Usarlas para mal.

Sus primeras maniobras las hizo duplicando tarjetas de crédito y de débito. Dos veces le ordenaron medidas sustitutivas a la privación de la libertad, pero en noviembre de 2016 fue a parar a los hogares del Inisa. Según la sentencia dictada por el juez de adolescentes Alejandro Guido, Jonathan publicaba avisos en internet en los que ofrecía celulares y televisores a un precio menor al del mercado. Luego les pedía a los interesados que depositaran una seña en una red de cobranzas, y el dinero era levantado por varias mujeres a las que él había contratado como cadetes. El producto nunca llegaba, y Jonathan se quedaba con la seña.

La Policía lo agarró en una plaza mientras recibía dinero. Fue condenado por un año, pero terminó estando un mes más. Dice que lo retuvieron por presentar denuncias advirtiendo condiciones "infrahumanas" y maltrato, tanto de los funcionarios como de otros internos. Cuando salió del Inisa, Jonathan denunció su caso en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Según la respuesta a un pedido de acceso a la información, el Inisa abrió 52 investigaciones por malos tratos de funcionarios a internos entre 2014 y octubre de 2017. Las primeras siete comenzaron en 2014, estando Ruben Villaverde al frente del organismo. Con la llegada de Gabriela Fulco, en mayo de 2015, la cifra se disparó a 32. A raíz de un informe publicado el domingo pasado en esta sección, Fulco declaró que la violencia contra los internos en los centros era un asunto del pasado. Sin embargo, en 2016 se abrieron otras nueve investigaciones y en 2017, ocho: cuatro por maltrato y cuatro por presunta colaboración de funcionarios en fugas.

A su vez, Fulco informó que el año pasado hubo violaciones entre internos —sin la participación de funcionarios— y admitió que hubo varios suicidios. De acuerdo a información recabada de varias fuentes, hubo un suicidio por año desde 2015 hasta ahora. El último fue en enero, en el centro Ciedd. El joven se quitó la vida 15 días después de ser internado.

Sobre las violaciones o abusos entre internos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Inddhh no tiene información. En cambio, los intentos de autoeliminación y suicidios consumados son un tema de preocupación hoy, según dijo a El País Gianina Podestá, integrante del mecanismo. El MNP está esperando la respuesta de Inisa a un oficio en el que, justamente, se le consultó sobre cantidad de intentos detectados, y los procedimientos de prevención y abordaje. Podestá agregó que de las historias clínicas de los internos fallecidos se desprende que el Inisa no había notado riesgo de suicidio en ninguno de los casos.

En cuanto a los castigos, la perspectiva del MNP coincide con las palabras de Fulco: no se han constatado en los últimos años. Sin embargo, Podestá afirmó que el Inisa incurre actualmente en "tratos crueles e inhumanos" por la excesiva cantidad de horas de encierro en algunos centros.

En la Inddhh recibieron 56 denuncias por malos tratos y condiciones de reclusión degradantes entre 2013 y 2017. Las cifras no siguen una tendencia: el año con más denuncias fue 2013 (17), en 2014 bajaron (10), siguieron en descenso en 2015 (ocho) pero subieron en 2016 (12) y volvieron a bajar en 2017 (nueve), de acuerdo a los datos que la división Registro de Denuncias e Investigación de la Inddhh entregó para este informe. El contenido de las denuncias es confidencial.

Golpes y avales.

Primero Jonathan fue internado en el Ciedd, un centro de distribución hacia otros hogares, y el mismo en que ocurrió el último suicidio. "Me recibieron muy mal. Soy celíaco y me daban comidas que me descompensaban. Estuve una semana a arroz. A veces me ponían queso para que no pudiera comer. Hacía frío, no había cobijas y tampoco colchón, tenía que dormir en el suelo o sobre la parrilla de la cama. Después vino el colchón y no había sábanas. Era degradante. Se llovía. El baño se tapaba", cuenta.

