EL LABERINTO DE LA REPARACIÓN

La vida después del abuso

Listas de espera de seis meses en la capital y falta de centros especializados en el interior son algunos de los problemas que enfrentan los niños y adolescentes que fueron víctimas de abuso. INAU intenta cubrir los vacíos pero la sociedad civil reclama más dinero y más cupos.

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Foto: Nicolás Pereyra

Se suponía que la tenía que cuidar. Sin embargo, cuando el hombre quedaba a cargo de la nieta de su pareja, abusaba de ella. Lo descubrieron porque guardaba las pruebas en una Ceibalita y un video que filmó de la niña de nueve años lo delató. Pasó en Florida, durante casi dos años, y se descubrió en octubre. Fue el último caso de abuso sexual que se dio a conocer a la prensa, pero cada día, de los cinco ingresos que hay al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), hay al menos uno en que la víctima sufrió este tipo de abuso.

A los especialistas les preocupa que esos casos, los que sí se tratan, sean la punta del iceberg. Es un delito que sobrevive y se prolonga en el tiempo a costa del silencio de víctimas y testigos, y eso lo demuestran las cifras: en dos tercios de los casos eran episodios recurrentes. Se repitieron y nadie los detectó o denunció. Eso hace difícil estimar la verdadera dimensión del problema en Uruguay, y se le suma el hecho de que detrás de un niño ingresado por maltrato quizás se escondan otras formas de abuso que podrán aparecer luego en terapia.

Muchos se preguntan cómo los casos pasan tanto tiempo en la oscuridad. Otros cuestionan la naturaleza de tales delitos, especialmente si quien lo comete es un padre o un familiar. Pero ¿qué pasa con estos niños y adolescentes una vez que se descubre que fueron violados o abusados?

Una red con agujeros.

En Montevideo, San José y Canelones hay servicios especializados, contratados por INAU, que se encargan de realizar tratamientos denominados "de reparación". Sin embargo, quienes trabajan en ellos afirman estar saturados.

En el interior el acceso a estos centros está restringido. Solo hay en Maldonado, Artigas y Bella Unión, y surgieron como respuesta ante una necesidad apremiante. Sipiav ha tendido una red que por el momento tiene 28 Comités de Recepción Local (CRL), que se encargan de recibir los casos, derivarlos a ONG y distintos servicios, seguirlos y conformar equipos de atención para cada situación.

Son el primer paso de los niños en el sistema en camino a recibir un tratamiento e implican la coordinación con el Ministerio del Interior, de Salud, de Educación, de Desarrollo Social y con INAU para tejer una respuesta. Pero estas primeras puertas de atención no son suficientes y por eso el instituto está agrandando la red de servicios.

Tal es la demanda, dice la coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi, que cada vez se agregan nuevos centros, centros de entrada y personal. El caso puede ingresar al sistema por diferentes vías. A través de la Línea Azul —una línea telefónica que atiende denuncias de violencia—, de servicios específicos para casos de violencia, o por otras vías. De ahí pasa a los CRL y luego se coordina hacia dónde va el niño. Si no hay ONG o centros que le brinden atención, se puede contar con los equipos de Salud Mental, del sistema de salud público o apelar a la atención psicológica en mutualista.

INAU está realizando llamados para contar con un referente en temas de violencia en cada departamento. Según Mizrahi, su rol sería el de tener puesta la "mirada de INAU en cada departamento para evaluar la necesidad de coordinaciones". Los técnicos suelen ser psiquiatras infantiles, psicólogos o trabajadores sociales.

Se hicieron además llamados para que nuevas ONG generen al menos 20 cupos para tratamientos de reparación en cada departamento del interior, dice Mizrahi, pero en algunos no hubo quien se presentara. Esto es un problema, porque quiere decir que hay un programa, pero no cobertura. En esos casos, dice Mizrahi, se coordina con otras instituciones, por ejemplo, con Inmujeres o Mides, y se vuelve a lanzar el llamado. "Es una articulación que por suerte se está dando y que antes era impensable", agrega.

