Justicia por mano propia

Vecinos salen a combatir el crimen

Un grupo de vecinos salió a patrullar, detener e interrogar a presuntos delincuentes en Toledo. Abogados penalistas advierten que se pueden meter en problemas. Entre Montevideo y Canelones hay unas 70.000 personas en grupos de alerta vecinal. Sus métodos difieren; su objetivo, no.

Los habitantes de Toledo se lanzaron a la calle. Son 62 vecinos que se dividen en tres grupos. Foto: F. Ponzetto
Patrullaje: los habitantes de Toledo se lanzaron a la calle. Foto: Fernando Ponzetto

Son las tres y media de la mañana. El frío lo atraviesa todo. Solo se oye el silbido del viento y los pasos de un joven que va caminando por la calle con una garrafa al hombro.

No hay dudas: es un chorro.

Así piensan los vecinos de Toledo que adoptaron la seguridad por mano propia. Los que están decididos a hacer lo que aseguran que las autoridades no hacen. Una comisaría diezmada, sin efectivos, sin patrullero, sostienen. Una ola de robos violentos: la semana pasada asaltaron un supermercado y un local de cobranzas, hubo tiros, un cliente y un guardia heridos. Esta semana también balearon a un pistero de una estación de servicio que intentó resistirse a un robo.

"¡Qué más remedio!", se justifica Alfredo Silva, edil colorado y líder de los vecinos que salen a vigilar las calles cada madrugada.

En Toledo son 62 los que dejaron la protesta de lado y pasaron a la acción. Patrullan en turnos las casi 50 villas de esta ciudad, de 40 kilómetros cuadrados y 38.000 habitantes. Salen tres cuadrillas: una de seis de la tarde a 10 de la noche, otra de 10 a dos, y otra de dos a seis de la mañana. Se mueven en 12 autos. Van equipados con gas pimienta, chalecos antibalas y precintos para atar a los maleantes, a quienes prometen entregar sanos a la Policía. También tienen cámaras con los que dicen filmarán cada operativo.

Sus prácticas, sin embargo, son cuestionadas por otros grupos de vecinos, que están organizados desde hace mucho más tiempo, y que tienen a la no violencia como regla inviolable. Abogados penalistas, en tanto, sostienen que se pueden meter en problemas legales.

Silva dice que el grupo, en el que hay "mucho retirado militar y policial", no tiene colores políticos. No obstante, él es conocido por ser un crítico acérrimo de los gobiernos del Frente Amplio. Advierte que fue el intendente Yamandú Orsi el que dio "la señal" de que los ciudadanos debían tomar las riendas de la seguridad. "Él dijo que ellos o nosotros. Ante estas declaraciones y a la luz de los últimos acontecimientos que sucedieron en Toledo, no quedó otra: hubo que salir a la calle", explica.

El jefe comunal canario escribió esto en Twitter tras el reciente asesinato de una mujer en Neptunia: "Confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro: acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe".

Hace una semana que los vecinos de Toledo se lanzaron a la guerra contra la delincuencia. Hasta ahora solo agarraron al muchacho de la garrafa. Lo pararon y, según Silva, fueron a "dialogar" con él.

—¿Lo detuvieron?

—Dialogamos. Lo vimos, lo paramos, le preguntamos dónde había comprado una garrafa a las tres y media de la mañana, y nos dijo que se había quedado sin gas, que tenía un bebé, y que había ido hasta lo de la madre para que se la prestara.

—¿Y le creyeron?

—Le preguntamos dónde vivía la madre, nos dijo que a una cuadra. Fuimos con él hasta ahí y comprobamos que era verdad.

—Entonces lo detuvieron hasta comprobar que decía la verdad.

—Le pedimos y el muchacho bien, accedió, nos llevó a lo de la madre.

—¿Y qué pasaba si el muchacho se negaba a ir a lo de la madre?

—No, pero bien. Colaboró.

—¿Y si no colaboraba?

—Llamábamos al 911.

—¿Y qué hacían mientras llegaba el 911? ¿Lo dejaban ir o lo detenían?

—No, no lo íbamos a dejar ir.

—Pero eso es ilegal.

—No, el arresto ciudadano no es ilegal. No hubo violencia.

—Pero no lo agarraron haciendo nada. Hicieron un arresto ciudadano sin saber si el muchacho era culpable.

—Pero él colaboró.

—Insisto, ¿y si no colaboraba?

—Le poníamos el precinto y esperábamos a la Policía.

—¿Pero y si el muchacho era —como lo fue— inocente?

—¿Y qué tiene?

—Alguien podría achacarles que detuvieron ilegalmente a una persona. Y que esa persona, además, no había cometido ningún delito.

—Nosotros estamos decididos a enfrentar a la Justicia. Si cometemos un error vamos a enfrentar a la Justicia. Pero a las tres de la mañana, con una garrafa al hombro… ¿qué podés pensar?

Abogados penalistas sostienen que los vecinos de Toledo —presos, claro, de la desesperación por una violenta ola de inseguridad—, se pueden meter en problemas. Privaron de su libertad de caminar por la calle a una persona con una garrafa que le pertenecía.

"Es absolutamente ilegal lo que están haciendo. Tanto el Código del Proceso Penal nuevo como el viejo hablan de flagrancia, es decir que tienen que agarrar a la persona en el momento que está delinquiendo. Podrían estar cometiendo un delito de privación de libertad, que prevé penas que van de un año de prisión a nueve años de penitenciaría. Se pueden meter en un problema grave", dice el abogado penalista Martín Sbrocca, de Ielsur.

Su colega, Juan Raúl Williman, a cargo del Consultorio Jurídico de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Facultad de Derecho de UdelaR, añade en el mismo sentido que el arresto ciudadano está previsto para casos en que el delincuente es atrapado en el mismo momento que comete el delito. "Eso es una cosa, otra es hacer una suerte de control de espacios abiertos, bloquear la libertad personal en lugares de tránsito público, preguntarle a una persona por qué lleva tal o cual bien. Así se pone en juego la libertad ambulatoria. Los propios policías tienen limitaciones en este sentido", plantea.

Esta semana, en declaraciones a Subrayado, el ministro Eduardo Bonomi se dirigió a los vecinos de Toledo y les dijo que era "peligroso" lo que estaban haciendo. Les pidió que suspendieran los patrullajes y les advirtió que les podrían traer más problemas que beneficios.

Silva dice que cada día recibe la llamada de un nuevo vecino dispuesto a colaborar. Y que los patrullajes no van a cesar hasta que no haya menos violencia. "Esto no para. Hace poco coparon una chacra en Camino las Chivas, pegándole cuatro tiros al propietario, que estuvo agonizando 29 días en un CTI hasta que falleció. No nos podemos quedar quietos. Hace dos años que venimos así. Nosotros vamos a seguir saliendo", dice desafiante.

Barrios alerta.

Que vecinos se junten para cuidar de la seguridad de los barrios en que viven no es algo nuevo. Hay diferentes grupos. El más organizado es la Coordinadora de Montevideo y Canelones. Según Diego del Valle, quien maneja la parte canaria del movimiento, el grupo une a unas 70.000 personas en ambos departamentos que se mantienen comunicadas a través de grupos de WhatsApp.

En Montevideo están en barrios como Prado, Parque Batlle, Buceo, Malvín, La Mondiola, Punta Carretas, entre otros. En Canelones están en Atlántida, Parque del Plata, Neptunia, Sauce, Santa Rosa (ver mapa en página A4). Aparte hay otros grupos, como el de Ciudades Unidas, que nuclea a vecinos de San Ramón, Fray Marcos, San Jacinto, Las Piedras y Toledo.

Alejandro Ruiz, de Ciudades Unidas en Toledo, dice que no está de acuerdo con las patrullas vecinales que dirige Silva. "Alfredo vive a dos cuadras de mi casa, somos amigos, pero nosotros cero violencia. Nosotros somos pacíficos", advierte.

Miembros de cada uno de los movimientos han mantenido reuniones con representantes del Ministerio del Interior, casi siempre pidiendo más efectivos y patrulleros; con las intendencias, por más alumbrado público; y con distintos legisladores. El próximo 3 de julio, cuatro representantes de estos grupos irán a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, donde presentarán una larga lista de quejas y pedidos. Del Valle señala que uno de los reclamos tiene que ver con un presunto crecimiento del narcotráfico en Canelones, a su entender por un corrimiento del delito desde Montevideo.

"Están apareciendo cada vez más lugares de venta de droga, con gente que viene de los barrios complicados. Casos de familias que llegan, por ejemplo, a San Ramón, y vienen del 40 Semanas. Después empiezan a aparecer las barritas, el distribuidor, la competencia, y ahí ya se generan los conflictos. Ya en Joaquín Suárez hubo un enfrentamiento entre narcos", advierte Del Valle.

Según la zona, los vecinos dicen saber cuáles son los delitos que más ocurren. En San Ramón padecen también el abigeato. En Suárez hay muchos robos de casas y vehículos. En Neptunia, narcotráfico. En Punta Carretas también alertan sobre el robo de autos y las rapiñas. En el Prado el mayor dolor de cabeza lo traen los motoqueros asaltantes.

Los referentes de cada grupo tratan de evitar que los vecinos salgan a la caza de los delincuentes, como en Toledo.

"No vamos a salir a pelear con los delincuentes, esa es una tarea que entendemos que tiene que hacer la Policía. No queremos lo de Toledo. Eso se lo decimos siempre a la gente. Lo que sí hicimos, luego de reclamar al ministerio y a la intendencia, y de no obtener respuestas, es hacer colectas para mejorar la seguridad. Lo que hicimos fue comprar lámparas led solares y las pusimos en varios lugares. También compramos cámaras de vigilancia. Y ahora estamos organizándonos para contratar un sereno que salga a recorrer la zona todas las noches", dice Leonel Martínez, representante de los vecinos del Prado.

Los grupos se dividen por cuadras (a veces por manzanas, pero casi siempre por cuadras). Cada una tiene un referente, que es el que administra el grupo de WhatsApp. Este responde a otro referente zonal, y ese a uno departamental. Cada mensaje es considerado una alerta. Si algún usuario envía algo que no tenga que ver con una alerta de seguridad (los ejemplos que dan ellos son: chistes, fotos de bebés, chicanas futbolísticas, chicanas políticas), es dos veces advertido y luego expulsado. Hay grupos, como el del Prado, que funcionan desde el año 2005 (antes lo hacían por mensaje de texto); y otros, como el de La Mondiola, que están hace menos de dos años.

"La idea es advertir cuando hay una situación de riesgo que se está detectando, pero no queremos sustituir a la Policía. También usamos el grupo para que los reclamos tengan más fuerza. Entregamos 500 firmas a la Seccional 10 para que esta zona se cubra con cámaras de vigilancia, tenga más iluminación y mejor patrullaje", dice el referente de La Mondiola (también conocido como Pocitos Nuevo), Enrique Conde. La protesta aún no consiguió resultados.

Algunos de los grupos, como los de Punta Carretas y Neptunia, también usan silbatos. "Si veo una actitud sospechosa, lo que hago es sacar la cabeza por la ventana y tocar el pito. El vecino de al lado escucha y hace lo mismo, y así sucesivamente", señala Alicia Leyton, referente entre los vecinos de Neptunia sur. Este es el único de los grupos que, pese a estar entre los que pregonan una actitud más pacífica que el de Toledo, ya manejan la posibilidad de hacer una colecta para comprar gas pimienta. "A chalecos antibalas todavía no llegamos, pero hay gente que sale a las cinco de la mañana a trabajar… Ya nos estamos reuniendo para ver cómo implementamos lo del gas pimienta", dice.

Sergio Riveiro, a cargo de la comisión de seguridad de Salinas, que nuclea a unas 3.000 personas, está, como la mayoría, en contra de todo lo que sea violencia. "Es verdad que estamos en una situación cada vez más brava. Acá en Salinas venimos hace ya tres años hablándole al ministro. Tenemos una ciudad de 66 kilómetros cuadrados, que tiene además una parte suburbana, con una Seccional con solo 15 efectivos. Somos una ciudad olvidada. No tenemos ambulancias, entonces los patrulleros tienen que hacer de ambulancia", asegura Riveiro. "Entiendo que la gente se ponga radical, que quiera patrullar, usar gas, cortar la ruta... Pero no es lo que recomendamos. Lo que queremos es que la gente se organice para que cuando pase algo o vea a algún sospechoso, llame a la Policía".

En ocasiones, las alertas de WhatsApp han derivado en arrestos ciudadanos
En ocasiones, las alertas de WhatsApp han derivado en arrestos ciudadanos

Arrestos ciudadanos.

Aunque la mayoría de los vecinos organizados rechazan los arrestos ciudadanos y advierten que prefieren no tener que enfrentarse a los delincuentes, ha habido casos luego de atender a la alerta de un vecino por WhatsApp. Hay quienes proponen linchar a los ladrones una vez que se logre atraparlos.

"Los vecinos atraparon a uno que estaba robando un auto en la calle La Gaceta. Lo vieron, avisaron por el grupo, fueron unos cuantos y lo detuvieron. Somos conscientes de los riesgos que tienen los arrestos ciudadanos: que puede herirte el delincuente, que te pueden enjuiciar", admite Conde, de La Mondiola.

"En Zorrilla de San Martín y García Cortinas se hizo un arresto ciudadano. Estaban robando a una mujer, lo vieron y fueron. Ayudaron obreros de la construcción que estaban trabajando ahí. También ayudamos tres veces a la Policía a atrapar delincuentes que estaban huyendo por las azoteas", dice Leslie Crawford, del grupo de Punta Carretas.

"La última alerta importante fue hace 15 días, en la calle 4, que robaron a una muchacha", cuenta Riveiro, de Salinas. "Alguien lo vio, saltó la alerta, y los vecinos empezaron a perseguirlo. Cuando llegó el 911 ya todos sabían dónde estaba escondido y se lo llevaron. Hay quienes quieren lincharlos, pero lo primero que hace la Policía es llevarlo al forense. Si les pegamos, perdemos nosotros".

El 33% de los que viven en Punta Carretas fueron robados

Los vecinos de la comisión de seguridad de Punta Carretas, aprovechando que en el grupo hay varios recibidos de la Facultad de Ciencias Sociales, decidieron hacer un sondeo para medir cómo estaba la delincuencia en el barrio. El estudio, que se hizo el año pasado, develó que el 33% de las personas que viven en Punta Carretas fueron robadas alguna vez desde enero de 2015 a mayo de 2017: el 25% dentro del barrio y el 8% en otras zonas de Montevideo o del interior, según los datos brindados a El País por el referente de la comisión, Leslie Crawford. El 19% de los que no fueron robados sufrieron un intento de robo. Las calles con más cantidad de robos son Luis de la Torre, Joaquín Núñez, Montero, Ellauri, Coronel Mora, Bvar. Artigas y Gregorio Suárez. El 36% de los robos no se denuncian. El 52% no lo hace por creer que "no vale la pena" y por no confiar en que la Policía logre recuperar lo perdido.

El arresto ciudadano existe, pero con límites
Esposas

Arresto ciudadano. El artículo 220 del Código del Proceso Penal establece que "cualquier particular podrá proceder a la detención" de una persona "que sea sorprendida en flagrancia delictual". Este tendrá la obligación de "entregar inmediatamente al detenido a la autoridad".

Condiciones para el arresto. Es el artículo 219 del mismo Código del Proceso Penal el que establece cuándo es que hay flagrancia delictual. Los casos posibles son tres: cuando una persona es sorprendida mientras está cometiendo un delito; cuando lo atrapan inmediatamente después de cometer el delito, en caso de que sea sorprendido huyendo u ocultándose; o en caso de que luego de cometerse un delito la persona fuese hallada con efectos y objetos procedentes de este, con armas, o "presente rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de cometer un delito".

No se puede interrogar.
Abogados penalistas, en tanto, coinciden en que parar a una persona por la calle e interrogarla sobre algo que lleve consigo (como el caso del joven que fue detenido por los vecinos de Toledo por caminar por la calle con una garrafa de 13 kilos a las tres y media de la mañana, que finalmente era de su madre), no es algo que contemple la ley. "Tiene que haber una relación con un hecho cometido, no es que cualquiera va por la calle, ve a otro, entiende que lo que lleva es el fruto de un delito, y lo detiene. La ley penal prohíbe hacer este tipo de investigaciones", señala el abogado Martín Sbrocca. "No es que lo agarraron en un domicilio ajeno; lo pararon por tener una garrafa e hicieron averiguaciones. Esto que están haciendo es muy delicado. Para empezar podrían estar cometiendo el delito de privación de libertad", agrega su colega Juan Raúl Williman.

Privación de libertad. "Nadie puede ser privado de su libertad física o limitado en su goce sino conforme a lo dispuesto en las normas constitucionales y legales", señala en tanto el artículo 218. La ley establece que "el que, de cualquier manera, privare a otro de su libertad personal, será castigado con un año de prisión a nueve años de penitenciaría". "Para empezar, privación de libertad —señala Williman, en referencia a los vecinos de Toledo—, pero también pueden estar incurriendo en algún tipo de violencia privada".

Dentro de la ley todo, pero...
Alfredo Silva, el edil del Partido Colorado que está a cargo de los vecinos justicieros de Toledo, parafrasea al presidente Tabaré Vázquez y dice: "Dentro de la ley todo; por fuera, nada". Para él procedieron bien parando en la calle al joven que iba con la garrafa, y entiende que, pese a lo que advierten abogados penalistas, no incumplieron ninguna ley. "El arresto ciudadano existe. Nosotros lo que queremos es cooperar. Y si por algo nos tenemos que enfrentar a la Justicia, lo vamos a hacer. No nos creemos héroes ni nada por el estilo, no representamos a ningún partido político, queremos que se involucren todos. Estamos independientes de todo. Se puede estar de acuerdo o no con esta iniciativa, pero nosotros no nos metemos con otros grupos, hacemos lo que entendemos que tenemos que hacer". Hay otro grupo en Toledo, Ciudadanos Unidos, que de hecho no están de acuerdo con el proceder del grupo de Silva. Alejandro Ruiz, su referente, dice "respetar" a quienes decidieron salir a las calles, pero se distancia advirtiendo que ellos prefieren las alertas por WhatsApp, intentar dialogar con el Ministerio del Interior y hacer protestas en rutas.

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