Semanas después fue derivado al Complejo Belloni, donde dice que fue maltratado físicamente. "Los funcionarios no me pegaban, pero avalaban a los demás internos a que sí lo hicieran", cuenta Jonathan. "Yo había solicitado que me aislaran, porque los jóvenes eran muy violentos. Pero me obligaban a ir al patio, donde me pegaban. Tenía la piel pálida porque no me daba el sol. Había bajado más de 15 kilos".

"La última vez yo no quería salir y me dijeron que si no lo hacía, me sacarían el televisor, que era un beneficio que tenía por mi buena conducta; salí y me pegaron. El coordinador dio el aval. Dijo: Está preso, pueden pegarle, tiene que pararse de manos", relató. Esto en el lenguaje de ellos significa que Jonathan debía responder. "Soy un coordinador solo, tengo 10 funcionarios y ustedes son 60 pibes. Si le pegan yo no me voy a meter, les dijo a los chiquilines. Entonces me empezaron a empujar. Yo gritaba que me fueran a buscar, y no iban. Entró otra funcionaria y me dijo que me hiciera hombre, que me pusiera a pelear. Me pegaron entre 10. Me dejaron sangrando. Me golpearon la cabeza contra la pared y me desmayé. Cuando me desperté vi al coordinador diciendo que yo era una niñita".

Las denuncias del joven, que están en manos de la Inddhh, fueron corroboradas por uno de los funcionarios del Complejo Belloni que pidió no dar su nombre por temor a represalias. "Jonathan recibió castigos de otros menores, pero promovido por los trabajadores. Le pegaron, lo humillaron", relató.

El funcionario dijo que actualmente se dan violaciones entre los internos y que "los trabajadores, aunque no participan, lo permiten, no haciendo caso a los menores cuando piden auxilio".

También contó que, para agredirse, los jóvenes se tiran entre ellos orina caliente en la cara. A Jonathan se lo hicieron pero con agua. "Por suerte fui rápido y pude correr la cara", dice. Explicó que hay otros internos que agarran los cables de los televisores que tienen en los cuartos y los usan para calentar el agua o la orina.

Aunque el protocolo marca que cuando los jóvenes denuncian maltrato se deben tomar actas y elevar el informe al Inisa, Jonathan asegura que esto muchas veces no ocurre. "Te toman declaraciones en dos hojas. Cuando terminás de contar todo te hacen firmar la segunda y la primera, donde está lo más importante, la tiran", relata.

El joven, que hoy tiene 19 años, está libre hace tres meses y a través de un programa para menores internados en hogares consiguió trabajo en el Ministerio de Ganadería. Dice que nunca recibió golpes de funcionarios, pero sí que lo maltrataban. "Me ponían apodos, me gritaban, me discriminaban".

Esta semana, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas terminó la que fue su primera visita a Uruguay. Durante 13 días mantuvo una agenda confidencial, se retiró sin hacer declaraciones y todos quienes estuvieron en contacto con la delegación se ciñen a un estricto silencio. Se sabe que visitaron centros de privación de libertad de menores y cárceles; posiblemente también hayan recorrido hogares de INAU y hospitales psiquiátricos. El o los informes que hagan se entregarán al gobierno con un espíritu preventivo y no sancionatorio, y las autoridades podrán hacerlo público o no. A nivel internacional, está bien visto que lo hagan.

Hubo 391 fugas de menores en seis años; en 2017, hasta octubre, fueron 40

Entre 2012 y 2017 hubo 391 fugas de hogares del Inisa (que hasta mediados de 2016, cuando salió de la órbita del INAU, se llamaba Sirpa). Si uno contara desde 2011, la cifra se dispararía a 650, ya que solo en ese año hubo 259 fugas. Estos datos se desprenden de la respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por El País.

De las 391 fugas de 2012 en adelante, la mayor parte (192) se dio durante licencias, que vendrían a ser lo equivalente a las salidas transitorias: se usan para estudiar, trabajar o visitar a familiares, en caso de que los jóvenes hayan mostrado buena conducta.

