REFERÉNDUM

Un salón, una mesa con botellas de agua y vasos, un micrófono y un parlante, música durante la espera y sillas de plástico que se ocupan a medida que pasa la tardecita. Esa postal es conocida: todo indica que los uruguayos irán a las urnas otra vez, ahora por un referéndum, y la campaña no puede esperar. Pese a que la Corte Electoral todavía no finalizó el conteo de las adhesiones presentadas en julio por la Comisión Nacional Pro Referéndum y, por ende, no anunció la consulta, la oposición y el oficialismo lo dan por hecho y ya preparan la campaña.

Es martes, empieza a oscurecer y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado aprovecha su paso por Florida con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de Sarandí para dar un discurso en la ciudad en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que el Pit-Cnt, el Frente Amplio y diversas organizaciones sociales pretenden derogar. Lo acompaña el redactor de la ley, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, pero él no habla. Tampoco los dirigentes locales de los partidos de la coalición sentados a cada lado. Es Delgado quien tiene la voz cantante en este acto, que no es el primero ni será el último. La semana pasada estuvo en Canelones y la gira seguirá en Colonia. “Son charlas informativas”: así las define el jerarca.

¿Va a ser él la cara visible del gobierno en esta campaña? Delgado titubea y responde a El País: “Uno de los”. En cuanto a la campaña “fuerte”, el sector Todos Hacia Adelante tendrá un congreso el 30 y 31 de octubre en Trinidad, Flores, donde lanzará la campaña en defensa de la LUC.

Durante el discurso en Florida, el jerarca pone el énfasis en la “libertad” y se explaya particularmente en los artículos sobre seguridad; los primeros que conforman la norma y “los más sensibles”, dice, “los que reúnen las preocupaciones que recolectamos durante la campaña” rumbo a las elecciones de 2019.

“En 14 meses de vigencia, la ley no solo no tuvo efectos negativos, sino que todos los efectos fueron positivos en materia de seguridad. En 14 meses hicimos lo que al Frente Amplio le parecía imposible hacer en 15 años”, afirma Delgado y le sigue una ovación. También nombra el aumento de penas, la “libertad financiera”, el “derecho a la libre circulación” de quienes no hacen piquetes, los artículos sobre el régimen de adopción. Pero, de nuevo, el peso del discurso está sobre la seguridad y esa parece ser la línea argumentativa por la que se regirá la campaña oficialista.

Desde ambos lados saben que el desafío más grande de cara a la campaña es articular un mensaje claro acerca de 135 artículos de una ley que alcanza poco más de un año de vigencia. Por eso, al día siguiente del acto en Florida, Delgado reunió a miembros de la coalición para coordinar la operativa de la campaña y definir lineamientos argumentativos. Estuvieron presentes los blancos Amin Niffouri y Rodrigo Goñi, los colorados Germán Coutinho y Ope Pasquet, los cabildantes Raúl Lozano y Álvaro Perrone, por el Partido Independiente el diputado Iván Posada y el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña. “Va a haber algunos temas generales. Cada partido hará su campaña, pero con coordinación”, dice Delgado.

Es que hasta ahora, cada dirigente oficialista aprovechaba visitas al interior para instar a votar el “no” a la derogación con un discurso propio. El senador cabildante Guido Manini Ríos, por ejemplo, visita pueblos desde hace meses en lo que llama “cara a cara con la gente”, donde “rinde cuentas” de lo que hace su partido en el gobierno y “aprovecha” para mencionar la LUC.

Por su parte, el senador colorado Germán Coutinho visitó Salto la semana pasada con una consigna expresa: “No a derogación de la LUC”.

Hasta ahora, cada uno aportaba lo suyo, pero tras la reunión con Delgado en Torre Ejecutiva los dirigentes señalaron que en las últimas semanas se habían dado salidas al interior de referentes de los partidos de la coalición en las que no hubo coordinación y ocurrieron actos en paralelo con mensajes diferentes.

El gobierno, entonces, empieza a organizarse para lo que viene.

Los tres candidatos a presidir el Frente Amplio —Fernando Pereira, Gonzalo Civila e Ivonne Passada— presentaron el “comando electoral” en La Huella de Seregni el martes pasado, donde anunciaron su objetivo central: la derogación de los 135 artículos de la LUC.

Si bien el lanzamiento oficial de la campaña del partido por el “sí” será el sábado 23, los dirigentes allanan poco a poco el terreno y cada fin de semana hacen actividades en los comités de base y recorren los barrios.

En diálogo con El País, Pereira adelanta que habrá una campaña publicitaria, “la más importante que se pueda hacer”; que habrá jingles, spots televisivos y material escrito, pero apuesta el mayor esfuerzo a “salir a golpear puertas y conversar con la gente”. Para el exdirigente del Pit, esta campaña implica captar adherentes que no fueron votantes del Frente Amplio y tener “una amplitud importante para dialogar, intercambiar, conversar con los vecinos puerta a puerta”, dice, “de la misma manera en que lo hicimos para juntar las 800.000 firmas, pero esta vez con argumentos que intenten una decisión: derogar la LUC”.

Para Pereira, la herramienta “más importante” en esta campaña es la misma que se usó para la recolección de firmas: “La fuerza del pueblo”, dice, y remarca la importancia de los comités.

Ahora es miércoles por la noche; en el Parlamento se discute la Rendición de Cuentas y en el comité de base de Punta Carretas unas 15 personas esperan al senador socialista Daniel Olesker, que llega pasadas las ocho de la noche y no escatima el tiempo para explicar con sumo detalle los artículos de la LUC vinculados a la economía, el campo que domina. Habla frente al grupo y para varias personas más que lo ven por zoom y a través de un vivo de Instagram.

Para esbozar el argumento en contra del artículo de la regla fiscal, por ejemplo, el senador explica qué es la regla fiscal, cómo funciona, cómo se aplica en otros países y por qué considera “innecesario” el artículo referido a ella en la LUC.

Olesker prefiere no profundizar en artículos sobre los que no es experto, aunque sí los nombra y opina sobre ellos. En suma, el senador socialista define a la LUC de la siguiente manera: “Es la expresión de un modelo económico y social —más económico que social—, que básicamente a lo que tiende es a reducir la participación del Estado en el funcionamiento económico y social, y, al mismo tiempo, generar condiciones para ampliar el campo de lo mercantil y lo privado”.

En el mismo sentido se expresa Pereira: “Más allá de las discusiones del articulado que se van a dar, estamos aquellos que creemos en el Estado protector, un Estado que garantiza distribución de riqueza y servicios públicos de calidad contra quienes piensan que tiene que haber Estado mínimo y que el mercado va a regular. Esos dos proyectos de país quedan evidenciados en esta ley, en estos 135 artículos que queremos derogar”, apunta.

Para Pereira, la campaña por el sí debe ser “milimétrica”. El ahora candidato a presidir el Frente Amplio cuenta que durante la recolección de firmas recorrió todo el país, y en esas recorridas la Comisión Nacional Pro Referéndum recogió “una cantidad de información que se está procesando de manera tal que la campaña sea milimétrica, segmentada y que deje claro qué es lo que está en disputa”.

Mientras la estrategia del oficialismo parece girar en torno a la seguridad y a la educación, los impulsores del referéndum optan por ir a los artículos concretos; a “segmentar”, como dice Pereira.

Los dirigentes frenteamplistas remarcan su concepción de la LUC como la expresión de dos modelos: más Estado o menos Estado; “dos proyectos de país”. En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou la defiende desde el “compromiso electoral: “Yo iba por todo el país diciendo que íbamos a presentar este proyecto con estos temas y lo sacamos adelante”, dijo en el evento American Bussines Forum en Punta del Este, donde también lanzó: “Que alguien me diga cuál es el efecto negativo, después si quieren hablamos de los positivos”.

A estas dos perspectivas se le suma una variable que da lugar a preguntarse si estamos frente a lo que podría concebirse como una elección de medio término: el tiempo. Según lo pronosticado, el referéndum se llevaría a cabo en marzo del año que viene, dos años después de la asunción del presidente y dos años y medio antes de las elecciones nacionales.

Julio María Sanguinetti, expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, opina que no se puede “eternizar un pronunciamiento de este tipo”: “Yo espero que se vote en la primera quincena de marzo y no más allá. El Frente Amplio lo intentará llevar a una elección de medio término de tipo argentino, y en los hechos puede transformarse en eso”.

Tiene lógica: mientras más cerca se esté de las elecciones nacionales, el impacto político puede ser mayor.

De todos modos, para Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, no es fácil especular qué fecha fijada para el referéndum favorecería al oficialismo o a la oposición, pensando en términos de capital electoral de cara a las elecciones nacionales en 2024.

Porzecanski explica que “los ciclos de aprobación de los gobiernos tocan sus pisos cerca de la mitad del período”, pero esto no es tan lineal, puntualiza. En este caso, hay “un contexto especial, pandémico, con una luna de miel ampliada y extendida”, según analizó Opción en su momento, y la aprobación, dice el politólogo, “se está comportando como suele comportarse: arranca alto y empieza a caer”.

Asimismo, hay señales de reactivación económica por lo que no se sabe exactamente cuál es ese piso de aprobación y cuándo va a suceder, puntualiza Porzecanski. Y dice que “no es tan fácil especular qué fecha favorece al Frente Amplio y qué fecha favorece al oficialismo”, salvo que exista un hecho político “de mucha trascendencia” que incline la balanza hacia un lado u otro.

Aun así, aunque exista la incertidumbre de qué fecha favorece a qué partido político, la naturaleza misma de la LUC “puede hacer crecer la probabilidad” de que haya un apoyo o una evaluación “en cuanto a la satisfacción o no con el gobierno”, explica el director de Opción.

Por otro lado, la diversidad temática que se pone en cuestión “es inédita” y eso “favorece las chances de que este referéndum se transforme, en los hechos, en una cuestión binaria de apoyar o no al gobierno según el humor político del momento”, agrega.

Al respecto, Pereira no está de acuerdo con la visión de que el referéndum termine siendo una manifestación a favor o en contra del gobierno. “La gente está en desacuerdo con una ley que nosotros creemos que afecta a la educación pública, la seguridad pública, el derecho a huelga, las empresas públicas”, dice. “Si somos capaces de explicar a la comunidad educativa, por ejemplo, el cambio de gobernanza en la educación, claro que van a estar en contra del artículo”, asegura el expresidente del Pit-Cnt.

“Esto no tiene que ver con una elección de medio término ni una opinión general de la gente sobre el gobierno. Habrá muchas que sí, pero en este caso se está laudando por 135 artículos de la LUC”, dice. Pereira acota que “hay otras contiendas posteriores” y está en el medio la elección del presidente de la coalición de izquierda. “Una de las que nos toca ahora a los que militamos en el Frente Amplio es intentar construir en 2024 una mayoría para reconquistar el gobierno”, sostiene.

Aunque falten unos cinco meses para el aún no anunciado referéndum, los partidos elaboran estrategias al mismo tiempo que salen al territorio. La mira en 2024 es casi inevitable frente a esta contienda en la que nada menos que 135 artículos de la LUC están en disputa. Pero ahora, el desafío para unos y para otros es lograr lo que ambos están buscando: dar un mensaje fuerte y claro.