Violencia policial

Los videos virales y el abuso policial: ¿casos excepcionales o delitos que se repiten?

Interior niega abusos y acusa a la oposición de instalar el discurso para “demonizar” la LUC. Pero fiscales y abogados perciben malos tratos y sindicatos reconocen confusión en torno a nuevas normas.

operativo
Vecino de Pocitos registró un procedimiento policial en el que un efectivo de la Guardia Republicana golpea a un joven y lo obliga a que borre un video.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La agenda del Ministerio del Interior parece haber quedado en parte atada a la irrupción de videos que registran el desenlace de distintos procedimientos policiales. Filman los agentes, filman los civiles: con la cámara, todos buscan una garantía en un relacionamiento en el que la confianza mutua luce estropeada.

Circulan videos que exponen supuestos excesos en el uso de la fuerza de la Policía, otros registran agravios en su contra por parte de civiles. En el medio, como una breve tregua, la indignación ciudadana se desvía hacia filmaciones en las que presuntos delincuentes presumen sus armas y amenazan a sus enemigos.

Esta semana, en el WhatsApp de algunas unidades policiales caló hondo un video que evidencia la violencia desmedida con que la policía brasileña actúo en un evento simple. Un agente joven, de los “de azul”, lo reenvía a mi celular.

Lo que se ve es esto: un policía entra a una peluquería, una mujer se interpone y él la golpea varias veces. La reduce. Ya la tiene en el piso y la toma del cuello, la ahorca. La mujer queda inmóvil, su rostro está lila. Entonces, le echa gas pimienta en los ojos. “La debe haber dejado ciega. Nos dejó impactados. Eso es salir a trabajar con ira y con ese nivel de agresividad ese tipo agarra el arma y lo mismo te dispara”, dice el entrevistado, “lo que pasa es que en Brasil el presidente defiende a la Policía no importa lo que haga y con ese respaldo los perros quedan más sueltos. Bueno, acá eso no pasa porque tenemos otras leyes, porque no hay un mensaje radical. Aunque siempre hay gente que, como pasa en todos los trabajos, admira la violencia”.

Sobre el video que grabó un vecino en el barrio Pocitos, en el que durante un operativo de control callejero un efectivo de la Guardia Republicana golpea a un joven para que borre del celular el contenido filmado, también estuvieron comentando en estos grupos.

Y sobre sus antecedentes, que tal como publicó La Diaria, resultó ser la misma persona que siendo adolescente llevó el arma de reglamento de su hermano al liceo y una bala impactó en una compañera —la hoy política Fiorella Buzeta—, dejándola en situación de discapacidad. Ese mismo efectivo habría estado involucrado en un procedimiento en enero pasado que culminó con un joven muerto, quien había participado en una rapiña en grado de tentativa y estaba desarmado, también según el mencionado diario.

El funcionario fue desarmado y se lo retiró de las tareas operativas mientras se instruye un sumario administrativo y se investiga en la Justicia penal, informó el Ministerio del Interior. Los demás policías que participaron del hecho fueron citados por la fiscal.

“Depende de la unidad que integres y la zona en la que trabajes cómo es el encare con la ciudadanía. Sí, algunos están abusando un poquito, pero esos no somos todos”, insiste el agente consultado.

Antes de este episodio, había resonado el operativo en Malvín Norte en el que un enfrentamiento a pedradas con vecinos culminó con el uso de municiones no letales que hirieron a tres mujeres. Unos días atrás de ese hecho, en Rocha, un grupo de jóvenes agredió a tres policías que iban a detenerlos al resistirse a mostrar sus documentos durante un control.

Con lesionados de un lado y del otro, el duro episodio registrado en Pocitos colisionó con una momentánea suspensión del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo - Uruguay (Sifpom-U) del Pit-Cnt. Todo esto calentó el debate en torno a si se está dando una reiteración de abusos por parte de la Policía, presuntamente “envalentonada” por algunos discursos políticos y la incorporación de los delitos de resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial en la Ley de Urgente Consideración (LUC), o si por el contrario se trata de “una campaña de carácter político para atacar a la institución y así golpear al gobierno”, como dice a El País Luis Calabria, director general de Secretaria del Ministerio del Interior.

