LOS PORMENORES DEL AJUSTE

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El aumento de las tarifas era inminente: lo habían anunciado las nuevas autoridades cuando ni siquiera habían asumido. El entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, y la entonces ministra de Economía designada, Azucena Arbeleche, hablaron hasta el cansancio en diciembre de que el Frente Amplio estaba haciendo política al no ajustar los precios. Y eso, después del 1° de marzo, iba a terminar pasando factura.

La noticia llegó esta semana, pocos días después de que entrara la nueva administración. El flamante director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, envió una nota a todas las empresas públicas en la que les solicitaba información a los directorios. Buscaba datos firmes y actualizados, más allá de los que se brindaron durante la transición, que justificaran el porcentaje de incremento más adecuado.

Pero el pedido no se cumplió. O se cumplió, pero no cabalmente. El único ente que entregó lo solicitado fue Ancap, dirigido por Marta Jara, quien desoyó un mandato frenteamplista y le remitió la información a la OPP. ¿Por qué lo hizo? Teorías hay varias; desde que la ingeniera es independiente y siguió criterios técnicos y no políticos, hasta que quería asegurarse un lugar en la nueva administración.

Lo cierto es, según dijeron fuentes del organismo a El País, que no había necesidad de ajustar las tarifas en Ancap. El desplome del precio del petróleo —que entonces ni siquiera había sufrido los efectos del “lunes negro”— sumado a los buenos resultados de la empresa pública, llevaron a que los combustibles estuvieran en condiciones de aguantar un poco más. Porque en Uruguay, el país con la nafta más cara de América Latina, todavía queda margen para no ajustar esa tarifa.

Los demás organismos estaban en otra situación. Sin embargo, los directores de la ahora oposición resolvieron encolumnarse detrás de un mandato del Frente Amplio que indicaba que el nuevo gobierno debía hacerse cargo del aumento. Esto implicaba que no se remitiría ningún tipo de información extra a la OPP. Con lo que les habían dado durante la transición, decían, ya era suficiente.

El problema fue que los datos eran de diciembre. En verdad eran de octubre, e incluían una proyección de noviembre y diciembre. Alfie dijo esta semana en conferencia de prensa: “En todos los casos —Ancap, UTE, OSE y Antel—, la proyección enviada por las empresas daba muy deficitaria”.

De hecho, en las empresas se sabía que las tarifas debían ajustarse. Fuentes políticas de los tres organismos que incrementaron sus precios en los últimos días contaron a El País que todas las gerencias habían analizado la situación antes de fin de año. En todos los casos estaba claro que había que adecuar los costos, porque el abultado déficit fiscal no aguantaría más. Los estudios se hicieron de forma “extraoficial” e implicaban aumentos de entre 9% y 10% tanto en UTE, como en OSE y en Antel.

Pero estos análisis no escalaron. Quedaron en las gerencias, llegaron a las bandejas de entrada de algunos de los directores y murieron ahí. El entonces gobierno electo insistía con que había que aumentar las tarifas y la administración del presidente Tabaré Vázquez resolvió mantener los precios. Casi tres meses después, al anunciar los ajustes que regirán a partir de abril, Alfie habló sobre el estado de situación: “La proyección que habían mandado las empresas era de US$ 500 millones (unos $ 20.000 millones) de déficit de caja para este año. En este contexto, claramente, no hay posibilidades, ninguna, de no adecuar los precios de venta”, dijo.

La pregunta, entonces, es cuál es el estado de cada una de estas empresas. En OSE, por ejemplo, una de las gerencias había estimado, en diciembre, que el ajuste debía ser del 9,2% el mes siguiente. Así se cubrirían los costos operativos y se lograría absorber la inflación, que entonces ya estaba por fuera del 7% del rango meta estipulado por el Banco Central del Uruguay (BCU). A pesar de estos cálculos, el gobierno de ese momento resolvió no adecuar los precios.

En Antel la situación era muy similar. De hecho, era aún peor. La gerencia proyectó los costos para el 2020 y entendió que el servicio se debía incrementar en un 10,7%. La principal preocupación de los jerarcas era que se pudieran solventar los incrementos en el índice de los precios al consumo (IPC), que se toleraran los aumentos salariales del primero de enero y que se lograra hacerle frente a la devaluación, que ni siquiera se imaginaba como terminó siendo. En este caso tampoco se hicieron cambios en diciembre.

Y en UTE hay dos versiones. El País informó ayer que un decreto del actual gobierno, que terminó siendo despublicado de la web de Presidencia, aseguraba que la “proyección financiera” que el ente remitió a la OPP en octubre establecía que, si no se ajustaban los precios, la empresa tendría un resultado financiero negativo de $ 7.781 millones en 2020, que equivalen a US$ 175 millones.

