LA HORA DE VERDISOL

¿Cuántas verdades caben en 30 años?

Una empresa pretende recuperar un complejo de viviendas que lleva 30 años ocupado. El juicio, que amenaza con dejar sin techo a seis mil personas, es la oportunidad de reconstruir una historia en la que caben sueños y carencias, decisiones y omisiones, culpas y revanchas.

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Complejo Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.
Complejo Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.
Complejo Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.
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Complejo Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.
Complejo Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.
Complejo Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.
Complejo Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.
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Complejo Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.

Caben muchas, muchísimas verdades en los 19 blocks, 540 apartamentos y 300 viviendas que se han construido en las 16 hectáreas de Verdisol. Caben decenas, cientos de verdades en las 6.000 personas que se instalaron en el complejo y sus alrededores en sus 30 años de historia. En ellos, sus abogados, la empresa constructora, el banco que le dio el préstamo, las autoridades que fueron testigos de la ocupación, las que en su momento frenaron el desalojo y las que hoy dirigen los organismos involucrados. El juez Gustavo Iribarren será receptor de todas esas verdades y en cuestión de meses deberá dilucidar el destino de un monstruo tres décadas relegado en los accesos de Montevideo.

—¿Vos te animás a ocupar?

Aquel febrero de 1987 María Luisa era una mujer de 35 años, fuerte pero en una posición débil. Se había separado de su esposo y sin embargo seguía viviendo con él porque no tenía a dónde ir.

—Por supuesto.

Le respondió a Marina, una amiga que días atrás había llegado a Verdisol invitada, a su vez, por otra amiga. Al caer el sol María Luisa cargó ropa en bolsos, enrolló unas mantas de piel previendo que le servirían de colchón, y salió con sus cuatro hijos de 15, 12, 11 y ocho años y el equipaje a cuestas a tomarse el ómnibus. Por la ventanilla del 409 solo veía campo de un lado, campo del otro, y pensaba ¿a dónde estoy yendo? A eso de las 10 de la noche lo supo: 19 edificios de hormigón entre caminos de barro, olor a obra y campo, y más campo alrededor. Se metió por la única calle definida, bien rapidito para evitar a la Policía que merodeaba la zona con la certeza de que llegarían más intrusos, como ella. Marina la esperaba para conducirla al apartamento de unos conocidos donde juntas aguardarían a que fuera el momento indicado.

En la madrugada silenciosa volvió a colgarse los bolsos, las mantas y los niños, y se metió en un apartamento que estaba reservado por alguien de quien prefiere no dar muchos datos porque ya está muerto. El hombre, un "oportunista", funcionario municipal, se había apropiado de varias unidades y canjeaba su ingreso por 250 pesos. Pero María Luisa no quería pagarlos; no podía. Forzaron la ventana de la cocina y sacaron al pasillo los muebles que el hombre había dejado como resguardo de su autoridad. Al cabo de un rato estaban él, su esposa y algunos vecinos queriendo sacarlos. Los niños lloraban, pero ella siempre estuvo segura. El miedo lo había perdido en circunstancias mucho más riesgosas en la dictadura que acababa de terminar.

Ya es junio de 2018, María Luisa lleva 31 años en Verdisol y otra vez la quieren sacar. No es que tenga miedo a esta altura: lo que tiene es una vida ahí. En Verdisol engendró una niña que se le murió al nacer, se mudó a otro apartamento para superar la angustia, conoció a su segundo esposo en un baile dentro del complejo, tuvo un hijo con él, mandó a los niños a la escuela del barrio, controló su salud en la policlínica que levantaron los vecinos, cambió de trabajo, se jubiló, tuvo nietos, hizo amigas.

Esas amigas hoy se reúnen para contar sus verdades en el living de Carmen, conocida como "la Porteña" aunque es de La Plata, exconcejal por el Frente Amplio e indiscutida líder del barrio. Carmen es un torbellino de información, entrar a su casa es enterarse de qué estaba originalmente y qué se levantó tras la ocupación aunque, en realidad, esa palabra le incomoda.

Reunión: Mabel, Beatriz, Marina, María Luisa y Carmen, con hijos y nietos alrededor. Foto: Fernando Ponzetto.
Reunión: Mabel, Beatriz, Marina, María Luisa y Carmen, con hijos y nietos alrededor. Foto: Fernando Ponzetto.