Números grises.

A esta discusión le faltan cifras. El Ministerio del Interior no aporta el número de investigaciones administrativas iniciadas a funcionarios por denuncias de abusos en procedimientos, ni sus resoluciones. Sin embargo, el ministro Jorge Larrañaga asegura a El País que “no se indentifica ningún problema de abuso policial”. Refuerza: “No existen procedimientos abusivos. Lo que vemos es un intento por parte de algunos actores políticos y de otra naturaleza de instalar una lógica de confrontación, de instalar el relato del abuso policial”.

Para respaldar su argumento, dice que en 2019, bajo la administración del Frente Amplio, hubo 10 policías formalizados por abusos de funciones y dos en 2020, pero por hechos anteriores a esa fecha. “Se ataca a la Policía y se utiliza el argumento de la LUC como muletilla; en cada ocasión que ha tenido, la oposición siempre sentencia contra la Policía y contra el gobierno y no hay fundamento. Ni hay situaciones generalizadas de abuso ni hay en la ley ninguna disposición que favorezca excesos”, apunta.

Ante la presunción de que la LUC propiciaría el “gatillo fácil” (por la incorporación de la figura de la legítima defensa presunta), Larrañaga también carga contra el Frente Amplio: “La Policía abatió a 21 delincuentes, mientras que en el último año de la gestión anterior fueron 34”.

jorge larrañaga
El ministro Jorge Larrañaga niega que exista un problema de abusos en procedimientos policiales. Foto: El País

Según la cúpula del ministerio, tras investigar el accionar policial en la mayoría de los videos viralizados —aquel episodio con un funcionario municipal, el de un malabarista o el de Plaza Seregni, enumera Calabria— se descartó el abuso. “Pronosticaron terremotos y huracanes, pero fracasaron”, concluye Larrañaga.

Del otro lado de esta postura aún no hay una estadística procesada que sirva como evidencia para definir si estos episodios se incrementaron, pero en 2020 el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) recepcionó 100 denuncias. “Si bien la violencia policial no es un fenómeno nuevo, ni de este gobierno ni de los anteriores, sino que se registra desde la salida de la dictadura, vemos que estos relatos testimonian una voluntad de control ciudadano sobre estas situaciones, y un problema de desinformación en torno a lo que permite o no la nueva normativa”, dice Florencia Lemos, co-coordinadora del proyecto de seguridad ciudadana.

consejo unánime

En modo on: que todos filmen los procedimientos

Los civiles filman los procedimientos y también los policías. Entre los funcionarios, sobre todo los oficiales cuentan con “cámaras corporales”. Para ampliar el stock, el Ministerio del Interior adquirió una tanda de 600 en 2020 pero aún no alcanzan para todos. Entre los agentes del escalafón más bajo hay quienes averiguan costos. “Salen como US$ 500, es imposible para nosotros pagarlas”, dice un policía. Desde los sindicatos se les aconseja a los efectivos que siempre que puedan registren el operativo aunque sea con su propio celular, “es una garantía para ellos”, dice el abogado Andrés Ojeda. Serpaj, en tanto, realizó tres cursos para jóvenes que busca orientarlos en cómo reaccionar ante un procedimiento. Les aconsejan filmar siempre que no constituya una obstrucción al accionar policial, pero también se les advierte que se detengan si esto genera una reacción violenta en el efectivo.

A las denuncias las dividen en dos: las “micro violencias”, que no suelen tener pruebas contundentes, y las “graves”. Entre estas, el abogado Rodrigo Rey, asesor de Serpaj, cuenta cuatro que están siendo investigadas por Fiscalía. Confía en que se lograrán formalizaciones.

“Sin alentar un pensamiento antipolicía, recomiendo que ante la duda de abuso, denuncien”, dice Rey, “es la única forma de generar un antecedente que permita una estadística”. Entre quienes se acercaron a Serpaj, algunos dicen que se negaron a tomarles la denuncia en una comisaría. Por eso, aconsejan ir a Fiscalía pero también a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

En marzo de 2020, apenas asumió el nuevo gobierno, la institución registró un pico de denuncias sobre excesos en procedimientos. “La situación fue preocupante”, reconoce Juan Faroppa, unos de los directores, pero aclara que “no se convirtió en un problema constante”.

