LO QUE SE VIENE

En la pantalla del celular de Nicolás C. hay tres números grandes en el centro de círculos de colores. Esos números son 26, 87 y 452. Es una app que se llama Cuenta Atrás: el 26 son la cantidad de días que faltan para que termine el primer mes de prisión domiciliaria parcial, 87 refiere a la cantidad de días para cumplir toda la pena en su hogar y 457 son las jornadas que faltan para que culmine todo.

Es uno de los condenados por la famosa Operación Océano, el caso de explotación sexual de menores más grande en la historia del país y el más mediático desde la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Él, que era el rey de la noche, lleva desde el viernes 13 una tobillera electrónica y dice que ahora, al menos, puede dormir. Nicolás sostiene que es inocente, y se comió “un garrón”, aunque firmó un papel reconociendo su culpabilidad.

Ya hay otros ocho imputados que acordaron con Fiscalía un juicio abreviado, hay 13 personas que fueron sobreseídas, cuatro casos que eran investigados serán archivados y hay 11 hombres que juran su inocencia y pretenden demostrarlo en un juicio oral y público, que posiblemente se realice a fines de año o recién en 2023.

La investigación que en mayo de 2020 conmocionó al país por el número de víctimas y por las tandas de hombres adultos que iban siendo imputados —entre los que había empresarios, políticos, docentes, profesionales y hasta un exjuez de menores— por la entonces fiscal del caso Darviña Viera hoy es, a juicio del fiscal de Corte subrogante Juan Gómez, un ejemplo de cómo se hacen “bien las cosas”. Gómez ha repetido en los últimos días las palabras “seriedad”, “responsabilidad” y también “humildad”. Abogados defensores como Ignacio Durán, en cambio, y no sin sorna, prefieren decir que el mentado océano terminó siendo “un charquito”.

El jueves 12, un día antes que expirara el plazo, la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, le presentó a la jueza María Noel Tonarelli una acusación fiscal de 79 páginas. Allí pidió entre tres y seis años de cárcel para 11 acusados en Operación Océano, un caso que tiene una veintena de víctimas y que contó con la declaración anticipada de siete de ellas.

En el documento, la fiscal señala que uno de los acusados realizó “prácticas sadomasoquistas” y “utilizó un látigo” contra una víctima. Otro de los imputados levantó en la calle a una adolescente internada en un hogar del INAU y mantuvo relaciones con ella durante una semana a cambio de un lugar para dormir y comer. Luego la dejó en una plaza. Tal como publicó El País el miércoles pasado, también existieron pagos de hasta 300 dólares por encuentros y promesas de paseos en barco, viajes en helicópteros y escapadas a Punta del Este. Una de las víctimas tenía 13 años.

Tras la investigación, que demandó un año, más su prórroga de un segundo año, ahora el caso se aproxima a una etapa intermedia, donde la defensa tendrá 30 días para contestar la acusación fiscal. Diez días después, una audiencia de control de acusación analizará las pruebas presentadas. Una resolución judicial autorizará unas y otras no, y luego sí, con las pruebas admitidas, se desarrollará el juicio oral y público, explicó el abogado Juan Raúl Williman, defensor de 10 víctimas.

Ahora bien, 17 personas (16 hombres y una mujer) quedaron “limpios”, tal la sumatoria de 13 sobreseimientos y cuatro casos de personas que no habían sido formalizadas, y cuyos casos fueron archivados. De ahí la imagen del “charquito” de Durán, quien cree que fue más un “circo mediático” con linchamientos que otra cosa.

El fiscal de Corte Gómez no lo ve así: “Una causa con tantas personas involucradas iba a necesitar el auxilio del tiempo para su progreso. El análisis que hago es la responsabilidad de la Fiscalía General de hacer las cosas correctamente, con humildad y responsabilidad. Cuando asumí dije que esperaba que se hicieran las cosas correctas, y se llegara a un juicio oral y público, al que se va a llegar, y en el medio hubo algunos (juicios) abreviados”.

El proceso abreviado —previsto en el nuevo CPP, vigente desde noviembre de 2017— implica que los acusados asuman su culpabilidad a cambio de una pena que puede ser hasta un tercio más baja que la que obtendrían si fueran condenados en un juicio oral. Eso, en el papel, porque algunos imputados que firmaron el abreviado se siguen diciendo inocentes.

El exfiscal de Corte, Jorge Díaz, se pronunció la semana pasada en Twitter: “En el proceso abreviado el imputado acepta los hechos que se le imputan (se declara culpable) y el juez o jueza lo condena como autor penalmente responsable de ese delito. Lo demás es viru viru”. En la misma red social le salió el cruce Durán: “¿Usted sabe la cantidad de personas que hay en el módulo 8 de preventiva del Comcar aceptando acuerdos abreviados (renunciando a su más sagrada convicción de inocencia) pidiendo a gritos que lo firmemos ya ‘solo para salir de este infierno’? Para usted es viru viru. ¡Qué tupé!”.

Su defendido, el productor de eventos Nicolás C., explica en el living de su casa, donde cumple prisión domiciliara parcial, por qué firmó un acuerdo aceptando su culpabilidad. “Yo lo evalúo como años de vida perdidos y de (falta de) garantías para llegar a un juicio. Está en la prensa todo lo que ha pasado con esta causa. Hubo gravísimos errores donde la Justicia le dio ‘siga, siga’ a la otra parte: apareció un segundo celular y los abogados no tenían conocimiento, cambiaron los contenidos de los chats, no se tomaron en cuenta algunas entrevistas a testigos que no se incorporaron al registro, entre otras”, enumera.

La sucesión de “errores” en el registro de los documentos en la carpeta administrativa implicó que en varias oportunidades distintos defensores solicitaran la nulidad de la causa. Sin embargo, en cuanto a los contenidos de uno de los celulares de la víctima principal que no fueron incorporados, una investigación del Ministerio del Interior comprobó que había sido una omisión de unos funcionarios de la Unidad de Delitos Informáticos, que luego fueron retirados del cargo.

“Por cómo está el sistema judicial y estas fiscales, no tengo garantías. En un país serio a esta causa la habrían declarado nula”, insiste Nicolás C., quien sostiene que nunca hubo intercambio de entradas a boliches a cambio de sexo.

Durán habla de “horrores procesales” atribuibles a Darviña Viera, la fiscal que inició esta megacausa en mayo de 2020. “Horrores que, de no haber sido advertidos por varias defensas, hubiésemos ido a la declaración anticipada de la víctima sin contar con los chats contenidos en un celular. Yo prefiero seguir creyendo que fue la vorágine de la causa y lo enorme que le quedó a la fiscalía de Viera, y no a su mala fe. Pero no es admisible que los tribunales le permitan subsanar y subsanar como lo hicieron. Si yo cometo un error de ese tipo con mi cliente, hoy él estaría en una cárcel y nadie me permitiría subsanar nada. Debió haberse declarado nula toda esa actuación”, sostiene en su estudio jurídico.

Su colega Alejandro Balbi, quien junto a su hermano Carlos y Víctor Della Valle representaron a cinco de los imputados, coincide con Durán en que a Darviña Viera “la tapó la ola” y la llegada de Mariana Alfaro fue bienvenida. “Hubo un volantazo, un cambio de timón por parte del fiscal de Corte al incorporar a Alfaro y a Adriana Sampayo, la directora de la Unidad de Litigación”, dice Balbi. “Viéndolo en perspectiva, favoreció a todos”, agrega Balbi. Durán y su socio Eduardo Sasson también coinciden con la buena valoración del trabajo de Alfaro en “dar orden y prolijidad” a la investigación. Igual, ninguno de los abogados defensores cree mucho el motivo médico que esgrimió Viera para su salida del caso, y lo ven más como una penitencia.

“Ella afirmó que estaba estresada, desbordada, por la carga y la complejidad humana del caso”, dice Juan Gómez a El País. “Hubo hasta destratos en la propia audiencia, por la pasión que ponen algunos en audiencia. Eso pudo haber llevado a un desborde que fue certificado por un médico, y por eso se le concedió la licencia correspondiente”, explica. Y amplía: “Eso nos llevó a adoptar una postura y ahí llegó Alfaro. La Fiscalía no necesita de nada raro, irregular, mucho menos ilícito para defender sus posturas. ¿Cuál fue la decisión? Si hay alguna omisión, si hubo algún error imputable a la fiscal Viera, se nombró a un equipo profesional, capacitado, que subsanó todo lo que pudo haber sido una omisión en la registración en el sistema”. Viera, en tanto, anunció que pronto se jubilará.

No sólo Nicolás C. firmó un juicio abreviado reconociendo la autoría del delito que se le imputa —retribución o promesa de retribución a menores para que realicen actos sexuales— mientras asegura que él es inocente, y que fue timado en su buena fe. José Luis P. (no es su verdadero nombre) piensa lo mismo, y sus testimonios parecen calcados.

“Yo firmé para terminar esto de una vez. Intentaban ingresarme cosas que no se ajustaban a la realidad, pero ante el planteo de un fiscal, el juez siempre se va a inclinar para el lado de la víctima, aunque la víctima esté mintiendo. Ante esa indefensión y que no me dejaron ingresar pruebas que demostraban mi inocencia, porque supuestamente ‘revictimizaban’ a la víctima, decidí firmar”, dice por teléfono, mientras cumple condena en su hogar, en el interior del país.

José Luis no hace distinción entre Viera y Alfaro, para él ambas representan a una corporación que crucifica al supuesto victimario de entrada. “La Justicia no es ecuánime. En materia de violencia de género, el hombre siempre es culpable, aunque sea inocente, y la mujer no miente”, dice el empresario, quien conoció a la principal víctima en un sitio de escorts VIP para adultos.

“Vos cuando entrás a una página web para adultos, ¿con quién te querés contactar? Con adultas, de 18 para arriba. Si la chica te dice que tiene 19, ves las fotos y aparenta 19 o más, después vas a un hotel y ahí en la entrada debe presentar una cédula para pasar a la habitación, la muestra y la dejan pasar. ¿Tengo que pedirle el certificado de nacimiento también?”, se pregunta.

En una investigación publicada en esta sección a fines de mayo de 2020 se comprobó que, salvo una de esas páginas, el resto no solicitaba ningún tipo de documentación que demuestre la mayoría de edad de quienes ofrecen allí sus servicios.

Para Balbi, también, la Ley de Violencia Basada en Género torció la balanza a favor de las víctimas. “No tengo dudas, no tengo dudas. Hay que cambiarla. Entiendo que la ley de género viene a remediar todo un mundo machista, masculino, de toda la historia, pero no se puede remediar solo con una ley. Eso termina llevando a injusticias”, sostiene en su estudio de Plaza Independencia. “Parece que la mujer no miente. No, ¡miente el hombre y miente la mujer! Acá hay que determinar si eso que dice cada uno está reforzado por otro tipo de pruebas. Pareciera que la ley de género le da un plus a la mujer en relaciones de pareja, hay una presunción de que ella dice la verdad. Hay casos notorios que demuestran que no es así”.

Williman, docente del Consultorio Jurídico de Facultad de Derecho de la Udelar, discrepa: cree que la Fiscalía no “corre con el caballo del comisario” ante un magistrado. “Me ha tocado estar de los dos lados, defendiendo imputados y defendiendo víctimas, y en principio nadie tiene asegurado ganar o perder el juicio. Para eso hay que litigar. Creo que Fiscalía va convencida de que tiene razón y podrá demostrarlo y los abogados que van a juicio van convencidos de su posición. Nadie puede decir que el juicio está ganado o perdido en Uruguay, no con nuestro sistema judicial”.

El fiscal de Corte se exaspera al explicar algo que le resulta de perogrullo: “(La Ley de Género) es una ley dictada por el Parlamento. Uno pretende la aplicación de las leyes, estamos en democracia, en un estado de derecho y los fiscales pretenden la aplicación de las leyes. El Poder Judicial juzga y hace actuar a los juzgados. Es ley, otra cosa no le puedo decir”, comenta Gómez. Pero igual dice otra cosa: “Si protege más a las mujeres por algo será. Será un análisis de la historia y de la situación que el género femenino ha tenido en esta sociedad. No se olvide que es una ley reciente, de 2018”. Otros abogados, en cambio, repiten como un mantra: “Justicia con perspectiva de género no es justicia”.

Alicia Deus, abogada de la principal víctima de Operación Océano, disiente profundamente con aquellos que creen que la Ley de Género le quita garantías al proceso. “Se han cumplido todas las etapas legales que establecen las leyes vigentes, el Código Penal y la Constitución. Creo que no se han vulnerado ni violentado ninguna de las garantías para los imputados. Han recurrido e impugnado absolutamente todas las resoluciones que han podido recurrir. Hasta pedido de nulidad, varios. Todos han sido rechazados, el Tribunal Superior les ha rechazado todos los recursos. Quizás entienden que todo el sistema está flechado por el feminismo”, ironiza.

Además, señala Deus, la mayoría de los delitos impuestos en esta causa son regidos por la ley 17.815 (que refiere a la retribución o promesa de retribución a menores para que realicen actos sexuales). Es una ley de 2004, que precede a la Ley de Violencia Basada en Género.

Candela G. —tal como este cronista la llamó en el libro Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano (2020)— comenzó a tener relaciones con adultos cuando tenía 16 años. Primero lo hizo con el imputado Manuel N., quien le presentó un dealer y la inició en el consumo de cocaína. En películas y en series como la italiana Baby, ella y su mejor amiga Amanda (tampoco es su nombre real) veían cómo otras adolescentes se divertían, viajaban, andaban en yate, iban a boliches y consumían drogas si aceptaban estar con hombres adultos, mayores que ellas y de buen pasar.

Y así empezaron a buscar sugar daddies, algunos más celosos de saber si lidiaban con menores de edad que otros, más despreocupados, y que incluso las pasaban a buscar a la salida del colegio. “No me faltaba nada. Yo nunca pasé ninguna necesidad”, dijo Candela para el citado libro. “¿Por qué lo hacía? Por agarrar plata fácil”, dijo en octubre de 2021 en el bar Tasande de Ciudad Vieja.

La principal víctima de la Operación Océano —la que tuvieron en común los 32 imputados iniciales— en su adolescencia sufrió bullying, fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, tomó antidepresivos y ansiolíticos, asistió a psicólogos y psiquiatras, y recientemente estuvo internada en clínicas de rehabilitación a las drogas. En su corta vida ya tuvo cuatro intentos de autoeliminación. Y vale recordar que el cuerpo de su mejor amiga, Amanda, apareció en las aguas del arroyo Solís Chico en marzo de 2020. De su cuello colgaba una cadenita que decía “The ocean is my friend” (El océano es mi amigo), de ahí el nombre de la operación.

En el gran abanico de víctimas hay distintos perfiles, desde adolescentes que eran retiradas de la puerta del liceo hasta una menor ingresada en el INAU. Según los expertos, siempre está de fondo una gran vulnerabilidad.

Alicia Deus, abogada de la principal víctima, dice lo que cualquiera se puede imaginar: que este caso le cambió la vida, en todo sentido: “Cuando ella empezó no se sentía víctima. Hoy se reconoce como víctima y reconoce todo el daño que estas personas le causaron. Las víctimas empiezan de a poco: les dan un regalo, después cocaína o cristales, o la invitan a un boliche o a un viaje, y así van cayendo, porque son adolescentes además”.

Para Deus la doble vulnerabilidad está muy lejos de una cuestión económica: se da por ser mujer y menor de edad.

En abril Candela ofreció una extensa declaración anticipada al juicio, en la que no quiso aceptar repreguntas específicas formuladas por la defensa de los imputados y fiscalía, decisión muy cuestionada por los abogados. Con esa declaración se buscaba no revictimizarla. Pero Candela ya había hablado, por lo menos, seis veces ante las fiscales de quinto turno.

Otra de las víctimas del caso habló con El País el 17 de mayo y dijo que estaba “harta” de ser víctima de un caso tan sonado. Sufrió estrés postraumático debido a los abusos y dijo que el proceso judicial profundizó su dolor, dado que tuvo que acudir 10 veces a Fiscalía a hablar con distintos técnicos. “Fui a repetir lo mismo que me había pasado a diferentes personas, personas que me miraban de diferente manera y reaccionaban de diferentes formas a las cosas que yo decía”, añadió.

No sólo Candela pensó en matarse. Nicolás C., uno de los imputados que firmó el juicio abreviado, también lo pensó. Con los ojos rojos y la voz cortada, dice que si le daban seis años de prisión, como pretendía la fiscal, era una decisión tomada.

Williman, en tanto, asegura que las víctimas que representa recién podrán “dar vuelta la página” cuando todo este extenso juicio de proporciones impensadas llegue a su fin. Pero todavía faltan muchos meses para eso.