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"Una vacuna, una persona": el plan para inmunizar a miles de ancianos y controlar efectos adversos graves

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El Ministerio de Salud Pública contabilza 1.177 establecimientos de larga estadía en todo el país. Foto: Estefanía Leal.

ENTRE EL TEMOR Y LA ESPERANZA

La población más frágil resiste tras 10 meses de encierro. Mientras los residenciales completan el censo para obtener la vacuna, una pregunta sobrevuela: ¿qué va a pasar con los hogares clandestinos?

Era el día de la mujer, el 8 de marzo. En una Pasiva de la Unión festejaban ancianos, trabajadores y familiares de los residentes del hogar Dos Hermanas. “Una noche espléndida”, dice Gladys de los Santos, la dueña del hogar. Una noche espléndida como todas las que se inventaban sin motivo, por el mero hecho de festejar, salir afuera, cruzar el portón del residencial. La fiesta es su ancla al mundo. Y esa celebración en La Pasiva fue el último destello de la realidad de afuera.

“Cuando pierda todas las partidas / Cuando duerma con la soledad / Cuando se me cierren las salidas / Y la noche no me deje en paz”, cantó el coro del residencial Dos Hermanas desde entonces. Entonaron esos versos durante todo 2020: “Resistiré” fue el lema del año. “¿Pero cómo vamos a resistir sin afecto?”, se preguntaba De los Santos cuando se restringieron las visitas de familiares y marzo parecía el fin del mundo por el COVID-19.

Ahora, 322 días después de aquel 13 de marzo, se empieza a vislumbrar un posible nuevo mundo con la llegada de la vacuna Pfizer. La población que vive en hogares de ancianos y sus funcionarios son el segundo grupo al que se le administrará esta vacuna, anunció el presidente Luis Lacalle Pou. Mientras el Ministerio de Salud Pública (MSP) ultima los detalles del plan, los residenciales se preparan, observan qué pasa en otros países y completan formularios que les pide el gobierno. Según datos del MSP, hay 1.177 residenciales identificados y se vacunará aproximadamente a 25.000 personas, entre funcionarios y residentes.

De los Santos dosifica la ilusión. En marzo pensaba, como todos, que en cuestión de meses todo volvería a ser normal. Pero ya en octubre empezó a advertir a los residentes que Navidad y Año Nuevo serían atípicos, para que no se hicieran falsas expectativas. “El 2021 va a ser igual que 2020 aunque estemos vacunados. La fecha de caducidad es 2022”, dice ahora.

Pero la prudencia no quita la esperanza, ya se sabe.

“Hay mucha expectativa”, dice Juan Sparkov, vocero de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (Aderama). “Y también hay mucha información, la buena y la mala. Pero es la vacuna habilitada, es la que nos está dando el ministerio y no existe la obligatoriedad. Esto hace que uno decida”.

La “información buena” es la de Israel, por ejemplo, el país que ya empezó a notar los efectos positivos de la vacunación. Dos días después de la segunda dosis de Pfizer, se observó una caída del 60% en las hospitalizaciones entre las personas vacunadas de más de 60 años. En cuanto a nuevas infecciones, la magnitud del descenso fue la misma.

La “información mala” es la de Noruega, donde 23 ancianos murieron tras recibir la primera dosis. Desde la Agencia Noruega de Medicamentos se explicó que reacciones comunes a las vacunas con ARNm, como fiebre y náuseas, pudieron haber contribuido a este desenlace en pacientes muy frágiles.

Sabino Montenegro, presidente de la asociación Integra Residenciales, elige mirar a Israel. “Los resultados son muy auspiciosos y en este mes que nos queda hasta antes de empezar a vacunar, vamos a tener mucha más información”, dice. No tiene temor y asegura que tanto los dueños de los residenciales como los residentes “lo han tomado muy bien”. “La mayoría se quiere vacunar. En los casos donde decide el familiar, también”, asegura.

Los viernes son de plástica en el residencial "Dos Hermanas" de la Unión. Su dueña se recocija en los coloridos dibujos que hacen los residentes. Foto: Gladys de los Santos.
Los viernes son de plástica en el residencial "Dos Hermanas" de la Unión. Su dueña se recocija en los coloridos dibujos de los residentes. Foto: Gladys de los Santos.

El plan.

Todas las vacunas van a tener nombre, apellido y cédula, comenta María Luján Giudici, subdirectora general de Salud Pública. “Una vacuna, una persona”, repite como un eslogan.