A su modo de ver, cada vez que este tema se pone sobre la mesa, “la discusión cae en una confrontación de ustedes y nosotros” y “se pierde de vista que lo que está de fondo es el modelo de policía que queremos y el nivel de profesionalización que se pretende”. Plantea: “Cuando la Policía golpea como sucedió en Pocitos o insulta a los vecinos como pasó en Malvín Norte, eso no es ser profesional”.

¿Qué respuesta obtiene la institución sobre las denuncias que presenta al ministerio? “Me sobran los dedos de una mano para contar las veces que nos respondió qué medidas tomó frente a nuestras comunicaciones”. Esta especie de “ninguneo” tampoco es nuevo, “pasaba lo mismo con el gobierno anterior”.

Denuncias cruzadas.

Hay dos bandos y en el medio rehenes, de esta forma lo ve Patricia Rodríguez, presidenta del Sifpom-U: “El policía es un botín político. Nos utilizan, quedamos en medio de un fuego cruzado entre el gobierno y la oposición”. De esto habla cotidianamente en los 20 grupos de WhatsApp en los que organizó a los 9.000 afiliados, y por eso le encargó a un antropólogo una investigación “que presente la realidad” del trabajo policial. “Hay personas que se desvían de las buenas prácticas como sucede en todos lados, pero es una lástima ver dañada la confianza y que se pierda de vista el sacrificio enorme que conlleva este trabajo”.

El argumento que esgrime es el mismo que expone el abogado del sindicato, Andrés Ojeda. El caso del efectivo de la Republicana es la primera formalización de un asociado que registran entre 2020 y 2021, y el gremio se negó a respaldarlo. “Los videos dejan humo, pero pasás el colador y no queda nada. La gestión de la seguridad pública es un bastión electoral, quieren derogar los artículos que incorporó la LUC porque consideran que traerán represión y necesitan que aparezca. Lo que yo veo es una voluntad política de encontrar casos de abusos policial y no aparecen”, opina el abogado, quien también es dirigente del Partido Colorado.

El resto de los policías agremiados se nuclean —en su mayoría— en torno al Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU). Son unos 6.000. Su representante, el abogado Juan Williman, cuenta dos funcionarios siendo investigados en Fiscalía y uno en etapa de juicio. “Cuando se comete un delito durante un procedimiento son situaciones lamentables, pero excepcionales”, refuerza.

Para Williman, la contracara de esta excepcionalidad son las 182 formalizaciones surgidas de los delitos creados por la LUC, según informó La diaria. “Eso quiere decir que un juez imparcial entendió que sí sucedió un delito de agravio a la autoridad policial (118) o de resistencia al arresto (64)”, recalca.

Pero, ¿qué relatos están recibiendo los fiscales? Desde el anonimato, para evitar confrontaciones con policías con quienes trabajan a diario, distintos fiscales de flagrancia aseguran que “las denuncias de uso excesivo de la fuerza son frecuentes”.

Un fiscal nota “un incremento de denuncias de particulares hacia policías, incluso por malos tratos en lugares donde antes no sucedían, como en clínicas de salud”. Otro describe que, con la repetición de consignas como “se acabó el recreo”, percibió “un viento en la camiseta que se asentó”. Una de las novedades que distingue este fiscal es un “recrudecimiento” en el trato durante los controles que se hacen en la calle.

Más allá de las modificaciones en la Ley de Procedimiento Policial, la LUC también afectó algunas metodologías del Código del Proceso Penal (CPP). Si la irrupción del CPP (2017) marcó que la base de datos de los delitos se comparta con Fiscalía —“lo que generó un mayor control sobre la institución”, dice una fuente—, la LUC amplió a cuatro horas el tiempo del que dispone la Policía entre que detiene a una persona y da parte a Fiscalía. “La LUC devolvió un poco esa discrecionalidad y eso se siente en la cancha”, opina un fiscal.