Otras 190 fugas fueron desde los centros de reclusión, con o sin colaboración de los funcionarios. En 2017 se abrieron cuatro investigaciones por supuestas colaboraciones, y la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, ha acusado más de una vez a los funcionarios de "negligencia".

Las restantes nueve fugas fueron desde centros de salud (hospitales y policlínicas).

Si se analiza por hogar, la gran mayoría (241, el 61,6%), fue desde hogares de la Colonia Berro.

El complejo también está en la mira por alojar el ex centro Ser, hoy llamado CMD1, donde sucedieron la mayoría de los maltratos. En octubre del año pasado se destituyó a la directora de ese centro y a uno de los coordinadores, tras denuncias por brutales golpizas, uso de picanas y sacar a los jóvenes desnudos, con lluvia, al patio, para hacer lagartijas, de acuerdo al expediente de la investigación interna.

El martes, en entrevista con El País, Fulco dijo que el año que viene cerrarán la Colonia Berro, y que se construirán nuevas instalaciones en el mismo predio. El costo de la obra, que aún no ha empezado, será de unos 600 millones de pesos. El nuevo hogar será para 180 plazas, número similar a los que hoy están internados en los distintos complejos de la Berro.

Un poco más de la mitad de las 391 fugas que hubo desde 2012 se produjeron en la anterior administración, sin embargo estas no se llegaron a erradicar.

A fines del año pasado Fulco, que ha llegado a presentar denuncias contra funcionarios por negligencia en caso de escapes de menores, se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y allí dijo que durante su gestión las fugas habían disminuido, lo cual es cierto, pero mínimamente.

Ella asumió en mayo de 2015. Ese año hubo 85 fugas, en 2016 fueron 50 y en 2017, 40. Esto suma 175 en los últimos tres años. Son el 44,7% del total desde 2012. Los datos son parciales puesto que El País hizo el pedido de acceso en noviembre y la información de 2017 va hasta el 31 de octubre.

La jerarca declaró que, para evitar las fugas que se dan desde los centros, se están utilizando perros policías, a falta de herramientas tecnológicas para evitarlas. Entre otras cosas estos sirven para cuidar el perímetro de la Colonia Berro. A mediados del año pasado, durante una conferencia organizada por Unicef y la Institución Nacional de Derechos Humanos, Fulco señaló que "aplaude" las fugas porque son muestra de la vitalidad de los jóvenes internos, según consignó en su momento La Diaria.

"Yo le preguntaría a cada uno de ustedes qué harían en esas condiciones adversas. Yo sería la peor alumna del sistema, yo estaría tratando de escaparme todos los días, por ejemplo. Y estaría martillando y martillando, e insistiendo y protestando, y no sé qué más. Realmente es un síntoma de salud mental. Entonces, aquel que lo hace todavía tiene un resto. Porque con ese resto que tiene, piensa y siente: estoy mal, no debería estar como estoy. Y segundo: ¿Qué debería hacer para no estar así?", expresó, lo que la llevó a recibir críticas de varios lados. Incluso el director del Inisa, Álvaro Viviano, señaló en declaraciones a Montevideo Portal que las palabras de la jerarca eran "inoportunas".

"Uno puede llegar a entender el contexto, pero las declaraciones son bastante inoportunas, siembran un montón de dudas sobre los hechos de la gestión en los cuales poníamos esfuerzo. Y tienden a sembrar un nuevo cisma en la gestión con los trabajadores, en un momento en que por la delicada situación del organismo se necesita estabilidad", dijo Viviano.

De 2012 a 2015, quien estuvo a cargo del sistema de reclusión para menores fue Ruben Villaverde. En ese período hubo, según la respuesta a El País, 216 fugas: 76 en 2012, 72 en 2013 y 68 en 2014. Sin embargo, el exjerarca ha dicho más de una vez que devolvió la administración con "fugas cero".

"Entre 1991 y 2011 hubo 15.250 fugas. Yo entregué el sistema sin fugas", volvió a asegurar Villaverde en diálogo con El País. "No hubo 68 fugas en 2014. Fueron 365 días consecutivos con cero fugas. No sé de dónde sacaron esa información. ¿Se me escaparon 68 y no me avisaron? De ninguna manera. Eso no es así", afirmó. También dijo que durante su administración consiguió 400 puestos de trabajo para que los jóvenes salieran con empleo del sistema.

Cimarrones, ubicado en Brazo Oriental, fue el hogar que más fugas tuvo entre 2012 y 2017, con un total de 89. Le sigue Cerrito, dentro de la Colonia Berro, con 56, y El Hornero, también en la Berro, con 29.

En tanto, con respecto a los últimos datos, que van desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2017, 24 de las 40 fugas fueron durante licencias de los internos; 15 se sucedieron desde los hogares, y una ocurrió desde un centro de salud.

Gianina Podestá (MNP): Ya no constatan golpes, pero sí un "trato inhumano y cruel"

—Desde Inisa dicen que ya no hay golpes, torturas ni abusos. ¿Les consta?

—A fines de 2013 se empezó con el monitoreo a raíz de unas denuncias que habían llegado y daban cuenta de vulneración de derechos en forma de lesiones, tratos crueles e inhumanos, sobre todo en el Ser y en otros hogares de la Berro. Allí se traza un plan estratégico para abordar esos centros. En ese momento hicimos una visita, hablamos con los adolescentes, los vimos lesionados. Sacamos fotos a los moretones, tajos, cortes. Eso fue en 2014 y 2015. En el informe anual de 2016 no hay constatación de lesiones y malos tratos. Después, podemos empezar a hablar de esas 22, 23 horas de encierro: ¿no son malos tratos? Pero lesiones físicas, graves, como las que hemos constatado (en aquel tiempo), no, no hemos vuelto a constatar.

—Los internos ya no les dicen nos pegan.

—No. Pueden referir a alguna agresión verbal.

—¿De qué se quejan?

—Principalmente de las horas de encierro y la falta de actividades. La otra queja tiene que ver con la comida. Pero lo más fuerte en este momento es la cantidad de horas de encierro que padecen en algunos centros, y el contenido de los cursos y la periodicidad con la que asisten a clase. Muchos de los chicos nos han dicho que les gustaría tener más actividades que los ayudaran a emplearse el día de mañana.

—¿Qué centros están hoy bajo la lupa?

—El Ciedd, el CMD1 (lo que era el Ser), el CMC (Centro de Máxima Contención). Tanto el CMC como el Ciedd tienen una impronta muy securitaria. Tienen poco espacio para lo que ellos llaman convivencia, espacios de patio, de estar con otros jóvenes. Están muchas horas dentro de la celda.

—Hasta 23 horas, según los informes. ¿Por qué se los encierra tantas horas?

—Es una buena pregunta, pero quizás no la tendría que responder yo. Yo puedo constatar que hay encierro, pero quien tiene que dar una respuesta es el organismo.

—Y después de años señalándoselo al organismo, ¿qué respuestas han obtenido?

—Es sistémico. No hay una sola causa.

—¿Hasta cuántas horas se supone que pueden estar encerrados?

—Lo que se establece en los principios no es un mínimo de horas de encierro, sino que el encierro debe ser el mínimo posible. Hay centros donde los jóvenes permanecen libres dentro de un determinado predio y en la celda solo están cuando duermen. Lo edilicio incide. Algunas de las respuestas (del Inisa) han sido que no tienen lugares o posibilidades (de dejarlos salir). Ha ido variando la respuesta, en otros momentos ha sido la falta de funcionarios. El tema es que la situación sigue siendo la misma.

—¿Se puede considerar trato inhumano o cruel?

—Sí. El encierro en sí es violencia institucional y genera fricción; 22, 23 horas, son muchas.

—¿Qué cantidad de horas de encierro serían aceptables, entonces?

—La noche solamente. Pero no hay nada que diga deben estar privados de libertad ocho horas diarias.

—¿El criterio entonces es si hacen actividades?

—Claro. Y si salen de la celda o no.

—¿Qué consecuencias tiene que el MNP le diga al Inisa que brinda un trato inhumano?

—Lo hemos dicho en los informes, se ha notificado a las autoridades. La consecuencia que esperamos es que se modifique. Ese es nuestro interés.

—¿Pero no tienen otras herramientas?

—El accionamiento judicial no está vetado pero es complejo. Nosotros podemos colaborar con la Justicia y lo hemos hecho.

—Pero eso es a iniciativa de otros. ¿El MNP no tiene la potestad de iniciar acciones judiciales?

—Estamos en proceso de discusión sobre eso.

PERFIL
Gianina Podestá. Foto: Fernado Ponzetto
La abogada que visita el Inisa sin aviso
Gianina Podestá es abogada, tiene 35 años y trabaja desde 2016 en el MNP, adonde entró por concurso. Antes trabajó en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es la persona con cargo técnico más vinculada al sistema penal juvenil del MNP. Visita centros sin previo aviso, realiza entrevistas a funcionarios e internos y redacta informes con recomendaciones.

Los últimos castigos que detectó el MNP fueron en 2015

Los informes anuales del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, disponibles en el sitio web, dan cuenta de los castigos físicos, las agresiones sexuales y la "violencia institucional" que se vivía en varios centros de reclusión de menores. El último informe que lo constata es de 2015. Dice: "Resulta preocupante el aumento sistemático de la violencia interna y la falta de actividades tendientes a la rehabilitación efectiva". Menciona 26 situaciones de maltrato, la mayoría dentro del Ceprili (el centro en el que ocurrió la escena del video por el que 26 funcionarios terminaron procesados), y unas pocas en el ex Ser. Ya en el informe de 2016 no se habla de malos tratos, sino que se pone el foco en las condiciones de reclusión. En 2016 el MNP hizo 20 visitas sin previo aviso a centros del Inisa. Aunque el último informe disponible en la web es de diciembre, desde el MNP aseguraron que las visitas no siempre se traducen en informes, y que la última fue el 7 de marzo.

Las reacciones tras el informe de El País.

Ruben Villaverde | Exdirector del Sirpa
Ruben Villaverde. Foto: Archivo El País
“La administración nuestra actuaba de inmediato. En los casos que dio a conocer El País investigamos y sacamos a la gente. Yo presenté 27 denuncias penales en los casos de maltrato. Esto lo informé en su momento al Parlamento”.
Marina Arismendi | Ministra de Desarrollo Social
Marina Arismendi. Foto: Archivo El País
“En algunos casos no se los puede destituir; es decir, el trámite de destituciones a nivel público es prolongado. Queremos renovar al personal, poner gente más fresca. Yo le pondría una bomba al hogar Ser”. (Radio Uruguay)
José lorenzo López  | Presidente del Suinau
Joselo López. Foto: Archivo El País
“Son casos aislados. Son esporádicos y no conforman la regla (...) Si el maltrato es desmedido o sistemático, lo denunciamos. Hemos iniciado denuncias de casos de violencia con funcionarios que han terminado presos”.
Álvaro Viviano | Director del Inisa
Álvaro Viviano, director de Inisa
“Hay algunas situaciones que lamentablemente a veces ocurren en los centros de reclusión. La única manera que tenemos de evitar eso son los controles permanentes y una adecuada selección de los funcionarios”. (El Espectador)
luis pedernera | derechos del niño de onu
Luis Pedernera. Foto: Archivo
“Hay que evitar la impunidad. Se ponen sobre la mesa hechos sobre los que lamentablemente no se ha laudado, porque las familias y los adolescentes, los que están y no están, siguen buscando justicia”. (Todo Pasa, Océano FM)
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