A pesar de todo esto, puede pasar que queden niños sin atender y Mizrahi lo reconoce. Si bien en casos de abuso sexual se aúnan esfuerzos para que esto no ocurra y usualmente el Poder Judicial requiere informes técnicos sobre el niño, hay ocasiones en que se tiene que ir a buscar a la víctima para que se acerque al sistema.

En otro nivel quedan aquellos niños que deben ser internados en centros de atención de 24 horas de INAU. Fuentes consultadas señalan que hay problemas de organización en la interna del organismo para ofrecerles atención especializada. Al respecto, Mizrahi señala que la regla es que reciban atención del equipo de psicólogos y psiquiatras de INAU y que casi todos los centros cuentan con al menos uno. Además, dijo que se los debería incluir dentro de los convenios con las ONG y brindarles atención por esta vía. De todas formas, reconoce que la logística que implica el traslado puede provocar que algunos casos no reciban el tratamiento que necesitan.

Reparación.

Clyde Lacasa es coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y del proyecto Arcoíris. Según cuenta, las ONG firman convenios para la atención de unos 40 niños víctimas de distintos tipos de violencia, pero esto no es suficiente. Lo que suele ocurrir es que los niños queden en listas de espera por plazos que pueden llegar a los seis meses.

La alternativa son las sociedades médicas y sus equipos especializados, pero en el sistema de salud privado eso implica algunos costos. Sumando las dificultades de transporte, a menudo se hace cuesta arriba para las familias mantener este tratamiento. "Las ONG dan horas de sí, de sus técnicos, para poder trabajar con un poco más del número que el convenio pide", agrega.

El tratamiento de cada niño cuesta a INAU entre $ 7.000 y $ 9.000. Esto abarca la atención por un año, aunque si se necesita una extensión se puede prolongar por seis meses. Lacasa entiende que se requieren más cupos y más dinero.

"Los servicios están desbordados porque son pocos para lo que es la magnitud del problema", dice Andrea Tuana, integrante del equipo de dirección de la Asociación Civil El Paso. La ONG tiene tres servicios para atención de niños y adolescentes que sufren violencia en el hogar, que atienden a un total de 120 casos. El Paso también tiene listas de espera. Tuana estima que son unos 20 en cada servicio y reconoce que INAU suele ser flexible cuando es necesario extender la atención. También destaca los esfuerzos del Sipiav por llegar a cubrir todo el país.

Una vez que el niño o adolescente llega a la organización, cuenta Tuana, se busca establecer los primeros vínculos de confianza. También se evalúan los síntomas físicos del abuso y se solicitan estudios médicos en busca de enfermedades de transmisión sexual o posibles embarazos. "Muchas veces vienen con angustias grandes y no quieren hablar. La primera etapa es asegurar que el abusador no va a acceder a ellos. No siempre van a la cárcel y si no van, hay que tener garantía de que no van a merodear". En algunos casos es necesario medicar para contener a los niños, dice Tuana, y habitualmente también hay que tratar a la familia, que se ve envuelta en medio de una crisis.

Una vez que se logra contener los incendios más grandes, hay que evaluar el entorno, dice Tuana. Esto implica ir al mundo que rodea al niño, la escuela y la comunidad, para que no termine expulsado de su entorno. El resto del tratamiento consiste en crear actividades de grupo, instancias recreativas y de trabajo con psicólogos en entrevistas tanto grupales como individuales.

El tratamiento tiene que tener el apoyo de un referente familiar cercano como persona de confianza. "Es importante que el niño no quede como acusado de mentiroso", dice Víctor Giorgi, quien presidió INAU en 2005 y actualmente es director del Instituto Interamericano del Niño. Si se necesita de un equipo técnico, la familia es esencial, ya sea un hermano, tío o abuelo. "La descalificación del testimonio de niños, niñas y adolescentes es muy frecuente. Hay contextos en que cuesta aceptar la información", apunta Giorgi.

El psicólogo opina que los modelos de atención más exitosos en la región son los que ofrecen una atención prolongada. Al menos, debería durar un año y con seguimiento que permita retomar la atención de ser necesario, dice. "También es cierto que las personas que primero piden ayuda después no quieren saber más nada del tema. La búsqueda del técnico resulta persecutoria, invasiva".

Justicia en falta.