Sin embargo, el presidente del organismo, Gonzalo Casaravilla, escribió en su cuenta de Facebook que, sin aumentar los costos y manteniendo el resultado de caja, el aporte del organismo a Rentas Generales sería de US$ 280 millones. De hecho, el ingeniero calculó que, aplicándole el aumento de 10,5% que se terminó decretando para UTE, la entrega a las arcas del Estado va a ser de US$ 390 millones.

La diferencia en los números responde a que las empresas tienen dos resultados: uno contable, que surge de los balances, que no se vincula con el resultado de caja y es el que midió Alfie a la hora de ver los ajustes. El segundo responde a los ingresos menos los gastos e inversiones, por lo que depende del proceso anual de cobros y pagos. En el largo plazo, si el flujo de caja es positivo, los balances también deberían serlo.

A pesar de estos números, que muestran desde el año pasado un necesario aumento, la entonces oposición liderada por Lacalle Pou aseguraba que no aumentaría las tarifas si llegaba a la Presidencia. Recién empezaron a hablar del tema a partir de noviembre, cuando resultó electo y empezó a interiorizarse con las cifras.

Alfie remitió la nota el lunes 2. Les pedía a los presidentes de todas las empresas públicas que le enviaran información para resolver de cuánto sería el ajuste tarifario. El plazo máximo estipulado era el miércoles 4 a las 16 horas, por lo que tenían poco más de dos días para revisar los balances y contestar.

Entonces se desató una guerra política a la interna de los entes públicos. Los directorios actuales están integrados desde el período pasado, por lo que la mayoría de sus integrantes son miembros del anterior oficialismo. En otras palabras, se trata de jerarcas que responden a los intereses del Frente Amplio.

Por eso decidieron acatar el mandato de no ampliar la información que había sido entregada en la transición. En los tres casos —salvo en Ancap, el único que sí remitió los datos solicitados—, los directores de la anterior oposición votaron solos y no lograron que los resultados llegaran a manos de Alfie.

La situación fue similar en todas las empresas. Los directorios analizaron la nota enviada por el actual director de la OPP y entendieron que no había nada más para aportar. Pero la información no solo estaba incompleta —no incluía, por ejemplo, proyecciones de venta para 2020— sino que también estaba desactualizada.

Fuentes de la OPP dijeron a El País que, en conjunto con el Ministerio de Economía, ya habían hecho una primera aproximación en función de los documentos que les habían sido entregados en la transición. Sin embargo, todavía les quedaba un margen de error entre un 0,5% y 1% que debían despejar, por lo que los nuevos datos eran claves para que el ajuste fuera lo más justo posible.

Por eso Alfie se contactó el jueves 5 con los directores de la anterior oposición de los tres entes. Entonces ya sabía que los demás jerarcas no habían accedido a enviar la información, por lo que les pedía que hicieran su “mayor esfuerzo” para obtener los números que faltaban. Esto determinó también que el anuncio del aumento se postergara unos días, ya que el contador estaba a la espera de qué resultados arrojaba este último intento.

En algunos organismos, como en Antel, el director de la oposición, Gustavo Delgado, tenía acceso a información privilegiada. Los datos que no le habían otorgado a Alfie estaban en su computadora, por lo que se los entregó enseguida. Según supo El País, el presidente del ente, Andrés Tolosa, también estaba de acuerdo con enviar las cifras, aunque decidió acatar el mandato político que había llegado días atrás.

En UTE, el director de la oposición, José Amy, no corría con la misma suerte. Las proyecciones realizadas por la gerencia no estaban en su poder, por lo que no estaba en condiciones de aportarle más información a la OPP. En este caso, el ajuste del 10,5% terminó haciéndose en función de los datos que habían sido entregados durante la transición. Consultado al respecto, Amy prefirió no hacer declaraciones.

Y en OSE, todos los demás integrantes del directorio —salvo el miembro de la oposición, Vilibaldo Rodríguez— tenían acceso a los datos, pero ninguno accedió a entregárselos a Alfie. Los asesores del jerarca se los pidieron durante dos días a la gerencia general del organismo, pero la respuesta que obtuvieron fue que “la mano estaba complicada”. Había una orden de que esa información no se podía filtrar.

La proyección de la OPP en este caso tenía un margen de error del 0,5%. Y para revertirla había que ver los números fieles, por lo que un funcionario del organismo se animó a buscarlos en la red interna del ente. Los anotó en un papel y se los entregó en mano a otro trabajador, quien se lo llevó en persona a Alfie. Las dudas oficiales terminaron despejándose de forma extraoficial.

Una vez que la información estuvo en manos del gobierno, los cálculos fueron más fáciles. Las fuentes explican que era “muy importante” acceder a los números fidedignos, porque un aumento en las tarifas públicas implica “un esfuerzo de los consumidores” —como reconoció Alfie en conferencia de prensa cuando informó el ajuste— sin importar cuáles sean sus ingresos.