“Generar más tiempo en una comisaría sin control de Fiscalía ni la defensa solo genera más riesgos. Son cambios simbólicos: es un ‘vamos a dar un mensaje’ al darle más autonomía a la Policía. Yo lo veo como un populismo punitivo”, opina el penalista Diego Camaño.

Por otro lado, el CPP creó la figura del juez de garantía que, como otro mecanismo de control, le pregunta a cada imputado acerca del proceso de detención. Uno de los fiscales manifiesta que, cada semana, al menos en tres casos él, la defensa o el propio juez piden pericias para evaluar si hubo un uso de violencia excesiva. “Pero aunque se compruebe, suelen quedar en la nada porque o no hay pruebas contundentes porque faltan cámaras en algunas zonas (como la 3 y la 4, las más conflictivas en la periferia de Montevideo) o la víctima desiste de avanzar”.

Patricia Rodríguez
Patricia Rodríguez, presidenta del Sifpom-U cree que hoy "los policías son un montín político". Foto: El País

Lo mismo pasa entre policías. Desde Fiscalía cuentan que son los más jóvenes los que suelen denunciar a los civiles por los delitos nuevos; “los veteranos tienen otra cintura y evitan pasar por el proceso”.

Nuevos roles.

“La gente está loca por salir a la calle, loca por ir a bailar, loca por ir a la playa y eso se nota en el estrés que tienen. Nosotros también. Yo estoy loco por volver a hacer todo eso y también me estresa. En operativos en aglomeraciones me han escupido, me han insultado y me han golpeado. No culpo, creo que estamos todos como perros encerrados”, dice el policía “de azul” que compartió el video del abuso policial en Brasil.

Desde Serpaj, plantean que el uso de policías para disgregar aglomeraciones les dio una nueva función y elevó el volumen de interacciones con la sociedad, “al mismo tiempo en que se crearon delitos que surgen de esa interacción”.

El senador frenteamplista Charles Carrera, quien fue director general de Secretaría en la administración de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior, cree que “no eran delitos necesarios” y “ahí puede haber un germen de la violencia”. “Posiblemente las situaciones de abuso policial que se han denunciado en los últimos tiempos, en parte, pueden responder a mensajes mal interpretados”, opina.

Martín Fernández, abogado integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), informa que en varios relatos hay policías que argumentan que “la LUC prohíbe que los civiles filmen” un procedimiento. “Ese es un problema gravísimo de desinformación. Eso se traduce en que la formación oficial de los programas corre por un lado y la práctica por el otro”, dice.

Consultado al respecto, el ministro Larrañaga responde que “siempre que se modifica la ley y los procedimientos se realiza la preparación correspondiente y esta no es la excepción”. Sin embargo, los sindicatos no perciben lo mismo.

Desde la directiva del SUPU confirman que reciben consultas a diario con “dudas” de cómo actuar con la nueva normativa. Rodríguez, de Sifpom-U, en tanto, anuncia que el sindicato preparó un circuito de cursos que se realizarán todo el año “para tener bien claro lo que cambió y lo que no”.

La presidenta del sindicato reconoce que uno de los principales problemas de los funcionarios está en la formación y que “se debe mejorar el filtro de quienes ingresan a la institución”. La nueva dirección de la Escuela Nacional de Policía redujo el tiempo de formación de un agente de seis meses a cuatro. “El director dijo que iba a enseñar lo mismo que antes pero comprimido, lo cual consideramos completamente insuficiente”, reclama.

Calabria, desde el ministerio, retruca manifestando que esta administración cambió el orden de los exámenes psicológicos que deben pasar los postulantes. “Ahora se hacen al principio y no al final para precisamente tener un filtro y no haber preparado a alguien con técnicas policiales que luego no entrará en la institución”, aclara.

En el camino de reconstruir la confianza “dañada” con la sociedad, los sindicatos solicitaron más cámaras corporales (el ministerio adquirió 600 para complementar las que había, pero aún no alcanzan para todos) y que se incorporen otras armas de tipo no letal.