En estos días el ministerio está haciendo un censo en los 1.177 establecimientos registrados para saber con exactitud la cantidad de personas que hay en cada uno y cuántos de ellos aceptan vacunarse. De esa manera, se evitará que “sobren” vacunas en algún centro o que falten en otro. “Las vacunas tienen nombre y van a ser intransferibles. De esa manera eliminamos la posibilidad de que viajen a un establecimiento y se devuelvan. Queremos disminuir al máximo el margen de error que pueda existir”, comenta Giudici. Esto es por la estricta logística que requiere el traslado de la vacuna Pfizer, que debe conservarse a -70 grados.

La estrategia de vacunación se divide en dos partes: la comunicación y la capacitación del personal. “Todas las áreas del ministerio de Salud en esta comunicación intrínseca y fluida. Así, con puntos focales claros, armamos la segunda parte (del plan) que tiene que ver con la logística”, señala Giudici. 

Parte de la estrategia de comunicación consiste en un monitoreo constante y en tiempo real de los residenciales, a los que se ordenó cargar los datos del censo en una plataforma electrónica creada entre el MSP y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

Además, en el ministerio hay un correo electrónico y un teléfono exclusivos para atender a aquellos directores técnicos o dueños de hogares de ancianos que planteen dudas respecto a la vacuna. En reuniones informativas realizadas vía zoom entre el MSP y los directores técnicos —que se llevaron a cabo el jueves y viernes pasado— se plantearon algunas, comenta un médico que estuvo presente.

“¿Qué pasa si entre dosis y dosis el anciano contrae COVID-19?”. “¿Y si el familiar que debe prestar consentimiento vive fuera del país?”. “¿Qué pasa con los residenciales que no se creen un usuario y contraseña en la plataforma del MSP?”.

Las respuestas: en el primer caso, no se dará la segunda vacuna; en el segundo se prestará consentimiento de manera remota; y en el tercero, aquellos que no se registren de manera electrónica, “no tendrán vacunas”, comenta el médico.

Giudici insiste en que con esta dinámica de “una vacuna, una persona” se ha logrado “captar” residenciales que estaban fuera de ese sistema electrónico. Detectar los establecimientos es el primer paso en el arduo camino a la habilitación total de los mismos.

“Cuando hicimos (este plan) le dimos un respaldo reglamentario, que es la obligatoriedad del director técnico de cada residencial de completar el censo. Como policía sanitaria, tenemos que tener conocimiento de las personas institucionalizadas, por eso se le creó una normativa a este censo. Gracias a eso, nuevos residenciales han solicitado su usuario y contraseña para registrarse en la plataforma”, dice Giudici.

En cuanto al consentimiento informado hay dos escenarios: los adultos mayores lúcidos que tienen la facultad de decidir por sí mismos si quieren vacunarse, y los no lúcidos, que no tienen plena consciencia sobre su entorno ni sus decisiones. En estos casos, quienes decidan por ellos serán quienes tengan la curatela.

Después de los formularios, el registro, el censo, el consentimiento y el arribo de las vacunas llegará, al fin, el momento de la primera dosis. Para eso habrá 60 equipos del ministerio de 5 integrantes cada uno. Serán tres vacunadores, un administrativo y un chofer que recorrerán todos los centros que se hayan registrado.

¿Y los temidos efectos adversos?

“Si bien se presentan con menos expresión, se presentan”, dice la subdirectora. Para los casos graves se está “montando una estrategia de emergencia destinada únicamente a establecimientos de larga estadía”, señala. También se prevé que en los días posteriores a la primera dosis los prestadores de salud asignados a cada residencial pregunten “proactivamente” por los posibles efectos adversos.

¿Y los clandestinos? La pregunta circula entre las asociaciones, la Sociedad de Gerontología y Geriatría, los directores técnicos de los establecimientos y los médicos: ¿cómo se va a llegar a los hogares de ancianos que están fuera del radar del Estado?

En uno de los encuentros por zoom, un médico preguntó qué pasará con los establecimientos que no se registren. La respuesta de las autoridades, relata Sabino Montenegro, fue que “quedarán para otra etapa, no para esta”. El ministerio “no va a ir a tocarles timbre”.

La doctora Gianella Massera, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, hizo la misma pregunta en una de esas instancias por zoom: “¿Qué va a pasar con los residenciales que no tienen director técnico, con los residenciales pobres, los que no están registrados?”. Le respondieron que ya estaban todos avisados: “El ministerio se va a encargar de esos residenciales y se va a cumplir con la vacunación”, relata.