—No me gusta la palabra ocupa. Me duele que nos digan así. Eso es lo que te pido, que no nos llames así. No me siento una ocupante ni soy una ladrona.

Propietaria, dice Carmen. Así se siente tras 28 años de esfuerzos por mejorar el barrio, hacer calles, gestionar luz, construir policlínica, conseguir médico, pedir más salones para la escuela. Para ella, más que ocupación lo que hubo fue una "estafa" de la empresa Cobluma, que pidió un préstamo al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), "nunca lo devolvió" y abandonó la construcción sin terminar. Aunque ella no es tan antigua en Verdisol, asegura que hay gente con hasta 34 años en el mismo apartamento y unos cuantos promitentes compradores que llegaron a hacer pagos.

—¿Quién es dueño, si no ellos?

Suelta para dejar en el aire la respuesta. El juicio de reivindicación de propiedad que inició la empresa en julio de 2017, al filo del plazo previsto en el Código Civil para su prescripción, le enciende el rostro.

—Esto es algo político. Nosotros estamos en el medio y ellos están jugando con nosotros. ¡La gente iba a pagar y la empresa ya no estaba! Ahora, yo digo una cosa: ¿éramos zombis? ¿No vieron la gente que se metió a ocupar? ¿La vieron y no hicieron nada? ¿Esperaron 30 años?

Crimen y desidia.

Alejandro Pintos es un abogado experto en litigios domésticos y comerciales, socio del estudio Ferrere y hoy patrocinante de una empresa familiar quebrada que pretende recuperar algo de su patrimonio: Cobluma. Pintos se sabe la cara visible de una causa antipática y adopta la sensibilidad como estrategia. En él conviven el disgusto de haber tenido que accionar contra los vecinos y la convicción de que era lo único que quedaba por hacer.

—Si el Estado no nos da una solución, lo último que nos queda es el inmueble, que era nuestro: que es nuestro. No quisiéramos, pero no tenemos más remedio.

Cobluma, "prestigiosa y pujante empresa constructora" en 1970 y 1980, colapsó debido a un "acto criminal" —la usurpación de Verdisol— y la "desidia del Estado uruguayo", según el texto de la demanda. El arquitecto Juan María Muracciole era un "precursor de la vivienda de interés social", ideólogo de un método llamado M47 que consistía en levantar complejos habitacionales en base a paneles de hormigón previamente armados en una fábrica. El sistema prometía construcciones sólidas y baratas. Al frente de Cobluma, Muracciole hizo al menos dos, uno en Paso Molino y otro en el Prado, y luego adquirió, con dinero del BHU, otros dos padrones cerca de Nuevo París: uno sería el complejo Millán; el otro, Verdisol. La empresa era dueña de un tercer padrón a pocas cuadras de los complejos en donde hacían los paneles.

La historia que cuenta Pintos no arranca en febrero de 1987, como la de María Luisa, sino en diciembre de 1987. Ese fin de año todo venía bien. A Millán solo le faltaba el final de obra y ya se habían entregado viviendas, y Verdisol tenía un grado de avance cercano al 95%. Pero cuando debieron parar por la licencia de la construcción, una especie de malón enardecido burló la vigilancia de los serenos y ocupó el complejo en tan solo un mes: enero de 1988.

—Fue incontenible. De hecho, si el fenómeno hubiese sido de 10 casas, se habría desalojado. Algunos dicen que eran los promitentes compradores que, como los estaban echando de los lugares que arrendaban, se empezaron a meter con supuesta autorización de la empresa. No nos consta que eso haya sucedido. Y no eran esqueletos, como dicen. Algunas unidades tenían hasta artefactos en baños y cocinas. Ya no se pudieron retomar los trabajos. Lo único que quedaba eran acciones legales.

Dice Pintos que tras la denuncia policial, un juez penal dio la orden de desalojo. Abre una carpeta de plástico negra, ancha, y revuelve entre papeles hasta encontrar el escrito redactado en febrero de 1988 por el abogado Rodolfo Schurmann Pacheco, donde denuncia un "antijurídico aluvión de usurpaciones (...) mediante clandestinidad y violencia en las casas".

Otro papel que surge de la carpeta de Pintos es una carta que el arquitecto Muracciole redactó al presidente del BHU, Julio Kneit, poniéndolo al tanto de la denuncia penal para desalojar a los usurpadores.

