Sed de venganza entre familias

Las víctimas incómodas que nadie quiere ver

Tras un delito violento, el acusado de cometerlo deja detrás a una familia que el sistema penal llama víctima secundaria. Aunque en la mayoría de los casos son niños y pueden darse situaciones de amenazas y violencia, no hay un programa que trabaje con ellos ni les dé protección.

La vivienda donde vivía el acusado de matar a Inti Lois con sus padres, fue saqueada por los vecinos. Foto: F. Ponzetto
La vivienda donde vivía el acusado de matar a Inti Lois con sus padres, fue saqueada por los vecinos. Foto: F. Ponzetto

No hay una alarma que dé la noticia. Cuando una persona es acusada y condenada por un delito grave, hay dos familias que se rompen: la de la víctima y la del victimario.

Hace un mes, en un barrio humilde de Neptunia Norte, un adolescente de 16 años fue acusado de asesinar a un niño de ocho. El crimen de Inti Lois fue el tercero en esta zona en menos de 12 meses. En el juzgado, los padres del supuesto homicida fueron increpados por la familia del niño y otros vecinos. La madre dijo que no sabía cómo mirar a la cara a la mamá de Inti; el padre, quebrado, soltó: “Esto no se le hace a otro ser humano”.

Mientras tanto, otras personas entraron a su casa y les robaron comestibles, herramientas y electrodomésticos. Luego, según publicó El Observador, los amenazaron con incendiar la casa con ellos adentro si no se iban.

Entonces se fueron.

Los medios que realizaron la cobertura describieron cómo niños, adolescentes y adultos del barrio entraron a la finca y se llevaron lo que quedaba. La imagen que ilustra esta nota muestra los restos de un daño colateral, un castigo extendido.

Llame y hable.

Como no existe un programa específico que trabaje con los parientes de los acusados, el panorama que se encuentran es el de un recorrido en soledad. Esto queda en evidencia cuando se intenta reconstruir lo que sucedió con esta familia.

La fiscal Darviña Viera recuerda que el padre del joven estaba muy afectado. “Les aconsejé que se fueran por unos días, pero me dijeron que no. Creo que ahora sí se fueron, pero no lo sé porque a la Fiscalía le corresponde trabajar con la familia de la víctima y no con la del indagado. Lo que pasa es que la gente tiene bronca y se desquita, pero ir a robarles los hace tan delincuentes como cualquiera otro”.

Viera sugiere consultar en la Seccional 22. El primer agente que atiende advierte que no estaba al tanto de la mudanza de la familia: “Me estoy enterando por usted, porque al día siguiente de que encontramos el cuerpo saqué licencia. Lo que vimos fue tétrico y yo tengo hijos, estas cosas me afectan”.

Otro oficial que formó parte de la investigación dice que la familia presentó una denuncia en la comisaría por amenazas y robo, pero que “no querían que la Policía los ayudara”. Cuando dejaron la casa sí los custodiaron. Tras la derivación de esta denuncia a Fiscalía se realizaron investigaciones en el barrio, pero “no arrojaron resultados”. Lo que sí sabe es que la familia se mudó a Malvín Norte.

El agente recomienda averiguar más datos en la Defensoría. La secretaria de la Defensoría de Atlántida recibe el llamado e intuye que es por el caso Inti Lois. Con el imputado trabajaron dos defensores, pero ninguno quiere hacer declaraciones. Susana Rey, directora de la Defensoría Penal de Montevideo, aclara que la única opción en estos casos para lograr protección es presentar una denuncia. “El defensor los puede guiar y nada más, porque su trabajo es únicamente con el imputado. Es cierto que para ellos no hay gran protección del Estado”, concluye.

El alcalde Oscar Montero tampoco conoce su paradero. Ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pudo rastrear a la familia para este informe, aunque el padre forma parte de uno de sus programas de trabajo. Como el Mides no tiene un plan específico de acción comunitaria que se active en estas situaciones, aconseja consultar en la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía.

Y volvemos al inicio.

Foto: Darwin Borrelli
Foto: Darwin Borrelli

El otro castigo.

Desde que se implementó el nuevo Código de Proceso Penal, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía está encargada de reaccionar ante un delito grave. Si las víctimas y su entorno quieren participar del proceso penal, los asesora y articula los servicios que necesitan para sobrellevar el impacto.
Sin embargo, las familias de los detenidos enfrentan un vacío. Rey, la directora de la Defensoría Penal de Montevideo, lo expone así:

-Es difícil golpear las puertas del Estado y más para los familiares de quienes cometieron un delito.

Para escuchar a estas víctimas incómodas, desde hace un año la Defensoría capitalina cuenta con una asistente social que atiende las consultas de las familias, pero solo puede hacer derivaciones.

Sucede que en el entorno más próximo del victimario sobrevuela la convicción de que sus parientes tienen una cuota de responsabilidad y también deben ser castigados. En los casos que generan clamor popular, algunas de estas familias reciben amenazas y sus hogares son dañados. Así de fina es la línea que separa la condena pública de un nuevo delito.

Juan Williman, encargado del consultorio jurídico de la Udelar que atiende a víctimas de delitos, dice haber oído mil veces la suposición de que quien comete un delito viene de una familia de delincuentes. “Conozco varias situaciones de familiares de condenados que se comunican con las familias de las víctimas para pedirles disculpas. Esto pasó, por ejemplo, con el caso de Brissa González”, dice. Unos días atrás, a la Asociación de familiares y víctimas de la delincuencia también llegó una carta: la envió por e-mail la madre de un homicida para la familia del fallecido, que la aceptó.

En las distintas oficinas que atraviesan un proceso penal, a las familias en esta situación las llaman víctimas secundarias. Conocen estos casos, pero nadie sabe quién se ocupa de ellos porque no existe un espacio de atención o un programa específico que articule integralmente los mecanismos que esta población necesita para volver a ponerse de pie o defenderse de una situación de venganza.

Rey explica que ante una agresión, las medidas cautelares para minimizar los riesgos están previstas para la parte que es víctima y no para la del imputado. “Pero, tras las amenazas o daños, al convertirse ellas en víctimas de un delito, deben presentar una denuncia en una comisaría o ante la Fiscalía. Recién ahí un fiscal de flagrancia deberá evaluar si hay riesgo y pedir medidas cautelares”, explica Williman.

Entonces, si el fiscal lo considerara, sí podrían ser contempladas por la flamante Unidad de Víctimas y Testigos. “El problema es que es difícil identificar como sociedad a estas personas como víctimas de un delito cuando son los parientes de un victimario. Lo habitual es que sean insultados e increpados aunque muchísimos no están vinculados a la vida delictiva”, agrega el abogado.

Además, distintos operadores judiciales reconocen que estos afectados no saben cómo proceder para conseguir una protección del Estado.

Por eso estas historias muchas veces terminan mal.

En junio de 2009, los padres y el tío de una beba fallecida fueron acusados por una médica, y luego por algunos periodistas televisivos, de haber abusado de la niña. Aunque una pericia descartó completamente esta sospecha, una investigación realizada por César Bianchi para la revista argentina Anfibia constató que los vecinos apenas les dirigen la palabra.

En noviembre de 2013, en el asentamiento Mario Benedetti de Maldonado, un grupo de vecinos incendió la casa de un niño de 14 años que asesinó, junto a un amigo de 12, a otro de 11. El rumor de la quema había comenzado el día anterior, y aunque la familia pidió protección policial para sacar sus pertenencias, distintos medios publicaron que la Policía no llegó hasta después de comenzado el incendio y no pudo identificar a los responsables.

Ojo por ojo.

La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, Mariela Solari, dice que han recibido consultas de estas familias y de fiscales que se encuentran con situaciones en las que sería necesario proteger y relocalizar al contexto cercano al imputado. “Nos llegan y a veces podemos facilitarles la coordinación con un ministerio, pero no trabajar con ellos, porque nuestros recursos son para las familias de las víctimas. Creo que la competencia debería ser de quienes trabajan con el indagado y ese organismo definir qué hará con su entorno más inmediato”.

Gabriela Fulco, presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), adonde ingresó con una medida preventiva el menor acusado de asesinar a Inti Lois, dice que viene señalando desde hace 30 años la falta de un espacio de atención para las víctimas secundarias. Cuando un adolescente ingresa al Inisa se le realiza un estudio pericial y en esta etapa se entrevista a la familia. En ese marco se le puede dar a la familia alguna recomendación para que se apoye en redes comunitarias y servicios estatales que, según Fulco, “la mayoría de las veces no conocen”.

Si el joven es sentenciado con el cumplimiento de medidas socioeducativas, será derivado a un centro de permanencia donde recibirá semanalmente visitas. “Esa es la oportunidad que tenemos para trabajar con los parientes e involucrarlos en el proceso de rehabilitación del menor, que está a cargo de sus padres y lo estará cuando salga”. Fulco reconoce que el equipo que cumple con esta tarea es “magro, demasiado magro”. “Siempre surgen temas sociales de vulnerabilidad y ahí en algunos casos se hacen puentes con instituciones, estilo ‘llame a tal lado’, ‘hable con tal’, pero yo creo que este es un trabajo que le correspondería a otro. Debería haber una línea programática estatal para que los problemas de estas víctimas secundarias sean atendidos porque hay muchos casos donde luego del delito hay más consecuencias”.

¿Y qué pasa si una víctima secundaria denuncia a quien la amenaza, acosa o daña sus bienes? Martín Fernández, abogado defensor y penalista, dice que el Código Penal prevé que los estados de “intensa emoción” y “profunda desventura” sean considerados como atenuantes del reproche penal. Sin embargo, insiste: “La calidad de víctima la tienen y esas conductas no dejan de ser delictivas. Deberían ser denunciadas para no caer en instancias de justicia por mano propia”.

Sin embargo, la venganza parece ser una necesidad que está en crecimiento.

En la ruta 5 y Millán unos adolescentes les arrojan piedras a los transeúntes. Tras el golpe, les roban. Al cabo de un tiempo, la práctica tiene como saldo una persona en el CTI, otra con lesiones en brazos y piernas y un chico muerto. “Los padres del fallecido saben que la sanción más grave será de cinco años privados de libertad y que, a lo sumo, estos antecedentes les van a figurar por un máximo de dos años. La siguiente pregunta que hacen es si no se puede responsabilizar a los padres del asesino”, cuenta Williman.

Esto sucede cada vez más seguido, sobre todo en los casos de abuso sexual, pero también en los homicidios. “Muchas veces la sociedad y la familia de la víctima reclaman que se responsabilice a los padres por omisión de los deberes de la patria potestad. En estos casos se debe analizar si el tipo de cuidado, afecto, asistencia material que brindaron estos padres pudo tener injerencia en el delito que se investiga”.

Esta acusación puede sugerirla el fiscal del caso, el juez o el abogado de la víctima, pero debe iniciarse un nuevo proceso judicial ya que pasa al ámbito de la Justicia de mayores.

Las consultas más comunes entre mujeres son de tenencia. Foto: Fernando Ponzetto
Las consultas más comunes entre mujeres son de tenencia. Foto: Fernando Ponzetto

Bomba de tiempo.

Las víctimas más invisibles son los niños. Una investigación que realizó en 2014 la organización civil Gurises Unidos, miembro de la plataforma Nnapes, una red latinoamericana que defiende los derechos de los niños cuyos referentes están en prisión, reveló que el 63% de los detenidos tienen hijos. Otra forma de decirlo es que 10.525 niños y adolescentes tienen al menos a un padre preso (hay 10.265 privados de libertad).

Lía Fernández, integrante del equipo técnico de esta ONG, dice que el estudio quería demostrar el impacto que genera el encarcelamiento de adultos para los niños. Apenas este informe fue presentado, el ministro del Interior ordenó la creación de una mesa de trabajo para elaborar un protocolo. La idea era asegurarse que no se violen los derechos de los niños cuando alguno de sus referentes va preso.

Tras dos años y medio de trabajo, el documento final establece cómo se debe actuar si se realiza una detención in fragranti, planificada o a la espera de una resolución judicial con un niño presente; en qué momento debe intervenir el Instituto del Niño y Adolescente (INAU); cómo se debe proceder si una mujer embarazada ingresa a una unidad de internación y si un niño nace con su madre detenida; se regula el ingreso de los menores a las visitas en cárceles y los pasos a seguir cuando un detenido con hijos está por egresar y debe tramitar con el INAU el reintregro de sus hijos. A fines de 2017 se capacitaron 200 técnicos para operar en consecuencia, pero el documento tuvo que actualizarse al nuevo Código de Proceso Penal. Está listo hace un mes, pero aún no se está aplicando.

Fernández recuerda que aun con el protocolo funcionando, no hay nada que incorpore el abordaje integral de una familia que tiene a un referente preso, incluso cuando se trata de niños que suelen estar vinculados a servicios estatales. “El impacto es tremendo, desde deserción educativa, estigma comunitaria, discriminación escolar, hasta el caso de adolescentes que tienen que sostener económicamente su casa y los gastos del progenitor preso. Se generan un montón de problemas que nadie considera a la hora de pensar cómo integrar eso a alguna de las políticas públicas que ya existen”.

Entre los niños, los escenarios habituales son dos. Los más chicos viven con vergüenza la situación del referente preso, porque suelen ser criminalizados en la escuela. “Tenemos mil anécdotas, pero una de las más impactantes fue el caso de una maestra que hizo una reunión de padres para alertarles que un alumno era hijo de un preso”.

Cuando crecen, sin ninguna contención específica para este trauma, muchas veces dejan de ocultar al padre preso para identificarse con él. “Así sucede que estos hijos adolescentes terminan iniciándose tempranamente en el delito, porque no les quedó otra. Porque nadie trabajó este problema con ellos. Porque no supimos, ni como sociedad ni como Estado, darles una respuesta alternativa”.

Ninguna alarma se activó cuando había tiempo de prevenir este destino.

“Es el caso más grave que vi en mis años como fiscal”

El viernes pasado Darviña Viera, la fiscal que investiga el asesinato del niño Inti Lois, presentó la acusación a un adolescente de 16 años por este homicidio. El acusado está cumpliendo medidas preventivas en el Inisa. “Es el caso más grave que he tenido”, dice la fiscal, que acaba de solicitar una pericia psicológica y espera recibir la historia clínica completa del paciente para evaluar un diagnóstico psiquiátrico. Viera dice que aunque hay indicios fuertes, aún no está confirmado que el pequeño haya sido abusado sexualmente. Con respecto al menor acusado, la fiscal asegura que había estado bajo tratamiento psiquiátrico cuando era niño y lo había retomado en la adolescencia, pero todavía no sabe si el joven tenía un diagnóstico o no, como declaró su madre a los medios.

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