En julio de este año la Fiscalía General de la Nación creó la Unidad de Género, dirigida por la abogada Diana González. Uno de los primeros trabajos que está realizando esta unidad tiene que ver con el diagnóstico de las prácticas profesionales en temas de abuso. "No tenemos resultados pero sí hay un primer tema que está evidenciándose. Hay una distancia entre la cantidad de casos denunciados y los que se formalizan en proceso y llegan a conocimiento de la Fiscalía. Muchos quedan en la primera búsqueda de la policía, casi que telefónica", explica.

Es posible que en muchos de estos casos no haya elementos probatorios suficientes, pero también ocurre que una vez que llegan a la Fiscalía, desde el Poder Judicial no hay un criterio establecido para valorar las pruebas. González cree que a los informes elaborados por profesionales de las organizaciones contratadas por INAU, que son reconocidas por la institución, no se les da la misma validación que tendría, por ejemplo, un parte médico. Esto es grave, dado que en ocasiones es lo único que puede probar el delito.

González sostiene que si un niño se retracta de un testimonio en que acusa a un abusador esto no debería generar un elemento de duda. Por el contrario, comprueba que ocurrió el abuso. "Cuando vio lo que le pasó a la persona que quiere se retracta para no seguir armando lío. Se siente culpable, el abusador culpa y amenaza", dice la abogada.

"Las carencias son graves", dice Eduardo Cavalli, presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia. Cavalli señala que el hecho de que actúen dos juzgados (uno de protección de los derechos del niño y otro penal) obliga a la víctima a declarar dos veces. En la reforma del Código del Proceso Penal está previsto que se le encarguen los interrogatorios a funcionarios entrenados especialmente para tratar con niños y adolescentes, que además oficiarán de intermediarios entre los abogados y la víctima, dice Cavalli.

González, por su parte, agrega que la reforma otorgará a la Fiscalía una actitud proactiva a la hora de dirigir la búsqueda de pruebas, algo que ayudará a que se haga justicia, una parte esencial de la reparación. Que el culpable pague por lo que hizo es también parte de la recuperación de la víctima.

La cámara Gesell, los medios y la víctima.

Para cualquier persona víctima de un abuso, repetir la historia suele generar culpas. La idea que pondera es evitar que los niños y adolescentes se vean obligados a repetir una y otra vez sus historias. Para ello se instalaron en Montevideo y San José tres cámaras Gesell, que permiten la presencia de observadores durante las entrevistas sin que el niño se sienta rodeado. El ministro del Tribunal de Apelaciones de familia Eduardo Cavalli explica que si bien no evita la revictimización, sí la minimiza, aunque el niño se sienta observado al hablar. Desde las ONG también se plantea que la cobertura mediática lleva a que se conozcan detalles de los casos y aumente el señalamiento a las víctimas, especialmente en el interior.

Realidades y mitos vinculados al abuso sexual.

Se suele creer que tanto la violencia hacia los niños como el abuso sexual son exclusivos en sectores de contexto socioeconómico bajo. Sin embargo, señala un informe elaborado por Unicef y el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, es un problema que no distingue clases. De hecho, hay diversos factores que inciden en que haya más énfasis en los casos que ocurren en contextos vulnerables, como que las instituciones públicas —salud, educación— ejercen mayor control social que las privadas. Por otro lado, se indica que en las clases más pudientes los abusadores cuentan con más herramientas para su defensa.

También se cree que el abuso sexual es poco frecuente. Sin embargo las cifras confirman lo contrario. Solamente en 2015 ocurrió al menos un caso por día y este dato solo toma en cuenta las situaciones detectadas.

La creencia de que los ofensores son personas que sufren patologías o que abusan bajo efectos del alcohol no ha sido confirmada. "No se cuenta a la fecha con un perfil del ofensor sexual", dice el informe y agrega que hay testimonios de víctimas que señalan abusos tanto cuando el victimario estaba bajo efectos del alcohol como sin ellos.

Si un niño fue abusado es probable que no lo cuente de inmediato. Parte de la dinámica tiene que ver con convencerlo de que fue responsable y en la mayoría de los casos hay coerción, dice el informe.

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