Otro enorme desafío es romper el tabú que existe en la institución respecto a la salud mental. “De los 1.300 funcionarios que están en el Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial, la mayoría es por problemas psicológicos”, dice Rodríguez. Considera que la resistencia estructural a tratar las patologías mentales está detrás del alto número de suicidios y casos de violencia doméstica que afecta a los efectivos policiales.

Si bien hay una disposición que indica que tras un operativo de alto nivel de estés el efectivo debe recibir atención psicológica, los sindicatos aseguran que esto no sucede. “Vos vas a un accidente, sacás el cuerpo de un niño de entre los fierros de un auto y volvés al turno como si nada. Esa acumulación de estrés postraumático no es gratuita”, plantea Rodríguez.

Desde 2014 el SUPU dispone de una psicóloga que brinda “contención y seguimiento” a los afiliados que lo requieran. Romina Laguna tiene la agenda desbordada desde la llegada de la pandemia. Recibe consultas por miedo al contagio, por estrés, angustia y preocupaciones económicas. “Se incrementó la irritabilidad y el desgano. Se sienten desprotegidos, como que la gente no comprende el rol que les está tocando ocupar en la pandemia”, dice la profesional.

Muchos funcionarios la buscan a ella para evitar ir a la clínica del estrés de Sanidad Policial, o ver a uno de los psicólogos que trabajan en el ministerio. ¿Por qué? “No quieren que se entere el jefe o los compañeros porque está mal visto mostrar esa debilidad, y además temen que los desarmen”.

Si lo desarman, el policía no puede hacer más el servicio extraordinario de vigilancia y custodia (222), que es un ingreso fundamental ya que “la mayoría de los funcionarios tienen el sueldo comprometido en préstamos”, según informa el abogado Ojeda. Además, si son certificados, como el estrés no se considera una enfermedad profesional para la actividad policial, pasa a cobrar el 65% del sueldo.

Como la Junta Médica del ministerio está sobrecargada —según manifiestan los gremios—, a pesar de tener el alta, la reincorporación puede demorar hasta un año. Un año cobrando menos, sin permiso para portar el arma y hacer el 222 es demasiado tiempo para estos bolsillos.

“No solo es eso. La deshumanización es tal que los jefes muchas veces ven que un funcionario necesita ayuda, pero no lo derivan al psicólogo porque le queda una vacante sin cubrir. No son conscientes de las consecuencias en la prevención de la salud mental”, lanza Rodríguez.

El agente mencionado al principio de este informe cuenta que cuando un compañero es certificado por un psiquiatra se le dice que pidió “parte de loco”. Si vuelve, muchos se niegan a salir a patrullar con él. Queda marcado.

Debate

¿Hay suficientes controles sobre los funcionarios policiales?

Desde los sindicatos insisten en que el policía “siempre está bajo la lupa” y que sobre él pesa el riesgo de cometer los delitos penales de los civiles y la gama que juzga el accionar de los funcionarios púbicos. “Lo último que le va a interesar a un efectivo es ser sumariado porque si eso pasa le retienen el 50% del sueldo y vive con todo tomado por préstamos. He visto casos de algunos involucrados en procedimientos dudosos que más que por las consecuencias penales que podrían llegar a enfrentar les preocupara el tema del sueldo”, dice Andrés Ojeda, abogado de Sifpom-U. Charles Carrera, senador frenteamplista con experiencia en Interior, reconoce que la violencia y los abusos en los procedimientos siempre existieron, pero advierte que “los esfuerzos para erradicarlos han variado según el color del gobierno de turno”. Durante la gestión del Frente Amplio se creó la Dirección de Asuntos Internos, se estableció un sistema que permite determinar el movimiento de los vehículos durante los procedimientos y un sistema de georeferenciación de la ubicación del policía. Las autoridades actuales aseguran que los controles que realiza son eficaces y que ha incorporado tecnología como una partida de cámara corporales ya que se promueve su uso. “Se somete a la Policía a la demostración de su inocencia. Invierten la carga de la prueba. Hay quienes promueven el escándalo con la Policía sin advertir que la Policía y el policía es el soporte de la ley, es la ley actuando”, dice Luis Calabria, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Para él, están siendo víctimas de una campaña cuyo destino “es inmovilizar a la Policía, restarle eficacia”.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados