Baja adhesión a programas DE Inmujeres

Contra la violencia sí, pero de lejos

El Estado ofrece a las mujeres que zafan de la violencia un subsidio de alquiler y formación para el trabajo. Pero estos programas, que para ellas son un salvavidas esencial, se encuentran con pocas inmobiliarias dispuestas a alquilarles y escasas organizaciones con ganas de capacitarlas.

Violencia doméstica
Foto: Nicolás Pereyra

Salir. Escapar de la violencia. Salir, perder la casa, despedirse del entorno, desarraigar a los niños, sacarlos de la escuela, separarlos de sus amigos. Huir, tomar por fin la decisión de huir, arriesgarse al desamparo y la soledad, apostar a que va a ser para mejor. Salir de la violencia, viajar a un lugar desconocido, cortar con la dependencia, enfrentarse a no tener casa ni trabajo. Confiar.

El Mides, y en concreto el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), abraza a las que llegan con estos pensamientos en busca de auxilio. Les dan refugio, a ellas y a sus hijos; ayuda psicológica, a ellas y a sus hijos; las ayudan a rearmar sus vidas, les brindan asesoramiento legal y, sin mucha demora, les plantean: ¿cómo vas a salir de acá?

Pero tampoco las dejan solas en esa encrucijada. La red estatal que tiene a Inmujeres a la cabeza se conecta con otros organismos que también extienden sus brazos a las mujeres víctimas de violencia de género. Entre ellos, el Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). El primero les da un subsidio de alquiler por dos años a aquellas que sean capaces de sostener sus gastos básicos. El segundo les ofrece cursos para que tengan una formación básica que les permita conseguir un trabajo y volverse autónomas.

Sin embargo, la implementación de estos dos convenios se enfrenta a algunas barreras inesperadas. Las inmobiliarias dispuestas a alquilarles a mujeres víctimas de violencia no son suficientes. Los arrendadores particulares, tampoco. A su vez, las organizaciones interesadas en capacitarlas son pocas. Empresas grandes directamente no hay. Y conseguir la inserción laboral para aquellas que logran formarse es un verdadero triunfo.

En el gobierno observan este fenómeno de apatía con perplejidad, esbozan hipótesis y piensan estrategias para revertirlo. Saben que los prejuicios pueden estar incidiendo y son conscientes de que más allá de las expresiones públicas y la indignación generalizada ante cada muerte de una mujer a manos de un hombre, el instinto más firme en la sociedad sigue siendo uno: "no te metas".

Casa propia.

El convenio con el Ministerio de Vivienda se firmó en 2009. Primero se aplicó en Montevideo, Salto y Canelones. En 2010 se evaluó que era una herramienta útil y entre 2011 y 2012 se extendió al resto del país.

Los datos aportados por Inmujeres muestran que en todos estos años el programa llegó a 1.523 beneficiarios, incluyendo a las mujeres y a sus hijos. Desde 2009 hasta mayo de 2018 hubo 588 postulaciones al programa, de las cuales hay 304 activas al día de hoy. Desde el Ministerio de Vivienda se informó que en ese lapso se dio solución habitacional a 479 mujeres. Traducido en presupuesto, significa un gasto de unos $ 143,8 millones (US$ 4,7 millones) de ese ministerio.

De las alrededor de 2.000 inmobiliarias que se estima que existen en Uruguay, solo 48 concretaron un alquiler como parte de este programa. Los contratos celebrados con particulares fueron 28.

No es un "programa de ventanilla" al que pueda acudir cualquier interesada, se apuran a aclarar en Vivienda y algo similar intenta transmitir Adriana Fontán, del servicio de respuesta de Inmujeres: "En violencia doméstica es habitual que haya marchas y contramarchas; hay mujeres que en un momento se animan pero luego opera el miedo o la amenaza del agresor. El programa es solo para las mujeres que ya han iniciado un proceso y que tienen posibilidad de dar continuidad a su autonomía, de acuerdo a la evaluación del equipo técnico que interviene".

Son esos equipos los que proponen al programa la solicitud de ingreso, y a la hora de dar el visto bueno se tienen en cuenta los ingresos de las mujeres. A las que están solas o con hasta dos hijos se les exigen al menos 10 UR, con prestaciones sociales incluidas ($ 10.700); a las que tienen tres hijos o más, 15 UR (unos $ 16.075). Se prevé que con ese dinero solventen gastos de luz, agua, entre otros.

Si cumplen con las condiciones, se les da una garantía de alquiler de la Contaduría General de la Nación (CGN) y un subsidio de 12 UR ($ 12.860) durante dos años. Ellas mismas deben zambullirse al mercado y buscar una casa que les guste por ese precio. Y ahí es cuando se puede complicar, porque el programa exige que los propietarios estén inscriptos en la CGN. Antes el trámite solo se podía hacer en Montevideo, pero hace unos años se vio que era un obstáculo y un desestímulo para los arrendadores y se habilitó la opción de realizarlo en cada departamento.

Pero el cambio no trajo las consecuencias esperadas. "Pensamos que eso iba a ayudar y que iban a aparecer muchos, y sin embargo no es tan así", dice Fontán. Cuando una mujer demuestra interés en una casa, depende de que el propietario acepte adherirse a la CGN y eso muchas veces no sucede, a pesar de que la garantía de la Contaduría es muy valorada y de que el Ministerio de Vivienda paga siempre en fecha.

Dice Fontán que el problema —la escasa voluntad de alquilarles a ellas— se concentra en "las inmobiliarias más grandes" y en algunos departamentos en particular. En Maldonado, por ejemplo, hay pocas inmobiliarias adheridas porque las que están allí "apuntan a montos de alquiler mucho más altos". Otro departamento particular es Salto, que por la alta presencia de servicios de atención a mujeres víctimas de violencia debería ser uno de los de mayor porcentaje de mujeres ingresadas al programa. Sin embargo, está entre los más bajos. Han tenido reuniones con los agentes inmobiliarios salteños contando sobre el programa y tratando de involucrar su "compromiso social". Y si bien en un primer momento la respuesta fue buena, pasa el tiempo y eso no se traduce en más adhesiones.

"Eso nos ha pasado en otros lugares: al principio hay una buena receptividad pero después no se logra concretar en hechos", lamenta Fontán. "Estamos siempre tratando de estimular, informar y sacar los fantasmas que tienen que ver con que la población con la que trabajamos es población Mides. Es Inmujeres, pero en el marco del Mides, y puede llevar a cierto estigma de que es una población de pobreza, vulneración y por tanto falta de confianza sobre cómo se va a comportar después esa población a la hora de hacer uso de un inmueble. Que no puedan sostenerlo, que lo puedan descuidar…", especula la funcionaria.

En definitiva, la hipótesis que manejan en Inmujeres es que pueden estar operando "el desconocimiento, la falta de información y eventualmente el miedo". La estrategia que han adoptado es ir departamento por departamento y reunirse con los agentes inmobiliarios locales. "Algo ocurre para que no todas las inmobiliarias se adhieran o no haya tantos propietarios abiertos a hacerlo. Tenemos trabajo para hacer ahí: informar, derribar prejuicios", concluye Fontán.

"No conozco el convenio, ¿me lo mandás a mi mail?", responde a El País Wilder Ananikian, presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) que nuclea a unas 1.000 inmobiliarias. Ananikian asegura que siempre está "informado" y que le interesa "estar cerca de la gente", por eso insiste en que quiere saber de qué se trata. Algo parecido dice la secretaria de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay (ADIU), Sylvia Arcidíaco. Ella sabe del convenio pero solo "de oídas". "El problema es que la difusión es cero", afirma. En ADIU, que tiene más de 600 inmobiliarias asociadas, no recibieron ninguna comunicación formal al respecto. "Hacemos reuniones periódicas con nuestros asociados sobre temas de interés, como sería este. Ahora, con lo que me decís, vamos a tomar acción", anunció.

Trabajo duro.

El convenio con Inefop es bastante más nuevo y, por ende, se admite un diagnóstico menos pesimista. El primer año de aplicación fue 2017. Para ese año estaban previstos 13 cursos con unas 15 mujeres cada uno. Todas las participantes tenían que reunir la condición de ser víctimas de violencia basada en género o de discriminaciones múltiples, según la letra del convenio. De los 13 cursos solo lograron concretarse dos.

"Es un programa que acaba de empezar; por ahora no podemos hablar de reticencia. Estamos en etapa de comunicar, que la gente se anime. Y de no quedarnos solo con las organizaciones que se han involucrado", dice Fontán.

Las organizaciones que dieron cursos el año pasado fueron dos acostumbradas a trabajar con mujeres: Casa de la Mujer de la Unión (Montevideo) y Fundación A Ganar (Maldonado). Tiene sentido: uno de los requisitos de Inmujeres e Inefop para aprobar propuestas de las llamadas Entidades de Capacitación (ECA) es que el equipo docente tenga una perspectiva de género: "Que incorporen en su propuesta un saber sobre violencia de género que después se traduzca en un saber hacer, porque se pueden dar situaciones que requieran un abordaje", explica Fontán.

¿No hay, además de esas dos, más organizaciones o empresas en Uruguay capaces de formar a mujeres víctimas de violencia? Bueno, al filo del término del convenio anterior se presentaron otras cuyas propuestas quedaron en el tintero y recién luego de la renovación del convenio, en abril de este año, pudieron evaluarse. Una es Ciedur, que arrancó un curso la semana pasada. También hay propuestas de la cooperativa feminista Mujer Ahora y del Centro Integral Tecnológico Educativo de Flores.

En Inmujeres están confiados, pero a la vez dejan entrever cierto nerviosismo porque, otra vez, los interesados en este programa no son suficientes como para completar los cursos previstos y alcanzar a las 200 mujeres que aspiran a formar.

Dice Jorge Rondán, el asesor en políticas de género de Inefop, que "hubo que hacer una suerte de campaña para que las entidades de capacitación se presentaran" a este llamado.

"Estamos en un momento en que las entidades de capacitación toman otros cursos y ven con cierto miedo o dificultad capacitar a mujeres que están en esta situación. Porque entienden a priori que son complejas, que va a demandar mucha energía de horas docentes, que va a desgastar a los equipos. Entonces hubo que hacer todo un proceso de lobby para promover y entusiasmar a que se presentaran", cuenta Rondán.

El funcionario entiende que la exigencia de tener un equipo preparado conlleva su dificultad. También es cierto, advierte Rondán, que el instituto ha detectado que en los últimos tres o cuatro años las propuestas de formación para mujeres y para jóvenes cayeron respecto a las otras posibilidades que abre Inefop. Y encima, en el caso de las mujeres hay una especie de vacío regulatorio, porque no existe una ley que prevea lo relativo a pasantías o accidentes laborales, como sí lo hace la ley de empleo juvenil.

"Hay varios desestimulantes para formar a mujeres mayores de 29 años en general", resume. "Si a eso le agregás que son mujeres que vienen de situaciones de violencia basada en género o han sufrido discriminaciones múltiples, eso genera cierto desestímulo muchas veces no dicho", agrega.

Alguna vez, esa falta de motivación sí fue explicitada en instancias entre Inefop y las entidades capacitadoras. Allí explicaron que para formar a estas mujeres necesitan más tiempo, "más cabeza", más cuidado de los equipos. También expusieron su sensación de que, por el propio proceso que están viviendo, son más proclives a abandonar el curso, lo cual deriva en una penalización a la organización o empresa a cargo.

"Tenemos un curso que empezó ahora en el que hay mujeres que llegan con custodia, con tobilleras, que viven en casas intermedias, protegidas de sus victimarios. Son situaciones que si no estás preparado, golpean", entiende Rondán.

En función de los planteos recibidos, el nuevo convenio estipula que el trabajo implica más horas docentes de apoyo a las participantes, de modo de aumentar el rédito económico de las organizaciones que se animen a presentarse. El instituto pagará $ 1.900.000 por curso y tiene previsto destinar un máximo de $ 24.747.190 (unos US$ 800.000) por año.

Aun así, Rondán cree que las empresas grandes no se sentirán atraídas por la propuesta. "Sin compromiso político y con los derechos humanos, es difícil que la gente se meta", opina.

Salir al mercado laboral es otro desafío. Inefop e Inmujeres piden a las entidades capacitadoras que ayuden a conseguir trabajo al 20% de las asistentes a los cursos. En los dos que se implementaron el año pasado, hasta hace dos meses solo lo habían conseguido tres de 30 mujeres. En las últimas semanas se alcanzó la meta y hoy, cinco tienen empleo en Montevideo y cuatro en Maldonado.

Para Eduardo Pereyra, director general de Inefop, este programa es clave. "No es un cursito más. Es una respuesta de mucha calidad y compromiso del instituto, y una señal acorde a lo que la sociedad está reclamando", expresa.

Pereyra es consciente del escaso apoyo empresarial que ha tenido, y dice: "Nuestra sociedad está muy sensibilizada, pero tenemos que pasar más del discurso a la acción y asumirlo desde los distintos lugares". Por eso aprovecha para hacer "un reclamo de sensibilidad y compromiso al sector privado". "Hay que arropar al Inmujeres. Este tema no excluye a nadie".

La voz de tres mujeres auxiliadas por el Mides
Violencia doméstica, de género

Natalia - "La gente nos juzga: las mantenidas del Estado"

Viajaron 500 kilómetros en silencio. Sus dos hijos no entendían qué estaba pasado ni preguntaban. En Tres Cruces los esperaba un chofer y una asistente social del Mides para acompañarlos al hogar de breve estadía, la primera parada del recorrido que haría para terminar con la situación de violencia a la que la tenía sometida su marido hacía 13 años. A él le dijo que se iba a comprar pescado. Y nunca más volvió, ni siquiera cuando murió su abuela. No pisará su departamento natal hasta saber que él está muerto. Del hogar de breve estadía pasó al Desafío, donde vivió un año. La convivencia con otras 20 mujeres y sus hijos no fue fácil, pero de a poco fue convirtiéndose en su casa. Las funcionarias "nunca me dejaron caer", dice Natalia. "El Estado, a través de ellas, me dio herramientas y me hizo sentir que era capaz de hacerlo". Por eso lleva un tatuaje en el antebrazo con el nombre del hogar. Tras la experiencia en Desafío obtuvo el subsidio de alquiler del Ministerio de Vivienda. Y ahora vive en su propia casa, a la que pintó de colores vivos y que pagará de a poco. Asegura que ha sentido muchos prejuicios y cree que la gente piensa en ellas como "las mantenidas del Estado", pero dice que lo suyo fue un esfuerzo propio, con ayuda: "No me regalaron nada".

Paola - "Que te den contención y trabajo no es lo más común"

El día que Paola tomó coraje para cortar con la dependencia respecto a su agresor, fue al Mides sin mucha expectativa. No sabía que el apoyo que le darían sería clave. También la ayudó una amiga, que le consiguió un empleo en un call center. "Que te den trabajo y contención no es lo más común. Que te desvinculen, que no te den corte: eso es lo más común", asegura. Paola logró echar a su agresor de la casa que compartían, pero él la denunció como "ocupa" y siguió agrediéndola. La Justicia le dio la razón y dispuso medidas cautelares, pero como la vivienda era de él, le pusieron un plazo para dejarla. Estuvo un tiempo viviendo con su madre. Un día la llamaron del Mides para decirle que le había salido el subsidio de alquiler, y no lo podía creer. Se mudó junto a su hija, que tiene trastorno del espectro autista, y al tiempo también tuvo la posibilidad de hacer un curso de Inefop. Si bien lo valora, cuenta que la convivencia entre las participantes fue muy difícil. "Admiro el programa, lo defiendo a capa y espada. Puede tener pequeñas fisuras, pero es buenísimo", expresa. Hoy Paola está en una casa que paga con un subsidio de compra y en unos años será suya. Dice que a Inmujeres le debe el "haber progresado de forma más digna, más rápida".

Mónica - "A mí me salvaron la vida. Ojalá todas se animaran"

Él trataba de retenerla un día, y al día siguiente la atacaba. Ella soportaba. El empujón que necesitaba para pedir ayuda fue verlo agredir a su hija. Entonces recurrió al Mides para que la ayudaran a salir de ahí, pero no fue enseguida. Fueron siete meses aguantando la convivencia con su agresor. Hasta que en un momento llegó el aviso de que tendría un subsidio para alquilar, y ese mismo día Mónica salió a buscar una casa. Consiguió una especie de garaje con baño. No le importaba nada. Allí estuvo tres años viviendo junto a su hija. Es un tiempo que, pese a las carencias, recuerda como "una linda experiencia" de las dos. Mientras tanto, vendía tortas fritas en la calle y hacía horas de construcción para una cooperativa de vivienda. Desde Inmujeres le ofrecieron un curso de marketing y ventas por Inefop, y aceptó. La preparación duró seis meses y fue buena, dice, aunque el grupo "era bravo". A ella le gustaría trabajar atendiendo público en algún negocio. Por ahora no ha conseguido un empleo en ese rubro, así que trabaja como limpiadora en una casa de familia. Igual, sigue entregando su currículum. "A mí me salvaron la vida", dice sobre la atención de Inmujeres. "Ojalá todas las mujeres se decidieran a buscar ayuda. Sí se puede. Y nunca es tarde".

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