Sin embargo, Giudici admitió: “En esos casos (de residenciales clandestinos) apelamos a la población. A que denuncien, a que se tome conciencia. El ministerio está para acompañar, los vamos a ayudar con la habilitación, eso va a ir en mejoría de la calidad de vida que tienen. Apelamos a la población en aquellos lugares donde, por alguna causa, haya residenciales que no deseen ser visibles. Apelamos a que los ciudadanos y las oenegés hagan la denuncia”.

Al día de hoy, de los 1.177 residenciales en el radar del Estado solo hay 60 habilitados (ver recuadro). La cifra de establecimientos críticos, que en abril era de 109, bajó a 52. 15 de ellos están catalogados como prioritarios. Desde el MSP aseguran que se hace “seguimiento continuo” de los 52 residenciales.

La odisea de la habilitación: de los 1.177, 60 están en regla

Que estén registrados es una cosa. Que estén habilitados es otra. De ese universo de 1.177 establecimientos de larga estadía registrados en el MSP, solo hay 60 habilitados. Es decir, solo 60 obtuvieron primero la certificación de registro del MSP, después el certificado social del Mides y la habilitación final, además del visto bueno de Bomberos.

A principios de abril, cuando hubo brotes de COVID-19 en residenciales, el gobierno dio a conocer una cifra de residenciales habilitados que generó escándalo en la opinión pública y malestar en la oposición: de los más de mil residenciales, solo 41 contaban con la habilitación total. Julio Bango, exdirector del Sistema Nacional de Cuidados, afirmó que cuando se creó esa secretaría “había prácticamente 15 residenciales habilitados entre esos 1.000”, y que el Frente Amplio había entregado el gobierno con “300 hogares habilitados o en proceso de habilitación”.

Según cifras actualizadas a las que accedió El País, el MSP concedió 31 habilitaciones en 2020. Por otro lado, los hogares que están en proceso de habilitación son 491 en total. De esos, 132 comenzaron el proceso el año pasado.

El Mides, por su parte, emitió 74 certificaciones sociales de las 141 totales que se emitieron desde 2016, cuando empezó a regir la obligatoriedad de este certificado en el proceso. En cuanto a las fiscalizaciones que realiza el equipo de regulación del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), hubo 429 en 2020. En 2017 fueron 41; en 2018, 235 y en 2019, 348.

Los criterios por los que se guían los fiscalizadores para determinar si un establecimiento es “crítico” son: que no se cuente con un director técnico, que haya hacinamiento, que no haya reserva de alimentos, que hayan tenido denuncias de riesgo sanitario, que no haya capacidad de aislamiento ante un eventual caso de COVID-19 y que no cumplan con la normativa de calefacción.

Giudici puntualiza que si en algún centro se constata vulneración de derechos humanos, los residentes son realojados “automáticamente”. ¿Dónde? En residenciales registrados, pero no necesariamente con la habilitación final. “Por eso destacamos la importancia de la visibilidad”, insiste la jerarca.

Si en estos establecimientos críticos no se constata “riesgo inminente”, el MSP les hace un seguimiento de cerca, sin hacer un cierre cautelar. “Lo que estamos haciendo en medio de la pandemia, con las dificultades que significa la movilidad en esta instancia, es ir continuamente a estos lugares, ver qué necesidades tienen y ayudarlos”, dice Giudici. En estos casos de residenciales críticos pero sin “riesgo inminente” no se realoja a los pacientes.

Todo el tiempo que pasó.

Cocó tiene 98 años y vive en un residencial. Su nombre real es Velia, pero para todo el mundo es Cocó. Sabe palabra por palabra la letra de los tangos que bailaba cuando era joven. Si alguien los pone en la radio, ella los canta con precisión. Pero Cocó no retiene el nombre de sus bisnietos.

Tampoco entendió qué hacía el joven que la hisopó hace 15 días, pese a que segundos antes le habían explicado el procedimiento en detalle. “¡¿Qué hace este muchacho?!”, dijo Cocó y pateó al enfermero. Su hija, Beatriz Freire, lo cuenta entre risas. Lo más curioso, lo primero que destaca la hija, es el buen ánimo de su madre. La alegría constante y el canto. “Para ella todo está espléndido, siempre” (lo dice como si fuera una rareza, algo sin precedentes. Y en cierto sentido, lo es).

Las valijas de las vacaciones familiares estaban armadas el 15 de enero, pero se desplomaron el 16, cuando llegó el resultado de aquel hisopado, consecuencia de un brote en el residencial cuyo origen aún no se pudo identificar. “Pensamos que era muy difícil que ella superara esto, por el deterioro propio de la edad”, cuenta Freire. Pensaron que era el final.

Los días empezaron a pasar: uno con fiebre, algunos con un poco menos de oxígeno en sangre de lo normal. Ahora, mientras roza el alta médica, Cocó canta en su habitación y su familia va tachando con alivio las últimas horas del COVID en su cuerpo.

Aún así, Freire mira todo el tiempo que pasó desde marzo y se lamenta. “La ruptura de esa continuidad afectiva que necesitan para mantener su estabilidad es uno de los grandes precios que vamos a pagar. Es totalmente empírico, no tengo conocimientos médicos, pero uno ve el deterioro por la falta de contacto y se nota, aún cuando no cursan COVID”, reflexiona.

Gladys de los Santos, del residencial Dos Hermanas, cuenta que después de algunos meses de pandemia los residentes “se empezaron a caer”. No en lo anímico: se caían al suelo. “En julio y agosto empecé a notar que varios se paraban y se caían”, relata. “¿Cómo es posible?”, le preguntaban desde el ministerio con suspicacia. De los Santos no encontraba otra explicación que no fuera el encierro, la angustia, la falta de todos aquellos paseos que hacían tan seguido, así fuera a La Pasiva del barrio.

Con la tristeza a cuestas, De los Santos decidió suspender las visitas de familiares en conjunto con el médico del residencial cuando la primera ola golpeó al país. Y en ese tiempo que ocupaban los residentes con yoga, charlas por zoom, “clases de biblia y viernes de plástica”, se le sumaron más videollamadas con sus familias. Incluso festejaron un cumpleaños por zoom, con una torta de cada lado de la pantalla. “Horrible. Fue tan frío. Pero me tuve que acostumbrar”, cuenta.

Ella intuye lo mismo que Freire. Cree que la falta de contacto estrecho con los afectos impacta en lo profundo. Al mismo tiempo, se regocija en los dibujos que hacen los residentes los días de plástica. “No demuestran gran afección. Son dibujos coloridos”, cuenta.

Para Ítalo Savio, profesor titular de Geriatría, estas declinaciones no son un fenómeno achacable únicamente a la pandemia. “La institucionalización tiene efectos a nivel de la salud, sobre la autonomía de la persona, que son pasajeros. En muchos no ocurren y en otros son reversibles y abordables mediante estrategias”, apunta. En el marco de una pandemia, además de una afectación psicológica, puede haber declinaciones vinculadas a la disminución de actividad, dice el geriatra, “porque todo lo que no se usa se atrofia o se pierde”.

Savio insiste en la importancia de la visita de los familiares, que salvo en determinados contextos —si hay casos de COVID-19 o sospechosos—, no están prohibidas y pueden hacerse con todos los cuidados una vez por semana. A la vez, se sincera: “Los familiares no son de visitar. La menor proporción es la que visita con frecuencia”.

A casi un año de la pandemia, con la lupa sobre la población más frágil, con la cifras de muertos y sus edades... ¿qué cambió?

Para Sparkov, la exposición que trajo la pandemia hizo que se cambiara esa idea de que un hogar de ancianos es “un depósito de viejos, un moridero”. Montenegro concuerda: “Estamos hablando todos los días de esto. Las personas mayores estaban muy olvidadas y esto ayudó a que la sociedad empiece a tener conciencia”.

Para Massera nada cambió demasiado en estos meses. El cambio en la mirada hacia los mayores tiene que ser cultural, de raíz. “No somos como en Israel o Japón, donde la persona mayor es venerada, escuchada y aceptada en el núcleo familiar. Por eso está tan popularizada la internación en residenciales”, dice.

Como Savio, dice que las visitas ahora no distan tanto de lo que eran en la época prepandemia. “La población se olvida de que la persona sigue siendo esa misma persona, aunque esté arrugada. Y también se olvida que todos vamos a envejecer”, señala.

Buscando el por qué, la geriatra se acuerda de lo que dicen algunos psicólogos sobre el rechazo a la persona mayor. Que es, en definitiva, el rechazo a la muerte; es mirar a la muerte. “Y nadie se quiere mirar en el espejo”.

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