Sin embargo, no hubo tal desalojo porque el gobierno lo frenó.

Pintos comprende la decisión. Hay que "ponerse en contexto", dice: a tres años de la restitución democrática, la situación era "muy compleja" en lo relativo a la vivienda. No sabe si la orden partió del Ministerio del Interior o de dónde, pero afirma que el BHU se comprometió con la empresa a buscar una salida. Asegura que hay un acta en el que la promesa del banco queda por escrito, aunque al cierre de esta edición no la tenía en su poder para exhibirla.

Lo que sí tiene es la minuta de una reunión, fechada el 23 de febrero de 1988, en la que se lee la tensión de la empresa pidiendo una "solución política" para no tener que desalojar a "365 familias", y el BHU planteando que dicha solución "sería destruir todo el plan quinquenal". Desde Cobluma hablan de "culpa compartida entre ambos, piden exoneración de moras y reducción de intereses". Desde el banco dicen que lo estudiarán.

El hecho es que aquella "solución política" no llegó, y Muracciole murió pocos años después.

Las autoridades de la empresa siguieron yendo a reuniones y escuchando dilatorias, y a cada cambio de gobierno era volver a empezar. Entre tanto, el desmadre del proyecto Verdisol contaminó al de Millán. En este último Cobluma no tramitó el final de obra y los promitentes compradores se mudaron igual. Pagaron todas sus cuotas al BHU pero estuvieron años sin poder escriturar, lo cual tiempo después le implicaría a Cobluma una montaña de juicios.

Sin ingresos genuinos, la empresa perdió pie y al cabo de unos años no pudo afrontar siquiera los gastos fijos de la planta. Fue como un "castillo de naipes", dice Pintos: uno derribó a todos los demás.

Abandono y deudas.

—Miente. La empresa miente.

Dice Beatriz con el ceño fruncido, los puños tensos sobre la falda y el cuerpo inclinado hacia adelante. En el living de Carmen todas quieren escucharla: dicen que es la que sabe más y la que habla mejor.

La de Beatriz es otra verdad. En 1988 se descubrió a sí misma desesperada, con dos hijos chicos, dueña de una carnicería fundida, con deudas y sin poder afrontar el alquiler que se había ido a las nubes. La escribana que le hacía los trámites de la carnicería le habló de Verdisol como un "remedio transitorio", y ella lo tomó. Exactamente 573 dólares pagaron Beatriz y su marido por su "derecho a vivir" allí.

—En la calle 5 hay gente desde abril del 83. Cobluma entregó 47 viviendas en el 83 y en el 84, presionada por el conflicto social que había. La gente que ya estaba pagando y no podía renovar su contrato de alquiler, exigía su casa. Cuando alguien los apuraba un poco, le terminaban un apartamento y se lo entregaban. La construcción venía lenta y muy esparcida.

Al cabo de un tiempo, estos vecinos se enteraron de que en el BHU "no existía ninguna cuenta de Cobluma". Se reunieron, consiguieron un abogado, "descubrieron que la empresa nunca había puesto un peso" en el banco, que tenía una deuda con OSE desde 1982 y que el dinero que ellos habían entregado no figuraba en ningún lado. Entonces resolvieron dejar de pagar.

Y como en Verdisol caben cientos, miles de verdades, Mabel aporta otra. Ella era una de las anotadas para comprar y no se iba a quedar sin su casa, así que cuando vio que ocupaban el complejo, entró ella también. Fue el 11 de febrero de 1988.

—Entramos como vecinos, no como maleantes. Después formamos una comisión vecinal y nos movimos para ser reconocidos, pagar y tener derecho a la vivienda, no estar acá de ocupantes y decir no pasa nada. Fuimos al Ministerio de Vivienda, a la Junta Departamental y al BHU, que no nos reconoció porque tenía un conflicto con Cobluma. Estábamos organizados. Éramos cinco personas con un abogado.

En julio de 1997, cuando ya había 600 familias viviendo en Verdisol, una delegación de vecinos fue a la comisión de vivienda del Senado a plantear su preocupación porque el "conflicto" entre el BHU y Cobluma impedía resolver sus problemas cotidianos: falta de agua potable, aguas servidas al lado de la escuela, calles intransitables para las ambulancias. Ahí aportaron otra verdad, otras fechas: aseguraron que las obras se habían paralizado en 1979.

—Fue así que transcurrieron los años y, si mal no recuerdo, en 1987 hubo una masiva ocupación de familias de trabajadores angustiados por una vivienda propia.

Dijo un vecino de apellido Agosto, que en coincidencia con la versión de Mabel, aseguró que el 95% de los habitantes estaban "de acuerdo con regularizar su situación", pero que el BHU no les había dado respuesta alguna.

—Este quizás sea el meollo del asunto: observar en qué situación está el complejo Verdisol y decidir quién es el dueño, si el banco o la empresa Cobluma.

Tras la exposición de Agosto, los senadores José Andújar y Sergio Chiesa (ambos del Partido Nacional), Albérico Segovia (del Frente Amplio) y Wilson Sanabria (del Partido Colorado, presidente de la comisión), se propusieron convocar al BHU y al Ministerio de Vivienda para transitar "un camino de diálogo", ya que entendieron que el tema ameritaba una "fuerte intervención política". Y concluyó Sanabria:

—Lo cierto es que se dieron errores en la conducción política del momento —no importa de quién— y que este complejo está en esa situación y que los vecinos tienen voluntad de regularizarla.

Juicio y solución.

Pero tal como pasó en 1988, en 1997 tampoco llegó la anunciada solución estatal. Mientras tanto, Verdisol siguió creciendo a fuerza de piecitas inventadas en los fondos de las casas, construcciones precarias, viviendas de Techo y del Plan Juntos. Verdisol contiene hoy entre calles anchas y caminos angostos, escuela, CAIF, policlínica, carnicería, peluquería, panadería, supermercados, árboles donde trepar, un puesto donde comprar torta fritas, una pizzería donde ver shows en vivo y alguna boca que le da mala fama al barrio que más que un barrio es una ciudad, con la misma cantidad de habitantes que Sauce o Sarandí Grande. Con más de los que viven en Tala o Guichón.

Todos los gobiernos fueron omisos en esta historia que se acerca a su final, pero con el Frente Amplio, según Pintos, "cambió el viento" para peor.

—Empiezan a sostener que Cobluma es deudor, y todo lo que pasó con la empresa es parte del pasado y ya no importa. Del desalojo no ejecutado nadie se acuerda.

En 2010 el BHU le transfiere a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) la lista de créditos a cobrar, donde figura Cobluma con una deuda de decenas de millones de dólares. En 2013 anuncian el remate de la planta, garantía de los créditos de Verdisol y Millán. Junto a Nelson González, titular actual de la Cobluma, Pintos se reúne con autoridades de ANV y del BHU. Dice que la empresa es víctima. Explica que la deuda no contempla lo que el banco cobró por Millán —las cuotas de los propietarios— ni lo que debería haber cobrado por Verdisol, si no fuera porque el Estado frenó el desalojo. Pintos hace cálculos y concluye, incluso, que la empresa tiene un saldo a favor.

El remate de la planta se suspende temporalmente. Pero tres años después se anuncia lo mismo para Millán, y esta vez no se oponen: ven que es la forma de que los habitantes de ese complejo se legitimen como propietarios, y aspiran con ese "gesto" a un cambio de consideración del Estado, pero no. En julio de 2017, viendo que todo seguía igual, inician un juicio civil para reivindicarse dueños de Verdisol.

Entonces, ahora sí, el gobierno reacciona. Los organismos involucrados se reúnen, hacen contactos con los vecinos, los ayudan a conseguir abogados y, además, idean un plan: que la Intendencia de Montevideo inicie contra Cobluma acciones legales para ejecutar la deuda por la contribución adeudada. Desde el departamento de Desarrollo Urbano lo confirmaron: "Se iniciará ese proceso para proteger a los vecinos del desalojo", dijo la vocera.

En el BHU —que forma parte de este cónclave estatal en busca de una solución, y cuyo gerente ha participado de reuniones con Cobluma— dijeron que este es "un lío entre privados" y por tanto no harán declaraciones. Ante la insistencia y el pedido de información sobre lo actuado durante todos estos años, la respuesta fue que no era el "momento del banco" de brindarla.

Hace dos semanas, dos grupos de vecinos presentaron su contestación a la demanda. A unos los defiende el docente Juan Ceretta con los estudiantes del consultorio jurídico de UdelaR, y a otros el expresidente de INAU, Javier Salsamendi. La estrategia consiste en demostrar que el padrón que reclama Cobluma ya no existe, y apelar a la "prescripción corta", prevista en una ley reciente (ver debajo). Para Ceretta, es "un caso paradigmático donde debería prosperar la adquisición por prescripción".

En tanto, Pintos se entera del juicio que le prepara la intendencia, mastica su rabia e ironiza:

—Creen que descubrieron la pólvora, que son muy inteligentes y nos van a sacar. Van a admitir que 6.000 personas hayan entrado a un barrio por la fuerza, total después no pasa nada. Ese es el primer mensaje que van a estar dando. El segundo, que las empresas constructoras se embromen, con lo cual nadie más se va a arriesgar a construir en este país. Sinceramente, no veo cuál es la ganancia. Capaz que 6.000 votos para las próximas elecciones.

Lejos de aquella sensibilidad inicial, una versión belicosa de Pintos anuncia la revancha, ya no contra los vecinos sino contra el Estado: podrá haber paz en Verdisol, pero al BHU le espera un juicio millonario.

Identidad: la mayoría de las familias de Verdisol viven allí hace más de 20 años. Hay tres generaciones con sentimiento de barrio. Foto: Fernando Ponzetto.
Identidad: la mayoría de las familias de Verdisol viven allí hace más de 20 años. Hay tres generaciones con sentimiento de barrio. Foto: Fernando Ponzetto.

La demanda de la empresa

"La acción reivindicatoria es aquella mediante la cual el propietario no poseedor hace efectivos sus derechos contra el poseedor no propietario", recuerda en su demanda el abogado Alejandro Pintos, de Ferrere. "Dado que a finales de este año se cumplirán los 30 años, Cobluma no tiene otra alternativa que promover, en protección de sus derechos, la reivindicación del padrón de su propiedad, para disponer de él libre de ocupantes", alega.

Cita un artículo del Código Civil que dice que es "poseedor de mala fe aquel a quien consta que le falta título para poseer o que el que tiene es vicioso o insuficiente. Y remata: "No cabe duda que los actuales poseedores de las viviendas del complejo Verdisol no poseen ningún título que los habilite a permanecer allí y se encuentran ocupando el sitio con absoluta mala fe".

Plantea que Cobluma es el único propietario del inmueble que reivindica y que lo adquirió en 1980. Además de constar así en el Registro de Propiedad, hay una intimación de la Intendencia de Montevideo por el estado de algunas viviendas, que lo ratifica.

Según Pintos, los demandados son personas inciertas o indeterminadas, por lo que corresponde el emplazamiento por edictos. Dice: "Dado que los actuales habitantes de las viviendas son ocupantes (usurpadores) desconocemos completamente sus identidades". El juez Iribarren aceptó hacer un emplazamiento genérico.

La contestación de los vecinos

La noticia del juicio se corrió en Verdisol a partir de una nota de El Observador, en julio de 2017, y por avisos que se colgaron en ciertos lugares del complejo. El abogado Juan Ceretta, que defiende a un grupo de vecinos, entiende que el emplazamiento genérico es ilegal y las personas sí son determinables, pero no se hizo "por pereza".

"Están queriendo hacer un juicio sobre un padrón que no existe", dice Ceretta. Por ley, cuando se inscribe en el Registro el reglamento de propiedad, aunque no haya compraventa sobre las unidades todavía, nacen las unidades de propiedad horizontal, y por tanto deja de existir el padrón original. "El juicio es sobre el padrón original, que ya no existe, entonces el objeto de este juicio es inexistente".

Ceretta también habla de mala fe, pero de la empresa, en relación a las personas que hicieron promesas de compraventa (no inscriptas en el Registro, pero con la firma de Cobluma) e incluso pagos. "Hay un abuso de derecho en hacer una reivindicación. Si yo te prometí venderte una unidad, primero tendría que resolver ese contrato. ¿Y qué pasa con lo que me pagaste? ¿Y qué pasa con lo que no terminé de construir? Si yo hago de cuenta que todo eso no existe y te hago un juicio de reivindicación, estoy actuando de mala fe".

La defensa entiende que muchos vecinos cumplen con los requisitos para la prescripción de cinco años prevista en la ley de ordenamiento territorial.

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